Organizaciones civiles preparan una estrategia jurídica contra la discrecionalidad en el proceso de elección y la afinidad del nuevo comisionado al PAN.
Por Mónica Cerbón*
Aguascalientes, Ags.- Organizaciones civiles y familiares de víctimas de desaparición, rechazaron el nombramiento de Juan Antonio Hernández Organista, un ex policía cercano al Partido Acción Nacional, como nuevo titular de la Comisión de Búsqueda en Aguascalientes, por considerar que su designación ocurrió a través de un proceso discrecional y viola la legislación estatal en la materia.
El nombramiento se anunció el pasado viernes a través de un comunicado oficial enviado por el Gobierno Estatal, sin ofrecer detalles sobre el proceso de selección y las entrevistas realizadas a otros perfiles. La designación corrió a cargo del gobernador Martín Orozco Sandoval.
Por su trayectoria en materia de derechos humanos y seguridad pública, designé a Juan Antonio Hernández Organista como comisionado estatal para la Búsqueda de Personas, seguro de que su labor fortalecerá nuestro compromiso con las familias de #Ags en este tema tan importante. pic.twitter.com/m2LI5AbMUE
— Martín Orozco (@MartinOrozcoAgs) July 17, 2020
En un estado administrado por el PAN en los tres niveles de gobierno, el nuevo encargado de vigilar e impulsar la mejora de los procesos de investigación por desaparición forzada y cometida por particulares; es -desde enero del año pasado- parte de la Comisión Permanente del panismo local por el periodo 2019-2021.
Psicólogo de profesión y con estudios en criminalística (sin detalles sobre la institución académica que le avala), fue Director del Estado Mayor en la Secretaría de Seguridad Pública Municipal en 2016, cuando la capital de Aguascalientes era gobernada por el actual senador panista Juan Antonio Martín del Campo.
“Nos parece sumamente preocupante la designación del nuevo titular de la Comisión de Búsqueda. Sabemos que esta designación responde a intereses políticos y no va acorde con los intereses de las familias que están en búsqueda, es una persona ajena a las problemáticas estatales que enfrentan diariamente las familias”, consideró Violeta Sabás, coordinadora del Observatorio de Violencia Social y de Género (OVSGA) e integrante del Colectivo Buscando Personas Verdad y Justicia.
Ambas organizaciones civiles preparan una estrategia jurídica contra la discrecionalidad en el proceso de elección y la afinidad del nuevo comisionado al PAN, pues su puesto en el blanquiazul viola la fracción IV del Artículo 24 de la Ley para la Atención y Prevención de la Desaparición de Personas en el Estado de Aguascalientes, que establece como requisito para ser titular el no haber desempeñado cargo de dirigente nacional o estatal en algún partido político, en los dos años previos a su nombramiento.
En diciembre pasado, fue aprobada la legislación local sin la intervención de las organizaciones civiles y familiares de víctimas, como lo señala la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. La Ley estatal tampoco determina el tiempo que el nuevo comisionado permanecerá en el cargo, pues el único que puede nombrar o remover al titular de la Comisión Local de Búsqueda es el gobernador en turno.
“La legislación estatal fue aprobada con sesgo, no recoge el parámetro de transparencia y consulta a especialistas, dejó la decisión de designar al titular de manera discrecional entre el gobernador del estado y el secretario general de gobierno”, explica Wilfrido Salazar, abogado del OVSGA.
De acuerdo con las integrantes del Observatorio, la Secretaría General de Gobierno aceptó dos propuestas de perfiles para titular la nueva Comisión: Violeta Sabás y Ana Hilse Espinosa Almanza -hermana de Javier Espinosa, desaparecido junto con otras ocho personas en el antro Maverick en 2007- como representante del Colectivo Personas Verdad y Justicia.
“Lamentamos que no fuera público, que las familias no tuvieran la oportunidad de observar los perfiles y cuestionar, es derecho de las víctimas saber el proceso. Parte de que esto sea así es porque el estado no habla públicamente de la desaparición de personas, aunque sabemos que los casos han aumentado en los últimos años”, explica Sabás.
Cuestionado al respecto, Jonathan Pérez Chávez, titular de la Dirección General de Asesoría Jurídica de Atención a Víctimas u Ofendidos de la Secretaría de Gobierno explicó que es el gobernador, Martín Orozco, el único que podría dar a conocer los nombres de los perfiles propuestos por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Fiscalía General de Aguascalientes y otras organizaciones civiles.
De acuerdo a información de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, en Aguascalientes permanecen desaparecidas 254 personas. Sin embargo, el pasado 13 de julio, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de la Secretaría de Gobernación integró a Aguascalientes entre las seis entidades con mayor opacidad respecto de la información correspondiente a la desaparición de personas.
“¿Dónde tenemos problemas de información? Son seis estados: Guanajuato, Baja California, Aguascalientes, Tabasco, Sonora y Tlaxcala y estamos esperando que llegue la información actualizada de Campeche y de Durango”.
A principios de julio, en Guanajuato, otro estado con gobernador panista, los colectivos de familiares de personas desaparecidas realizaron un plantón contra el administrador de empresas y financiero elegido como comisionado, a quien no le conocían experiencia en la materia. Una de sus manifestaciones fue reprimida por la policía que detuvo a cuatro mujeres manifestantes y lesionó a otras más. Después del escándalo, el gobernador Diego Sinhué Rodríguez, anunció que revisaría la selección.
*@Monica_Cerbon, periodista mexicana freelance y reportera de investigación. Cuenta historias de la región centro del país. Se ha especializado en derechos humanos, empresas trasnacionales, medio ambiente y corrupción. Colabora en el proyecto www.adondevanlosdesaparecidos.org