La intervención gubernamental en el Coneval no debe socavar la autonomía y profesionalismo del organismo encargado de evaluar, medir, criticar y encauzar la política social. Mal empezaría la “cuarta transformación”, si cae en la tentación de maquillar las cifras de pobreza, el tema en el que fincó la esperanza de millones de mexicanos.
Por Ernesto Núñez Albarrán
@chamanesco
La historia del combate a la pobreza en México es la historia de un fracaso nacional. Un fracaso institucional y colectivo.
El anhelo de la justicia social, “consagrado” en la Constitución de 1917, no ha dejado de ser eso: un anhelo. Un discurso de los gobiernos que emergieron de la Revolución Mexicana y que, muy pronto, se convirtieron en un régimen hegemónico, autoritario y corrupto que, lejos de resolver el ancestral problema de la pobreza, exacerbaron la desigualdad heredada desde la Colonia.
El régimen del PRI usó a los pobres para mantenerse en el poder desde los años 30 y hasta el fin del siglo XX; creó una élite de políticos ricos, empresarios multimillonarios, clases medias con cada vez menor poder adquisitivo y masas de miserables. Lo mismo hicieron los dos gobiernos panistas en los albores del siglo XXI, y nuevamente el PRI en su efímero regreso al poder.
El saldo histórico de las políticas económicas y sociales instrumentadas en el siglo XX fueron los más de 50 millones de mexicanos pobres que había en el año 2000, y los 53.4 millones en 2016 (última cifra oficial), que equivalen a más del 40 por ciento de la población, con una franja de casi 10 millones de habitantes en pobreza extrema.
Esto, en un país megadiverso, con enormes recursos naturales, petróleo, gas, litorales, joyas turísticas inigualables, culturas ancestrales, gastronomía reconocida mundialmente, capital humano y algunas de las fortunas más grandes del orbe.
Eso explica que en 2018 haya llegado al poder un candidato que prometió que daría prioridad a los que menos tienen. Por eso convenció el lema “por el bien de todos, primero los pobres”. Porque, entre los 30 millones de electores que llevaron a Andrés Manuel López Obrador a Palacio Nacional, se encuentran los amplios sectores de población marginada que aún ven en él un “rayo de esperanza”.
Pero también por eso, el nuevo gobierno tiene una responsabilidad histórica enorme, tan nítida como el parámetro con el que será evaluado: el número de personas que hayan salido de la pobreza en 2024. Eso indicara el éxito o fracaso del sexenio.
La principal transformación, para saber si éste fue un auténtico cambio de régimen, debería ocurrir en la política social y en la política económica, con un viraje radical no sólo en las prioridades, sino en los métodos.
Éxito sería si los más humildes dejaran de depender de un apoyo, una beca, un depósito en una tarjeta bancaria, como los que por años se han repartido, y se siguen entregando.
Éxito sería revertir una tendencia que Santiago Levy definió como la de “las buenas intenciones y los malos resultados”. Esa tendencia de gasto multimillonario en programas sociales dispersos, mal planeados, mal evaluados, asistenciales y fincados en la entrega directa de apoyos a los más necesitados. Con una enorme carga de clientelismo político electoral.
Una política social que hizo que, de 1992 (año de la creación de la Secretaría de Desarrollo Social) a 2017 (año en el que la institución cumplió 25 años), se erogaran más de 1.5 billones de pesos sin resultados notables. Según un reportaje publicado por Reforma, la pobreza pasó del 53.1 por ciento de la población nacional al 53.2 por ciento en un cuarto de siglo (“Sedesol: el fracaso”, Revista R, 21 de mayo de 2017).
Antes de las elecciones de 2018, se reportó oficialmente una disminución al 43.6 por ciento (con datos de 2016), luego de que el Inei modificara la metodología para medir la pobreza. El cambio ocurrió cuando la Sedesol era ocupada por José Antonio Meade (que un año después fue ungido como candidato presidencial del PRI) con la inconformidad del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval).
Pero, más allá de las diferencias en cifras y porcentajes, la tendencia histórica habla de un fracaso rotundo: alrededor de la mitad de los mexicanos siguen siendo pobres, lo que representa hoy un enorme desafío.
Sacar de la pobreza a 53.4 millones de personas es una misión imposible para una administración de un sexenio. Ante semejante reto, vale la pena preguntar: ¿cuál es la estrategia del nuevo gobierno en este tema?
Para que puedan triunfar los llamados “programas de bienestar”, ¿qué se está haciendo distinto?
Para que las nuevas acciones trasciendan lo hecho por el Programa Nacional de Solidaridad, el Progresa, el Oportunidades, el Vivir Mejor, la Cruzada Sin Hambre… ¿se está partiendo de un diagnóstico y una planificación diferentes?
La nueva administración ha anunciado que los apoyos sociales se entregarán de manera directa, y ha creado una estructura de delegados de “programas del bienestar” comandada por Gabriel García Hernández desde la Presidencia de la República, (se entiende que bajo supervisión directa de Andrés Manuel López Obrador).
Pero, más allá de la intención presidencial de que el dinero le llegue “sin intermediarios” a los más pobres, poco se sabe sobre las diferencias que existen entre el “censo del bienestar” y los antiguos padrones levantados por gobiernos priistas y panistas.
Además del cambio de nombre, colores y tipografía, ¿qué diferencia existe entre la Secretaría del Bienestar de María Luisa Albores, y las secretarías de Desarrollo Social de Luis Donaldo Colosio, Carlos Rojas, Esteban Moctezuma, Carlos Jarque, Josefina Vázquez Mota, Ana Teresa Aranda, Beatriz Zavala, Ernesto Cordero, Heriberto Félix, Rosario Robles, José Antonio Meade, Luis Miranda y Eviel Pérez Magaña? Trece funcionarios que, en su mayoría, usaron a la Sedesol como trampolín para proyectar sus carreras políticas.
En medio de estas incógnitas, llama la atención que el gobierno federal haya decidido dar un manotazo sobre la mesa e intervenir el Coneval, bajo el argumento de que los funcionarios encabezados por Gonzalo Hernández Licona llevaban más de 13 años en el cargo.
Y que se haga, además, revelando datos inexactos sobre la administración de los recursos con los que se manejaba este organismo autónomo. Datos imprecisos difundidos por el propio presidente de la República en su cuenta de Twitter, que el Coneval –bajo la nueva administración de José Nabor Cruz– se apresuró a corregir, en un gesto que, dicho sea de paso, le fue reconocido por los especialistas en política social y por su antecesor en el cargo.
En defensa del Coneval, además del profesionalismo técnico acreditado por Hernández Licona y su equipo desde 2005, habría que decir que, gracias a sus mediciones, hoy conocemos el fracaso de las políticas económica y social, no sólo de la “época neoliberal” a la que el presidente responsabiliza de todos los males, sino de todo el siglo XX.
Que no se haya reducido la pobreza en todos estos años no es culpa de quien la mide, sino de los responsables de implementar acciones de gobierno para tratar de reducirla.
Nadie, ni el propio Hernández Licona, pide que el Coneval sea una isla intocable en la administración pública. Lo que sí se ha pedido es respeto a su autonomía, que no es otra cosa que libertad para seguir arrojando indicadores que permitan medir el tamaño del problema, la eficiencia de las estrategias, y corregir el rumbo.
Mal empezaría la “cuarta transformación”, si cae en la tentación de modificar las evaluaciones para maquillar las cifras de pobreza, el tema en el que se fincó la esperanza de millones que votaron por AMLO el 1 de julio de 2018.
Sólo con indicadores objetivos, transparentes y construidos sobre una base técnica que los haga comparables en el tiempo, y sin sesgo político, se podrá saber si los pobres fueron prioridad de este gobierno, más allá de discursos y lemas de campaña.
Por el bien de todos, contemos bien a los pobres.