La política migratoria mexicana se ha militarizado, lo que representa un riesgo para los derechos humanos y es la externalización del control fronterizo de Estados Unidos en territorios extranjeros, denunció la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD) en su informe presentado este lunes.
De acuerdo con el documento, esto se debe a que la Guardia Nacional interviene en la ejecución de las políticas migratorias; las Fuerzas Armadas han asumido el control migratorio, incluyendo el incremento del despliegue de elementos castrenses en cruces fronterizos; y militares y exmilitares han comenzado a ocupar puestos clave del Instituto Nacional de Migración (INM), lo que puede implicar un cambio en las políticas de las instituciones.
La FJEDD reportó que la Guardia Nacional ha aumentado su presencia 102% desde agosto de 2019, pasando de 56 mil 191 elementos a 113 mil 833en 2022
Asimismo, contabilizó que de 32 delegaciones estatales del INM, 19 estaban, hasta finales de 2021, “bajo el cargo de personal con formación especializada en tareas militares, labores penitenciarias y seguridad pública”.
Además, para enero de 2022, el gobierno mexicano había desplegado 28 mil 397 elementos para la ejecución del Plan de Migración y Desarrollo en la Frontera Norte y Sur, de los cuales 13 mil 663 eran del ejército y 13 mil 828, es decir 48.7%, de la Guardia Nacional.
El informe Bajo la Bota se basa en 100 entrevistas realizadas a personas migrantes en México, funcionarios del INM, elementos activos de la Guardia Nacional, funciona- rios consulares de países de Centroamérica acreditados en México, funcionarios de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) y directivas de albergues de Tijuana, Ciudad Juárez y Tapachula.
Asimismo, se sistematizaron 144 respuestas a solicitudes de información pública realizadas a través de la Plataforma Nacional de Transparencia.
Con ello, encontró que elementos militares se encuentran distribuidos en carreteras y caminos delas rutas migratorias. Igualmente contabilizó que en tres años el actual gobierno ha detenido a más migrantes que los dos gobiernos anteriores: desde junio de 2019 a febrero de 2022se han detenido 763 mil 639 migrantes, mientras que en todo el gobierno de Enrique Peña Nietofueron 823 mil 95y en el de Felipe Calderón 509 mil 402.
Alicia Moncada, investigadora del FJEDD, reportó durante conferencia de prensa un uso excesivo de la fuerza, particularmente por la Guardia Nacional la cual “incumplió sus obligaciones”, especialmente en caravanas migrantes.
Según el informe, de las 400 quejas presentadas en la CNDH contra la Guardia Nacional, esta solo reconoce un caso de uso excesivo de la fuerza y no ha entregado informes de 263 eventos reportados.
Moncada también denunció que la Guardia Nacional realiza detenciones arbitrarias basadas en perfiles raciales (en el fenotipo) y se llevan a cabo traslados colectivos a las fronteras sin evaluaciones previas, lo que constituye violaciones al debido proceso de solicitud de asilo y leyes internacionales.
De acuerdo con el informe, de 100 personas entrevistadas, 32 fueron detenidas por perfiles raciales. Moncada reiteró que esto contribuye a las narrativas xenofóbicas y la discriminación.
El pasado 18 de mayo, la Primera Sala de laSuprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó el proyecto de sentencia del Amparo en Revisión 275/2019 sobre los artículos 97 y 98 de la Ley de Migración, que establece que las revisiones migratorias fuera de los lugares destinados al tránsito internacional son contrarias a los derechos de libre circulación y tránsito dentro del territorio nacional, así como a los de igualdad y no discriminación.
Dichos artículos permiten a las autoridades revisiones en el territorio nacional, solicitar documentos de identificación y situación migratoria, así como para presentar y alojar a personas extranjeras en estaciones migratorias.
Por último, Moncada señaló que el control migratorio de las Fuerzas Armadas e instituciones de perfil militar, con el fin de impedir el flujo migratorio a Estados Unidos, representa la externalización del control fronterizo del país americano.
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