El domingo pasado se celebraron en Chile las primeras elecciones democráticas de gobernadores regionales, en las que solo participó el 19,6% de los convocados, es decir 2,5 millones de chilenos de los 13 millones llamados a las urnas. Fue una marca histórica de baja participación que, sin embargo, no sorprendió a los expertos: desde que el plebiscito de 1988 que selló la suerte de la dictadura de Augusto Pinochet, la participación en las elecciones ha caído de forma imparable.
En 2012, cuando entró en vigor el voto voluntario, la tendencia se aceleró y en las elecciones municipales de 2016 apenas participó el 36%, el anterior récord de baja participación. La apatía de la mayoría de los ciudadanos se ha visto reforzada por fenómenos coyunturales, como la pandemia. Pero llama la atención que en un país sumido en un proceso constituyente impulsado por la movilización social, que puso contra las cuerdas a la institucionalidad con las revueltas de octubre de 2019, haya tal desinterés por acudir a votar.
Más información
El sociólogo Octavio Avendaño, doctor en Ciencia Política, dice que la sociedad chilena está marcada por el “apoliticismo”. “En 2019 hubo movilizaciones, paralizaciones y huelgas en muchos territorios del país, incluso en lugares recónditos. Pero es errado pensar que involucró a toda la población en su conjunto. Los que se sumaron al proceso de cambio son parte de un segmento minoritario, mientras que el resto no se interesa por nada”, explica el académico de la Universidad de Chile. 48 horas antes de las elecciones del domingo, los ciudadanos hacía largas filas fuera de los centros comerciales de Santiago en previsión del confinamiento que comenzó a regir el mismo fin de semana de la votación: “La clase política y los sectores progresistas no quieren reconocer que existen expectativas sociales que no tienen relación con el cambio estructural por una sociedad igualitaria, como algunos quisieran, sino que el común de los chilenos apuesta a tener mayores oportunidades en el mercado”, asegura Avendaño.
El proceso de cambios profundos que vive Chile se está realizando “bajo condiciones de precariedad institucional”, dice el profesor, sin partidos ni organizaciones representativas fuertes, como los sindicatos, colegios profesionales y las federaciones estudiantiles. Esto explica, a su juicio, lo volátil del escenario político. “Cambia todos los días, semana a semana”, asegura sobre el mapa político chileno.
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) considera que hay factores que explican la baja participación chilena: problemas de representación, de desconfianza en el sistema y la falta de información, que no se resuelven de un día a otro. “La activación política que ha provocado el proceso constituyente no necesariamente se traslada a la elección habitual de autoridade”, asegura Marcela Ríos, coordinadora del área de gobernabilidad en la oficina de Chile del PNUD. Ofrece un dato: en el plebiscito de octubre de 2020, donde ganó con un 80% la opción de reemplazar la actual Constitución, aumentó la participación entre los jóvenes 18 a 29 años, pero dejaron de participar los mayores de 50 años, que eran votantes fieles, probablemente por la pandemia.
Además, “nunca antes tuvimos un calendario electoral tan abultado, con tantas elecciones juntas”, explica la socióloga sobre las 10 elecciones que se van a celebrar en Chile entre mayo pasado y noviembre próximo, cuando se celebren las parlamentarias y presidenciales. Antes, se celebrarán las primarias presidenciales, el 18 de julio, en apenas un mes. Tampoco hay mecanismos que favorezcan la participación, como el voto anticipado, el sufragio postal y las facilidades para las personas con problemas de movilidad. “El padrón es rígido y los ciudadanos no pueden elegir el lugar de votación. Tenemos un sistema electoral poco amigable que obliga a la gente a trasladarse y a que miembros de una misma familia deben moverse a distintos lugares para poder sufragar, muchas veces lejos de su domicilio”, comenta la experta.
La nueva ola de la covid-19 no contribuyó a que la gente concurra a las urnas. Ni tampoco que se tratara de una elección de gobernadores, un cargo desconocido para una buena parte de la población. “Hubo poca información por parte del Estado y los partidos políticos, preocupados sobre todo por la presidencial, al igual que los medios de comunicación”, comenta Ríos.
Y, nuevamente, se repitieron las diferencias de participación entre los ricos y pobres. En Vitacura, una zona acomodada de la capital, acudió a las urnas el 52,82% de los convocados. En la popular La Pintana, en cambio, el 16,07%. Lo mismo sucedió entre las regiones. En Antofagasta, en el norte, acudió solo un 12,2% del padrón. En Santiago, en tanto, un 25,70%. Para muchos expertos fue una paradoja que una elección que apunta a disminuir el centralismo de Chile, la de gobernadores, contara con la participación de 1,5 millones de votantes de la capital sobre un total de 2,5 millones.
Javier Sajuria, doctor en Ciencia Política y director del centro de estudios Espacio Público, considera que los chilenos que no votan “tienden a ser menos politizados, se identifican menos con la izquierda-derecha y los partidos políticos y tienen menor interés y opinión”. Para Sajuria, hay un asunto central: si un ciudadano no está acostumbrado a votar resulta difícil que luego adquiera el hábito.
El editor de la revista académica Politics agrega a la ecuación el papel de los propios dirigentes políticos. “Es menos complejo hacer que los que apoyan a tus contrincantes no voten que movilizar a la gente a votar por tu propia opción”, asegura sobre las campañas negativas.
La baja participación electoral ha llevado al Parlamento a impulsar un proyecto de reposición del voto obligatorio, que se ha aprobado en la Cámara de Diputados y será discutido en breve por el Senado. Es una medida que, a juicio de los expertos, no basta si no está acompañada de otras iniciativas. “Chile necesita una agenda robusta, amplia y sistemática de fomento a la participación que tiene que considerar que es un fenómeno multidimensional que no se va a resolver automáticamente”, opina Ríos del PNUD.
Para el sociólogo Avendaño, firme partidario del voto obligatorio, esta medida llega tarde. “Es hoy en día un arma de doble filo, porque no sabemos lo que va a movilizar al 60% o al 50% de la población que no ha votado de manera regular. Sería bueno saberlo, sin duda, pero podrían optar por soluciones de tipo populista o autoritaria”.
Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS América y reciba todas las claves informativas de la actualidad de la región.
Source link