El abogado constitucionalista consideró que el decreto que permite que las Fuerzas Armadas participen en tareas de seguridad deja al Estado mexicano en el punto de partida en el que se encontraba en 2006, cuando se inició la militarización.
La publicación del decreto por medio del cual se ordena que las Fuerzas Armadas asuman tareas de seguridad pública de manera complementaria a la Guardia Nacional, hasta 2024, es el reconocimiento de que la política pública del gobierno federal no está dando resultado, señaló Miguel Carbonell, directivo del Centro de Estudios Jurídicos Carbonell.
“El decreto es el reconocimiento de que el proyecto de la política pública en materia de seguridad del gobierno federal no está dando buen resultado.Es la demostración de que los índices delictivos siguen intolerablemente altos, que hay una preocupación por parte del Presidente, que la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana no ha podido asumir a cabalidad las tareas que tiene y en este contexto, está apelando al último resorte que tiene el Estado mexicano, al bastión más fuerte que son las fuerzas armadas”, afirmó en entrevista para Aristegui en Vivo.
No obstante, consideró que el país va en la ruta equivocada en materia de seguridad pública debido a la experiencia de militarización que inició en 2006 con el sexenio de Felipe Calderón y continuó en 2012 durante la Administración de Enrique Peña Nieto.
“Ya había un claro diagnóstico de que la seguridad no podía ser el uso de esta institucionalidad militar, sino que había que fortalecer policías, había que trabajar a nivel municipal por ejemplo, las policías municipales están en un estado de abandono. Hoy lo que tenemos es que, tantos años después, en una ruta que debió haber sido de aprendizaje y de reforzamiento institucional, volvemos a estar en el punto de partida. El acuerdo de ayer prácticamente nos pone en el escenario del año 2006, es preocupante”, expresó.
El abogado constitucionalista explicó que la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública estaba prevista desde el 29 de marzo de 2019, a través del artículo quinto transitorio de la reforma a la constitución por medio de la cual se creó la Guardia Nacional.
Si bien se registraron expresiones de sorpresa respecto a la publicación del decreto por medio del cual el Presidente Andrés Manuel López Obrador ordena que las Fuerzas Armadas asuman tareas de seguridad pública hasta el 27 de marzo de 2024, destacó que va en concordancia con la reforma constitucional de 2019.
“El acuerdo publicado ayer en el Diario Oficial de la Federación va en la lógica de ese transitorio. Ese transitorio estaba pensando en la lógica para un contexto donde la Guardia Nacional fuera progresivamente desarrollando sus capacidades institucionales. Se dice que máximo en 5 años el Ejército y la Marina estarán asumiendo estas tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”, apuntó.
Carbonell recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, mediante la sentencia del “Caso Alvarado” sobre desaparición forzada y ocurrido en 2009, en Chihuahua; fijó los alcances de la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.
“La Corte Interamericana es la que fija los requisitos, las modalidades de participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública entonces, todo esto de que la actuación sea extraordinaria, regulada, complementaria, fiscalizada, viene de esa sentencia que desde luego, el gobierno federal actual tiene que acatar por supuesto. Tenemos un marco de actuación delimitado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos hay quien piensa que se requería una ley del Congreso de la Unión y no un simple acuerdo del Presidente de la República”, concluyó.