Las personas que se encuentran en prisión preventiva podrán votar en los comicios, ya que al contar con presunción de inocencia conservan sus derechos electorales, según lo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Este jueves, fue difundido el acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los “Lineamientos para la Conformación de la Lista Nominal de Electores de personas que se encuentran en prisión preventiva para el Proceso Electoral Federal 2020-2021“.
Estos lineamientos tienen como objeto garantizar el derecho a votar bajo el principio de presunción de inocencia de las personas en prisión preventiva y con una perspectiva de género e interculturalidad.
El INE implementará una primera etapa de prueba para garantizar el voto activo de los presos no sentenciados. Y, de manera paulatina y progresiva, implementará un programa, antes del 2024, a fin de garantizarles su derecho a votar.
El mencionado programa será desarrollado por la autoridad electoral federal en plenitud de atribuciones, con la finalidad de que en el año 2024 puedan ejercer su derecho al voto activo, señala el documento publicado hoy.
Este acuerdo es resultado de una petición hecha tres años atrás por personas privadas de su libertad, quienes solicitaron ejercer sus derechos desde la reclusión.
En junio de 2018, señala el DOF, dos personas recluidas en el Centro Estatal de Reinserción Social El Amate, en Cintalapa, Chiapas, aún sin sentencia condenatoria, solicitaron ante la Sala Superior del TEPJF esta facultad para las personas que se encuentran recluidas sin haber sido sentenciadas.
El 20 de febrero de 2019, la Sala Superior del TEPJF concluyó que las personas en dicha condición tienen derecho a votar, porque se encuentran amparadas bajo la presunción de inocencia.
El órgano jurisdiccional ordenó al INE implementar una primera etapa de prueba para garantizar el voto activo de las y los presos no sentenciados, por lo que se llevó a cabo una prueba piloto, cuyo informe se presentó el 27 de agosto de 2020 ante la Comisión de Organización Electoral.
Este año, el 3 de febrero, fue aprobado por el Consejo General el modelo de operación y, el 17, la Comisión Nacional de Vigilancia recomendó aprobar los lineamientos.
El 22 de febrero, la Comisión del Registro Federal de Electores aprobó someter a consideración de este órgano el Proyecto de Acuerdo del Consejo General por el que se aprobaron los lineamientos.
Derechos constitucionales
La Constitución establece como derecho de toda persona imputada el que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa.
Asimismo, mandata que son derechos ciudadanos, entre otros, votar en las elecciones populares y poder ser votados para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley.
Los tratados y organismos internacionales también defienden la presunción de inocencia y el derecho a votar y ser elegidos.
Tradicionalmente, al preso se le niega el derecho a sufragio sin bases legales, simplemente debido a su encarcelación. La encarcelación en sí misma difícilmente demanda negar el voto, explica el documento. Se aconseja, por lo tanto, que el personal asista a los presos en el ejercicio de su derecho a voto.
En ese sentido, es preciso señalar que, toda vez que la Sala Superior del TEPJF determinó que las personas en prisión preventiva tienen derecho a votar, corresponde al INE como autoridad electoral nacional maximizar y potencializar el derecho a quienes no han sido sentenciados, con la finalidad de garantizar la emisión del sufragio, por lo que está obligado a implementar las medidas y mecanismos con procedimientos que permitan su realización.
De acuerdo con la publicación, el INE deberá realizar una prueba piloto para la votación de las personas en esa situación jurídica en la elección de Diputaciones federales en 2021, en centros de reclusión femenil y varonil, con perspectiva de género e interculturalidad, por lo que deberá establecer las bases para ello, por lo que se publican en el DOF los lineamientos para llevarlo a cabo.
Las autoridades de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana proporcionarán al INE una base de datos de las personas privadas de su libertad en los CEFERESO, y que se encuentren en prisión preventiva, pero no se considerarán actividades de empadronamiento y credencialización. Por lo que su voto corresponderá al distrito electoral federal de su registro en el Padrón Electoral.
Del 15 al 19 de marzo, personal electoral, junto con las autoridades de la SSPC y de los CEFERESO, entregará los formatos de registro a quienes deseen participar en el ejercicio del voto.
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