Torres de alta tensión eléctrica en Terrassa.CRISTÓBAL CASTRO
Los socios de Gobierno negocian estos días contra reloj el paquete de medidas incluido en el plan de respuesta a las consecuencias del conflicto en Ucrania. En un contexto de subida generalizada de los precios de la energía, el Ministerio de Derechos Sociales, que dirige la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, plantea la creación de un cheque de 300 euros destinado a pagar los suministros energéticos generados en los hogares, es decir, electricidad, calefacción o agua caliente. El detalle de la iniciativa, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, limita esta prestación a aquellas familias cuya renta conjunta no supere los 70.000 euros brutos anuales.
Aunque en buena parte será el Consejo Europeo que se celebra este jueves en Bruselas el que determine la estrategia en el seno de la UE, el Ejecutivo de coalición lleva desde la semana pasada negociando en paralelo las propuestas de PSOE y Unidas Podemos. El grupo que lidera la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha trasladado a los socialistas un documento político que recoge diferentes medidas y que no se ha hecho público íntegramente, pero en el que reclama la congelación del precio de los alquileres, tal y como han hecho saber sus dirigentes. En las reuniones, donde participan los secretarios de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, y Empleo, Joaquín Pérez Rey, además del jefe de Gabinete de la vicepresidencia segunda, Josep Vendrell, se trabajan también otras medidas que van en la línea de reducir la factura de luz y gas y los beneficios de las eléctricas.
El cheque energético propuesto por Podemos tiene como finalidad “aliviar los efectos” que sobre las rentas de las familias provoca el alza de precios de luz y gas derivado de la escalada bélica en el Este de Europa con el fin de “garantizar” así su suministro. Según especifica el desarrollo de la medida, la gestión y el pago de las ayudas corresponderá a las comunidades y ciudades autónomas (Ceuta y Melilla), que serán las encargadas de comprobar el cumplimiento de los requisitos por parte de los solicitantes para ser beneficiarios y también de abonar la prestación, que se realizará en un pago único.
Una vez sufragada la ayuda, las mismas administraciones deberán remitir trimestralmente un informe al órgano competente de la Administración General del Estado. Según detalla el documento, el cheque es compatible con otras modalidades de ayuda concedidas para la misma finalidad que procedan de cualquier administración o entes públicos o privados.
La iniciativa para el cheque energético a las familias fue adelantada por Ione Belarra hace más de diez días en un acto de partido. Inicialmente, la formación lo planteaba como una ayuda de carácter universal, con un coste estimado de 5.700 millones de euros. Desde el Ministerio de Derechos Sociales se ha hecho llegar al resto del Gobierno una serie de propuestas destinadas a desplegar un nuevo “escudo social y verde” que incluye la ampliación del bono social —con un aumento de beneficiarios y la regulación del llamado principio de precaución para frenar los cortes a personas en situación de vulnerabilidad—, la prórroga del decreto antidesahucios y la simplificación de los requisitos para acceder al ingreso mínimo vital, así como un incremento de la cuantía de la prestación (en un 18% en el caso de una persona sola), los umbrales de renta de acceso y la rebaja de la edad mínima para percibirlo de 23 a 20 años.
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