El Senado de la República inició el debate en el pleno del Plan B de Reforma Electoral que envió la presidenta Claudia Sheinbaum. Se necesita una mayoría calificada para aprobar las reformas constitucionales, por lo que Morena necesita ‘amarrar’ los votos de partidos aliados (PT y PVEM), mientras que la oposición anunció votos en contra.
Al fijar postura, Alberto Anaya, del Partido del Trabajo (PT), dijo que apoyarán a la presidenta Claudia Sheinbaum y al movimiento que encabeza. Añadió que acompañaría en lo general la iniciativa, pero que se separarán del cambio propuesto al artículo 35 de la Constitución. Este apartado es relativo a la posibilidad de llevar la revocación de mandato al tercer o cuarto año de gobierno de la Presidencia de la República, así como a que su titular pueda hacer campaña.
El PAN, en voz de Agustín Dorantes, presentó una moción suspensiva, al argumentar que es una reforma inoportuna y riesgosa. Destacó que la población necesitaba más medicamentos, mejor educación y atender el problema de inseguridad, no una reforma electoral de este tipo. Recriminó que la reforma electoral no atiende las necesidades de la población y que solo se propone en beneficio del Gobierno. Consideró que esta reforma solo traería más concentración de poder y pidió que la jefa de Estado piense en las próximas generaciones y no solo en las próximas elecciones.
Movimiento Ciudadano (MC), en voz de Clemente Castañeda, sostuvo que es una reforma que proviene del poder y que buscaba concentrarlo aún más. El partido decidió votar en contra del Plan B porque consideró que no ayudará a mejorar la calidad de vida de los mexicanos. Señaló que busca hacer constitucional la inequidad. Añadió que desnaturaliza la revocación de mandato y que es un despropósito incluir a la presidenta en las elecciones de 2027.
10 puntos que propone el Plan B de Reforma Electoral de Sheinbaum
La iniciativa enviada al Senado por la presidenta Claudia Sheinbaum, referida como “Plan B”, propone los siguientes 10 puntos clave enfocados en reducir privilegios y fortalecer la revocación de mandato:
1. Ampliación de los plazos para la revocación de mandato: El proceso se busca flexibilizar para que pueda solicitarse durante los tres meses posteriores al segundo o tercer año de gobierno, y la votación se realizara el primer domingo de junio del tercer o cuarto año de ejercicio.
2. Campaña de promoción para la persona gobernante: Se establece explícitamente que la persona sujeta al proceso de revocación de mandato tendrá el derecho de difundir el proceso y promover el voto a su favor.
3. Reducción del periodo de veda electoral: La suspensión de propaganda gubernamental en los medios de comunicación se limita a 60 días previos a la jornada de revocación de mandato, en lugar de abarcar todo el proceso.
4. Restricción de recursos en procesos de revocación: Quedó estrictamente prohibido utilizar recursos públicos para recolectar firmas, así como el uso de tiempos oficiales o la contratación de propaganda para promoción y difusión con fines relacionados con este proceso.
5. Reducción y paridad en los ayuntamientos: Los cabildos deberán integrarse por una presidencia municipal, una sola sindicatura y un máximo de 15 regidurías, además de respetar los principios de paridad de género vertical y horizontal.
6. Freno al nepotismo a nivel local: Se prohibió postularse para una presidencia municipal, sindicatura, regiduría o diputación local a cualquier persona que, en los últimos tres años, haya tenido un vínculo de matrimonio, concubinato o parentesco (hasta el cuarto grado colateral o segundo de afinidad) con quien ejerza la titularidad del cargo.
7. Prohibición de reelección para legisladores locales: Las constituciones de los estados tendrán la obligación de establecer la prohibición de reelección para las diputaciones locales en el periodo inmediato posterior.
8. Tope presupuestario a los congresos estatales: Se fija un límite para que el presupuesto anual de las legislaturas locales en ningún caso exceda el 0.7% del presupuesto de egresos de su respectiva entidad federativa.
9. Tope salarial y fin de seguros privados en órganos electorales: Las remuneraciones de consejeros, magistrados y funcionarios del INE, así como de los tribunales y órganos electorales locales, no podrán superar el límite constitucional establecido en el artículo 127. Además, se les impide contratar con recursos públicos seguros de gastos médicos, de vida, pensiones privadas o cajas de ahorro especiales.
10. Recorte sostenido al presupuesto del Senado: Se busca la obligación de ajustar el presupuesto anual del Senado de la República de manera progresiva durante cuatro años, con el objetivo de lograr una reducción acumulada de 15% en términos reales respecto al presupuesto aprobado para 2026.