La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) pagaron 344 millones de pesos en 2020 por sistemas de intercepción telefónica y análisis a gran escala de metadatos a una empresa recién creada, propiedad del exabogado de Emilio Lozoya Austin.
Así lo dio a conocer la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) en un reporte en el que señala que el 19 de marzo de 2020, la SSC a cargo de Omar García Harfuch adjudicó de forma directa un contrato por 259 millones 979 mil pesos a la empresa Pixkitec.
La compañía, constituida en junio de 2019 en la Ciudad de México, tiene como socio y apoderado legal a José María Funtanet Alarcón, quien fue abogado de Emilio Lozoya y fue aprehendido en julio del año pasado bajo acusaciones de corrupción, lavado de dinero y tráfico de influencias.
La relación entre Lozoya y Funtanet quedó establecida a partir de una carta enviada en 2017 por el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) a Santiago Nieto Castillo, quien entonces estaba a cargo de la Fiscalía para Delitos Electorales (Fepade). En la misiva Lozoya pide a Nieto que le informe de las investigaciones en su contra y nombra a Funtanet como uno de sus asesores jurídicos.
En la empresa Pixkitec aparece como secretario Andrés Vázquez del Mercado y como tesorero a Diego Casas Farías.
En el reportaje firmado por Alejandra Barriguete, la organización asegura que dos meses después de que la SSC adjudicara el contrato a esta empresa, la FGJCDMX realizó una adjudicación directa a la misma, en este caso mediante un contrato por 84 millones 482 mil pesos.
El contrato celebrado con la SSC tuvo como objeto la adquisición de una licencia de software para análisis a gran escala de metadatos. “Nueve meses después de firmado, la SSC reservó por tres años la información relativa a este y otros contratos similares amparada en la ‘Ley que Regula el Uso de Tecnología para la Seguridad Pública del Distrito Federal’”, señala MCCI.
El contrato con la Fiscalía consistió en la adquisición de un sistema de radiolocalización proveniente de Israel y Chipre, con capacidad para “extraer las identidades celulares de prácticamente todos los dispositivos celulares en el área de operación del sistema”.
Además de poder ubicar la localización de los objetivos, es capaz de interceptar llamadas de voz o mensajes de texto, duplicar cuentas del objetivo mediante una contraseña enviada vía SMS y bloquear o desactivar dispositivos.
Igualmente, permite “seleccionar un número ilimitado de dispositivos móviles utilizando información del IMEI (que es el código único que identifica a cada teléfono a nivel mundial) y posibilita también clonar tarjetas SIM de los teléfonos”.
De acuerdo con MCCI, en el contrato se estipula que la empresa debe “guardar indefinidamente absoluta confidencialidad que se derive de la adquisición de tres sistemas de radiolocalización” y que el proveedor debía hacer una “transferencia de conocimientos” a través de la Jefatura General de la Policía de Investigación.
Aunque en la página web de Pixkitec se asegura que no pueden dar a conocer la identidad de sus clientes por motivos de confidencialidad, sí se especifica que “a la fecha, se tienen en operación sistemas y plataformas en diferentes instituciones en México, así como diversas dependencias gubernamentales”.
De acuerdo con el contrato, a la que la MCCI tuvo acceso, Pixkitec aparece como distribuidor de la compañía Systemtech Sistemas Tecnológicos SA de CV, misma que se dedica a ofrecer productos y servicios de infraestructura en seguridad y que ha obtenido contratos gubernamentales por la venta de uniformes para personal de seguridad.
El brazalete geolocalizador que le fue colocado a Joaquín Guzmán Loera ‘El Chapo’, antes de que escapara el penal del Altiplano, estuvo a cargo de esta empresa.
José María Funtanet dijo a la periodista que no podía dar detalles sobre los contratos debido al acuerdo de confidencialidad firmado con las autoridades.
Por su parte, la Fiscalía señaló que la compra a Pixkitec se realizó con total apego a la Ley y a las normas vigentes, ya que de acuerdo con la Ley de Adquisiciones de la capital, se pueden realizar adjudicaciones directas en materia de “armamento, vehículos, equipo, bienes o servicios de seguridad relacionado directamente con la seguridad pública, procuración de justicia y readaptación social”.
También señaló que Pixkitec ofreció el mejor precio disponible en el mercado y que el equipo adquirido “es utilizado para tareas de investigación llevadas a cabo por el agente del Ministerio Público, de acuerdo a sus facultades constitucionales, está normada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública”.
La SSC también fue consultada mediante su departamento de Comunicación Social, pero no proporcionó una respuesta antes de la publicación del reportaje.
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