Cuando Pablo Iglesias se sentó ante el juez del caso Villarejo, en marzo de 2019, citado como perjudicado de la trama de espionaje, el magistrado Manuel García-Castellón le preguntó directamente al líder de Podemos si conocía el motivo de su comparecencia. “¿No sé si sabe la historia?. A Dina Bousselham, [antigua asistente del líder de Podemos en Bruselas], le robaron su móvil y la información que tenía ha aparecido en el registro de la casa de Villarejo”, relató escuetamente el juez de la Audiencia Nacional, resumiendo un caso que entonces estaba bajo secreto de sumario, que comenzaba a dar sus primeros pasos y que ahora, más de un año después, se ha convertido en una intrincada madeja que enreda al actual vicepresidente segundo del Gobierno. Y que la derecha trata de aprovechar para arremeter contra él.
Capítulo 1: Apertura de la investigación
El 19 de marzo de 2019, la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional envía un informe al juez de la bautizada como Operación Tándem, donde se investigan los oscuros tejemanejes y negocios del comisario jubilado José Manuel Villarejo, en prisión provisional desde noviembre de 2017. Los agentes explican que han encontrado en el domicilio del sospechoso “una importante cantidad de documentos” de Bousselham que parecen “provenir de una extracción de datos” de su móvil, cuyo robo había denunciado el 1 de noviembre de 2015. Entre el contenido hallado hay “datos personales, bancarios, fotografías de carácter íntimo, además de comunicaciones a través de correo electrónico o aplicaciones (WhatsApp y Telegram), archivos de audio, etcétera”.
Según insisten los policías, parte de esta información —cinco documentos estratégicos de Podemos y un chat privado donde Iglesias hacía un comentario ofensivo sobre una presentadora de televisión— acaba difundido por varios medios de comunicación, como Okdiario. Hay “coincidencias exactas” entre lo publicado y lo encontrado, subraya Asuntos Internos, que añade extractos de la agenda manuscrita de Villarejo donde refleja citas con varios periodistas por aquellas fechas.
Ante tales indicios, el juez decide abrir una nueva línea de investigación el mismo día 19, que se conocerá como caso Dina. Quiere averiguar si el comisario cometió un delito de revelación de secretos al filtrar esa información a los medios o, incluso, si se encuentra detrás de una supuesta operación para robar el móvil.
Capítulo 2: Las primeras declaraciones
García-Castellón opta primero por tomar declaración como víctimas a Bousselham e Iglesias. Es en los últimos días de marzo de 2019 y apenas falta un mes para las elecciones generales. Entre una gran expectación mediática, el líder de Podemos llega a la Audiencia Nacional. Y junto a Bousselham, ambos detallan que la sustracción del teléfono se produjo en 2015, cuando la asistenta y su pareja se encontraban de compras en un centro comercial de la Comunidad de Madrid.
Pero el relato no acaba ahí y el dirigente político ofrece más detalles al instructor: “El 20 de enero de 2016 tuve acceso a una información que me sobrecogió”, dice. Según cuenta, ese día le telefonea el presidente del Grupo Z y editor de la extinta revista Interviú, Antonio Asensio, para decirle que quiere quedar con él para mostrarle algo.
Horas después, Iglesias acude al despacho de Asensio, donde le muestran una tarjeta con el material robado a Bousselham: “Lo examiné allí mismo en una computadora”. “Me la entregó y, algunos meses después, entregué la tarjeta a Dina”, apostilla. Según su versión, la guardó hasta julio de 2016, cuando supo que ese contenido lo tenía más gente al empezar a publicarlo Okdiario. “Eran momentos políticamente muy sensibles para nosotros”, insiste al juez. Y vincula de inmediato el robo con la conocida como policía patriótica, el grupo de agentes creado en el Ministerio del Interior durante la etapa de Jorge Fernández Díaz.
Este colectivo de agentes, que actuó contra enemigos políticos del PP, ya había maniobrado contra Podemos. A ellos se les atribuye el informe PISA (acrónimo de Pablo Iglesias S. A.), un falso documento policial —rechazado por la justicia— donde se afirmaba que el Gobierno de Irán había financiado al partido y que también había acabado publicado en varios medios de comunicación. Además, en abril de 2016, un presunto integrante de la policía patriótica viajó hasta Nueva York, sin aval del juez y la Fiscalía, para reunirse con un exministro chavista a fin de pedirle datos contra la formación de izquierdas a cambio de protección en España, según consta en una grabación.
“Es muy improbable que un delincuente común sustraiga un móvil y su contenido acabe en la mesa de un propietario de un medio. Yo deduzco que el robo es un encargo profesional”, reflexiona Iglesias ante García-Castellón. Y el magistrado responde: “Efectivamente, en el procedimiento que aquí se sigue, respecto del señor Villarejo, aparecen indicaciones del Ministerio del Interior muy serias”. Anticorrupción, de hecho, sospechaba que el espionaje a Podemos podía ser un encargo del Gobierno del PP, después de que la policía localizase referencias al informe PISA en casa de Villarejo, al que interrogaron sobre si recibió instrucciones de altos cargos de Interior.
Capítulo 3: Caso estancado
El juez cita a los responsables de Interviú para saber cómo consiguieron la tarjeta. Alberto Pozas, exdirector de la revista, dice que les llegó en un sobre anónimo y que fueron ellos los que le dieron una copia a Villarejo. La Policía concluye que los archivos hallados al comisario jubilado se crearon en abril y julio de 2016. Es decir, después de que Iglesias recuperara su dispositivo. Los hilos de los que tirar se agotan.
Capítulo 4: Reactivación
El pasado mayo, el caso da un giro. El juez cita de nuevo a Bousselham, que se contradice. Por primera vez, reconoce que hizo capturas de pantalla de los chats publicados en los medios y que, incluso, los reenvió. Este dato resulta fundamental porque el juez considera que las vías por las que pudieron llegar a los periodistas se multiplican. Las pesquisas “no han permitido concluir que la fuente de Okdiario fuese Villarejo”, dice. Bousselham, además, afirma que no pudo acceder a la tarjeta cuando se la dio Iglesias al estar dañada. Aunque el juez no duda del robo, recela de esa afirmación y decide centrar su atención ahora en qué pasó con el dispositivo que recuperó Iglesias a través de Interviú.
Capítulo 5: Un nuevo camino.
Pese a la oposición de la Fiscalía —que cree que no hay materia para actuar contra Iglesias—, el juez emprende el nuevo camino en el que está ahora. Retira al vicepresidente la condición de víctima y encarga más informes a la policía. Considera “apremiante” saber qué ocurrió con esa tarjeta. Y también le reprocha al actual vicepresidente del Gobierno que se la “ocultase” durante meses a su colaboradora tras recuperarla. Según Podemos, lo hizo porque Asensio le dijo que era la única copia y, por tanto, dio por zanjado el tema.
En esta línea, García-Castellón ha puesto en marcha una serie de nuevas pesquisas para tratar de averiguar si en algún momento se ha cometido un delito de daño informático y otro de apoderamiento de datos reservados de carácter personal —aunque, eso sí, nunca se los atribuye explícitamente a Iglesias, que tiene la condición de aforado ante el Tribunal Supremo—. De esta forma, como en la declaración de Bousselham de mayo donde se contradijo llegó a afirmar que, tras dañarse la tarjeta, la envió a una compañía del Reino Unido para intentar recuperar su contenido; el juez dictó hace unos días una orden internacional de investigación para interrogar a sus empleados y tratar de dilucidar en qué estado llegó el dispositivo a esa empresa. Pero aún no se conocen los resultados de estos trámites.
Capítulo 6: La oposición pasa al ataque
Pese a ello, la oposición ya ha visto el flanco por el que atacar, al que se suma un segundo cambio de versión de Bousselham, que ha enviado otro escrito al juez donde dice que Iglesias sí le dio la tarjeta en buenas condiciones y que debió romperse después. “Le han retirado la condición de víctima porque no había cloacas del Estado”, le espetó el pasado miércoles a Iglesias el portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal. La oposición pone en duda así que existiese persecución policial contra Podemos y le acusa incluso de utilizar el caso como estrategia electoral.
En sus campañas de 2019, la formación de izquierda y su líder mantuvieron el dedo acusador sobre las “cloacas del Estado” y sobre las maniobras de la policía patriótica contra Podemos. Mientras Iglesias insistía en que habían buscado socavar su credibilidad tras sus primeros éxitos electorales en 2015 y 2016, la apertura de una pieza separada sobre el robo del teléfono móvil de Bousselham mantuvo vivo el asunto. El actual vicepresidente se aferró a su condición de supuesta víctima de espionaje, como constaba en la causa, para presentarse como savia nueva ante un bipartidismo que permitía actuaciones como esta. “Las cloacas del Estado no han afectado solo a un Gobierno. Para hacer limpieza del todo, hace falta que entre gente sin mochilas”, dijo el líder de Podemos tres semanas antes de la cita con las urnas del 28-A.
Capítulo 7: Sospechas y el papel de la Fiscalía
La Unidad de Asuntos Internos de la Policía envió un nuevo informe al juez el pasado febrero con un listado de más de 100 personas sobre los que sospecha que la trama del comisario jubilado supuestamente obtuvo información confidencial a través de bases de datos de acceso restringido a los policías, como números de teléfono, matrículas de coche o DNI. Entre ellos, se encuentran la exasesora de Iglesias y su pareja. “Dina era un objetivo para Villarejo y la información de su móvil se utilizó para perjudicar a Pablo Iglesias y a Podemos. Y ante estas evidencias, cualquiera que esté siguiendo las últimas acciones dentro del procedimiento puede pensar que estamos en el mundo al revés”, asegura Podemos.
El giro que ha dado el caso ha colocado, desde luego, todas las miradas en el vicepresidente. En su entorno aseguran que no está preocupado por una hipotética imputación que consideran imposible. Pero en la formación sí hay hartazgo ante lo que ven como una estrategia para emborronar la causa y presentar a Iglesias como culpable. Al vicepresidente le preocupa más el “ruido” que se ha generado a su alrededor y que ya ha encontrado eco en el Congreso a través de la oposición. Tanto el PP como Ciudadanos llevaron el caso Dina al hemiciclo el pasado miércoles durante la sesión de control al Ejecutivo.
“¿Cuándo va a dar explicaciones Iglesias sobre las supuestas filtraciones de la Fiscalía a su entorno?”, arremetió el viernes de nuevo Teodoro García Egea, secretario general de los populares, después de que algunos medios de comunicación acusasen al ministerio público de facilitar datos a una abogada de Podemos. La Fiscalía General del Estado ha anunciado que ha abierto una investigación por ello, aunque ha añadido también que hace apenas tres meses ya cerró otra en el mismo sentido tras descartar presuntos vínculos entre el fiscal y la letrada.
Source link