Cuando Erika Hilton decidió postularse para un cargo político en la ciudad más grande de Sudamérica en 2020, no tenía idea de que recibiría más votos que cualquier otra candidata para ganar un escaño en un concejo municipal en Brasil ese año.
Desde entonces, los rumores que rodean a la mujer transgénero de 29 años no han hecho más que crecer. Hilton ha visto un gran apoyo de artistas y políticos de izquierda, y ha aparecido en portadas de revistas en Brasil.
En octubre fue reconocida como una de las personas afrodescendientes más influyentes, un premio respaldado por las Naciones Unidas que reconoce los logros de los africanos y su diáspora.
Hilton dijo a Reuters que ahora aspira a postularse para un cargo federal en las elecciones de octubre de Brasil para el Partido Socialismo y Libertad, de izquierda.
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De ser elegida, sería la primera miembro transgénero del Congreso de Brasil, el país más mortal para las personas trans del mundo, según Transgender Europe (TGEU), una red de organizaciones sin fines de lucro que defienden los derechos de las personas trans a nivel mundial.
Los asesinatos y suicidios entre las personas transgénero en Brasil han aumentado en los últimos años, mientras que el presidente de extrema derecha, Jair Bolsonaro, ha atacado lo que llama “ideología de género” entre quienes presionan por más protecciones para las personas transgénero.
En entrevista, Hilton dijo:
“Brasilia necesita ser sacudida con una agenda de derechos humanos, de temas LGBTQIA (lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, queer, intersexuales, asexuales), para estos cuerpos y estas voces”.
Desde su escaño en el concejo municipal, Hilton ha propuesto beneficios fiscales para las empresas que contraten a más personas trans. También ha presionado para ampliar el alcance del Programa de Ciudadanía Trans de la ciudad, cuyo objetivo es ayudar a las personas transgénero vulnerables.
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Si bien Hilton es pionera en Brasil, no está sola en América Latina, donde una nueva generación de políticos trans está trabajando para combatir la violencia y los prejuicios contra las personas transgénero.
En Chile, la legisladora transgénero Emilia Schneider, de 25 años, ganó un escaño en la legislatura federal en noviembre después de años de activismo.
Schneider dijo que la ola izquierdista que llevó al presidente electo de Chile, Gabriel Boric, también inspiró la redacción de una nueva constitución con un mayor enfoque en los derechos humanos y la defensa de la población trans.
“Tengo mucha esperanza y confianza en que este gobierno y por cierto, la nueva constitución va a significar un nuevo horizonte de derecho y reconocimiento para el pueblo de Chile y también para la diversidad sexual”.
Agregó que, hasta ahora, la comunidad ha logrado conquistar espacios institucionales, en el Congreso, en el gabinete (del presidente electo), y eso es una transformación profunda, va a cambiar la cultura de la sociedad.
Señaló que el gabinete designado por Boric incluye al ministro de Educación, abiertamente gay, Mario Antonio Ávila, y a la ministra de Deportes, lesbiana, Alexandra Benado.
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En toda América Latina, el progreso político para impulsar los derechos de las personas trans ha sido dispar.
Al menos 189 personas transgénero fueron asesinadas el año pasado en la región, más que en ninguna otra, según TGEU, que advirtió que el número real puede ser mayor debido a la falta de informes.
En México, el segundo país más mortífero del mundo para las personas transgénero, María Clemente García Moreno, una legisladora federal de 36 años del partido gobernante Morena, dijo que le cuesta explicar los desafíos que enfrentan las personas trans en el Congreso, incluso a aquellos que entienden y respetan su propia identidad trans.
“Esta responsabilidad de traducir las necesidades de la población trans para poder afianzarla en el marco político para proteger nuestros derechos, es compleja”.
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En Venezuela, la lucha por los derechos de las personas trans a menudo queda relegada a un segundo plano ante cuestiones políticas, sociales y económicas más amplias, dijo Tamara Adrian, abogada transgénero, investigadora y legisladora federal elegida en 2015.
Los estudiantes, por ejemplo, a menudo se ven obligados a ocultar sus identidades en transición, dijo.
De lo contrario, “tienen que abandonar la escuela o no aparecer o mostrarse como una persona trans en lugares como universidades”, dijo.
Para Hilton, quien también dirige el comité que investiga los delitos trans en Sao Paulo, la violencia física es solo la punta del iceberg, y agrega que los derechos trans deben ser parte de la política social.
“Lo que nos roban es exactamente el derecho a ser reconocidas como seres humanos. Y cuando somos reconocidas, debemos tener todos los derechos humanos”, dijo.
Reuters
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