El Senado polaco ha aprobado este viernes una reforma a la Ley de Fronteras que permitirá al Gobierno prorrogar por tiempo indefinido las actuales restricciones de acceso de civiles al confín con Bielorrusia sin necesidad de declarar el estado de emergencia. Este veto solo deja fuera a quienes puedan demostrar que residen o trabajan en los 187 municipios polacos fronterizos con la exrepública soviética, una excepción que no incluye a los periodistas ni a los miembros de las organizaciones humanitarias que trabajan en la zona. La cámara alta del parlamento polaco ha descartado una enmienda a la norma que proponía permitir a los informadores desempeñar su labor en la región por la que estas semanas han transitado miles de migrantes con intención de penetrar en la Unión Europea.
El nuevo texto legal faculta al ministro del Interior polaco para decidir si se impide el acceso, circulación y permanencia de civiles en esa frontera con la única condición de una consulta previa al comandante de la Guardia de Finanzas. Este procedimiento es considerablemente más sencillo, y con menos coste político, que declarar y prorrogar el estado de emergencia, hasta ahora en vigor en la zona, y cuya aprobación está, además, supeditada al visto bueno del presidente polaco. La reforma permite al Ejecutivo sortear las limitaciones constitucionales al mantenimiento indefinido del estado de emergencia, figura que las leyes del país consideran excepcional.
Polonia adoptó el estado de emergencia en la frontera con la vecina Bielorrusia el 2 de septiembre, lo que le permitió impedir el acceso al escenario de la crisis a los periodistas y las organizaciones humanitarias que asisten a los migrantes. Al mes de su adopción, Varsovia amplió la medida por un periodo de dos meses más. Sin embargo, dado que la Constitución polaca no permite una segunda prórroga consecutiva de ese estado, las autoridades del país se encontraban ahora con el dilema de imponer un nuevo y tercer estado de emergencia en diciembre, dejando un día de pausa tras acabar la prórroga para que fuera legal, o bien reformar su legislación, como al final ha sucedido. El ministro polaco del Interior, Mariusz Kaminski, afirmó hace días que su Gobierno había desechado declarar un tercer estado de emergencia porque se habría dado “una impresión de discrecionalidad”.
Hasta ahora, nunca se había impuesto el estado de emergencia en la Polonia democrática, pero la oleada migratoria que, según la Unión Europea, ha provocado Bielorrusia para desestabilizar la región llevó a Varsovia a tomar esta medida. Según las autoridades polacas, entre el jueves y el viernes 217 personas han intentado entrar de forma irregular en territorio polaco, casi todos ellos en el área de Czeremcha, cercana a la frontera con Bielorrusia.
La organización Human Rights Watch (HRW) divulgó el miércoles un informe en el que recoge decenas de testimonios de migrantes que acusan a las fuerzas de seguridad y las autoridades polacas y bielorrusas de graves violaciones de derechos humanos que, en ocasiones, los dejan “en peligro de muerte”. En este documento, titulado Muere aquí o ve a Polonia, la organización documenta, no solo cómo estos dos Estados han procedido a devolverse mutuamente migrantes en violación de las leyes internacionales de asilo, sino también, en el caso de Polonia, la práctica habitual de separar a los miembros de las familias de migrantes.
Este mismo viernes, el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, ha visitado la zona, concretamente el centro de acogida que se encuentra en las inmediaciones del el paso fronterizo de Bruzgi. Allí se ha reunido con un grupo de migrantes. En el otro lado de la frontera, los guardias polacos que custodian el centro de acogida de migrantes de Wedrzyn, en el oeste de Polonia, informaron de un intento de fuga masiva por parte de algunos internos. Desde principios de año, el Gobierno polaco asegura haber registrado más de 35.000 intentos de entrada irregular por la frontera polaco-bielorrusa. Polonia tiene previsto iniciar en diciembre la construcción de un muro en parte de su frontera con Bielorrusia, que discurrirá a lo largo de 180 kilómetros y medirá 5,5 metros de alto. Su coste se calcula en unos 320 millones de euros.
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