La construcción de una planta de fertilizantes en la bahía de Topolobampo, Sinaloa, afectará la producción pesquera, impactará al medio ambiente y pondrá en riesgo a pobladores, advierte el exdiputado Gerardo de la Peña.
El proyecto de construcción de una planta productora de fertilizantes en Topolobampo, Sinaloa, desataría un daño ecológico que resultaría en la “muerte para la bahía”, denunció el exdiputado federal, Gerardo Peña.
En entrevista en Aristegui en Vivo, Peña Avilés sostuvo que la planta se planea establecer en el estero de la Bahía de Ohuira, una zona federal protegida declarada como patrimonio nacional, en donde habitan más de 90 especies marinas y que recibe al 80 por ciento de las aves migratorias que pasan por México.
El proyecto pertenece a la empresa Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), filial de la empresa suizo-alemana, Proman. Sus planes contemplan dar inicio a la construcción de su fábrica en octubre de este año, en miras de producir 800 mil toneladas anuales, en una primera fase.
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Aunque reconoce los beneficios que la fabricación de fertilizantes podría traer a Sinaloa, una entidad predominantemente agrícola, el exlegislador asegura que el problema es que GPO decidió construir la planta en una zona que se encuentra bajo un proceso de saneamiento natural por los altos niveles de contaminantes generados por plantas de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
“El daño ecológico que se haría en la operación de ese proyecto sería la muerte para la bahía”, sentenció.
También acusa que para obtener los permisos ambientales, la empresa falsificó escrituras, lo que le permitió invadir el predio protegido, en contubernio con autoridades municipales y del Estado.
Por ese motivo, particulares afectados interpusieron un amparo en 2015 por incumplimiento de las condicionantes establecidas por Semarnat, el cual sobreseyó por falta de seguimiento.
Sin embargo, Gerardo Peña advirtió que existen tres amparos vigentes, uno por irregularidades en los registros ambientales, y dos por la falta de consulta a comunidades indígenas locales.
“Vienen más amparos y, finalmente, va a ser imposible que solventen la ilegalidad que tienen estas personas”, advirtió.
Durante la entrevista destacó el riesgo al que estarían expuestos los miembros de la comunidad, pues en su manifestación de impacto ambiental establecen un rango de contingencia de 15 kilómetros, así como una parte secundaria adicional de 35 kilómetros.
“Todas las comunidades que estamos a 50 kilómetros de esa ubicación del proyecto corremos riesgo, y la mayoría son campos pesqueros, con 4 mil familias que viven directamente de esa bahía”.
