Polonia declara inconstitucional el aborto por malformación fetal

Las terrazas del centro de Varsovia se llenan de gente a última hora de la tarde y las mascarillas, que hace un par de meses eran de uso obligatorio, hoy parecen reservadas a una minoría. Ni siquiera los candidatos que compiten por la presidencia el próximo domingo —el mandatario ultraconservador Andrzej Duda y el liberal Rafal Trzaskowski— las exhiben en sus giras. Las manos se estrechan y el miedo, si es que alguna vez lo hubo, se ha desvanecido. La pandemia de covid-19 semeja ahora un mal sueño, pero más allá de la aparente normalidad, algunas de las medidas que impuso —con un proceso electoral en marcha que fue aplazado— dejan huella en la ya comprometida democracia polaca.

Tras la primera treintena de casos, el Gobierno de Ley y Justicia (PiS) ordenó en marzo la suspensión inmediata de la docencia presencial, confinó a la población y cerró fronteras. La actuación rápida se demostró útil para contener el virus, cuya expansión en Polonia (36.000 infectados y 1.530 muertos) ha sido menor que en otras zonas de Europa (unos 28.400 fallecidos en España, más de 44.000 en el Reino Unido), pero se llevó por delante algunos derechos.

Según un estudio hecho público el mes pasado, solo el 38% de los ciudadanos polacos y el 36% de los húngaros (cuyo país gobierna el ultraderechista Fidesz) creen que sus Estados son democráticos. El Índice de Percepción de la Democracia (elaborado por Dalia Research), que recoge entrevistas en 53 países entre abril y junio, revela que el 59% de los encuestados en Polonia opina que no hay suficiente democracia, el porcentaje más alto dentro del grupo de países considerados libres.

“La democracia en Polonia ya no estaba en buena forma antes de la pandemia”, señala Aleksander Smolar, analista político de la Fundación Stefan Batory. “Todo comenzó cuando Ley y Justicia ganó las elecciones generales de 2015, el mismo año en que Duda [apoyado por el PiS] había sido elegido presidente. Desde entonces hemos tenido una limitación de las libertades, una transformación de las instituciones que incluye la práctica eliminación del Tribunal Constitucional”, expone en referencia a la reforma del sistema judicial, denunciada en Bruselas por quebrantar la separación de poderes. Para el analista, el caso más grave durante la covid fue el intento de celebrar las presidenciales el pasado 10 de mayo, sin que hubiese sido posible llevar a cabo una campaña electoral regular. Las restricciones forzaron la cancelación de reuniones y actos masivos. “El único candidato presente en el espacio público era el actual presidente. Pero la resistencia fue muy fuerte, incluso en el entorno de Kaczynski [ex primer ministro y presidente del PiS]”, añade Smolar. En abril, el partido aprobó en el Congreso una reforma de la ley electoral para celebrar las elecciones solo por correo y dentro de un paquete de medidas para luchar contra la covid, desposeyó a la Comisión Electoral Nacional de competencias para organizar las presidenciales, que pasaron a manos de la empresa estatal de correos. Las dudas legales de la maniobra llamaron la atención de la comunidad internacional, que pidió el aplazamiento de las votaciones.

“Las reglas de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) sobre elecciones justas y democráticas sugieren que la ley electoral no debe ser modificada menos de seis meses antes de las siguientes elecciones. Nuestro Gobierno hizo exactamente eso a uno de los comicios, poniendo en peligro el Estado de derecho”, afirma Bartosz Arlukowicz, eurodiputado polaco y exministro de Sanidad del opositor Plataforma Cívica, uno de los partidos que integran el Partido Popular Europeo. La propia Eurocámara, que financia este reportaje, criticaba en una resolución de abril la deriva autoritaria de Varsovia. “Las medidas adoptadas por el Ejecutivo polaco (…) para celebrar elecciones en medio de una pandemia pueden poner en peligro la vida de los ciudadanos y socavar el concepto de elecciones libres, equitativas, directas y secretas, como se garantiza en la Constitución polaca”, recogía el texto. A cuatro días de la fecha prevista para los comicios, Kaczynski, sin más cargo público que el de diputado, anunció la decisión de retrasar las elecciones.

“Durante la pandemia el Gobierno aprobó en el Parlamento cuatro paquetes de medidas contra la crisis destinados a la recuperación económica y empresarial. Desafortunadamente, entre los cambios también se introdujeron leyes que nada tenían que ver con la pandemia”, apunta Arlukowicz. “Desde esta perspectiva, el sistema de controles y equilibrios en Polonia se ha hecho más débil, porque el Congreso dio luz verde a la nueva legislación sin tiempo para un escrutinio serio”, añade.

El pasado 23 de junio, cinco días antes de la primera vuelta, el presidente Duda firmó la última batería de medidas. Entre otras reformas, denuncia en un comunicado la Federación Internacional de Planificación Familiar en Europa, se incluía un endurecimiento del castigo por practicar o asistir un aborto. “El código penal no se modifica, pero esta ley señala que los jueces deben aplicar la prisión como pena principal”, puntualiza Marta Lempart, activista y una de las integrantes del movimiento Huelga Nacional de Mujeres en Polonia. Se trata del último capítulo en la lucha por los derechos reproductivos de las mujeres durante la epidemia, pero no el único. En abril, cuando las manifestaciones estaban prohibidas, el Congreso debatió sendos proyectos presentados por asociaciones provida para perseguir la educación sexual en las escuelas y restringir el acceso al aborto en caso de malformación fetal, uno de los tres supuestos permitidos en Polonia.

Con escaso margen de maniobra, las mujeres polacas se movilizaron. “Formamos colas afuera de las tiendas guardando la distancia social, colocamos carteles, hicimos sonar los cláxones de los coches de manera sincronizada, protestamos en Internet… Y logramos parar los dos proyectos”, relata Lempart, quien enfrenta más de 40 juicios por cuestiones como usar el megáfono en espacios públicos. “No soy solo yo, más de 200 personas hemos sido perseguidas e incluso arrestadas”, afirma. Para ella, las libertades individuales han sido restringidas durante la pandemia de forma ilegal: “El Gobierno no declaró el estado de emergencia y la limitación de movimientos solo está permitida en ese caso”.

“En el Parlamento Europeo llevamos años con todas las alarmas encendidas con respecto a los retrocesos democráticos en Hungría y en Polonia”, comenta por teléfono el socialista Juan Fernando López Aguilar, presidente de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior de la Eurocámara. El exministro español es ponente del informe sobre el Estado de derecho, democracia y derechos fundamentales en Polonia que se vota la próxima semana en la comisión y que previsiblemente llegará a pleno en septiembre. López Aguilar explica que tras escuchar a asociaciones de jueces, periodistas, organizaciones civiles y expertos, el análisis compartido es el de una “quiebra constitucional en el país”. La resolución tiene por objetivo exigir de nuevo a la Comisión presidida por Ursula von der Leyen y al Consejo de Charles Michel que actúen y lleven adelante la deliberación sobre los procedimientos del artículo 7 del tratado europeo contra Polonia y Hungría —incoados a finales de 2017 y en 2018, respectivamente—. La medida serviría para privar a estos países del derecho a voto en el Consejo, aunque en la práctica se trata de una posibilidad remota, ya que para ello se requiere la unanimidad de los Estados miembro. Recuerda López Aguilar que el Parlamento ya emitió dos resoluciones pendientes de desbloqueo en el organismo: un mecanismo para supervisar desde la Comisión toda la legislación nacional que incida sobre los principios fundacionales de la UE y la vinculación del acceso a los fondos europeos y al presupuesto comunitario al cumplimiento del Estado de derecho, de los que tanto Polonia como Hungría son receptores masivos en el marco presupuestario vigente.

“Las instituciones de la UE continuarán monitoreando la situación en Polonia”, concluye Arlukowicz. “Los tribunales polacos son también tribunales de la UE y respetan su legislación. Por ello, el interés en estos temas seguirá siendo prioritario en la agenda europea”.