El límite que divide Ciudad Acuña, en México, y Del Río, en Estados Unidos, se ha convertido en una cárcel a cielo abierto. Miles de migrantes, la mayoría haitianos, han quedado cercados por las autoridades a uno y otro lado de la frontera. La Patrulla Fronteriza contiene desde Texas a quienes han llegado hasta ahí después de atravesar el continente; están hacinados debajo de un puente internacional en un campamento donde falta agua, comida, baños, sombra. En Coahuila, los agentes migratorios han empezado a presionar para que acepten ser detenidos “voluntariamente” y enviados a Tapachula, en el sur del país. En el pulso entre los Gobiernos de ambos países por el control de la llegada de migrantes, han quedado atrapadas miles de personas.
La soga que une las dos orillas del río Bravo fue cortada la tarde del jueves y ya no hay de donde agarrarse para cruzar. Pese a que ya saben qué les espera del otro lado, muchos han estado esperando sobre la pendiente enlodada que baja hacia la orilla. Se van porque tienen miedo y porque México no les garantiza ni los papeles, ni la protección, ni las oportunidades que buscan. Con el agua tan alta como está a las ocho de la noche, atravesar es aún más peligroso pero los haitianos atan más fuerte las bolsas, agarran a sus hijos de las manos y se arrojan al río. Al otro lado tampoco les darán la bienvenida. El Gobierno de Joe Biden empezó a deportar a miles de migrantes. Unas prácticas “inhumanas”, según criticó el enviado especial de EE UU para Haití, Daniel Footeal, que dimitió este jueves.
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Decenas de policías llegaron de madrugada al campamento que se ha formado del lado mexicano y limitaron el acceso. Los agentes migratorios se sumaron más tarde y recorrieron la zona para convencer a los migrantes de ser detenidos de forma voluntaria. A cambio les ofrecían lo que hasta ahora ninguno de los dos Gobiernos les ha dado: agua, comida, techo, sanitarios, servicios médicos y asistencia legal. “¿Por qué no vienen a ayudarnos aquí?”, reclamó una de las mujeres a los agentes que le proponían llevarla a Tapachula, en Chiapas.
En su recorrido por la zona donde se instalaron algunas de las personas –sobre cartones, en tiendas de campañas o debajo de toldos hechos con telas o bolsas–, los trabajadores del Instituto Nacional de Migración han sido claros. Han insistido en que “quien esté gustoso” en esa situación puede permanecer allí, pero han amenazado con que habrá “fríos muy fuertes”. La zona se convirtió en un hervidero de cuerpos policiales, de la Agencia de Investigación Criminal, mientras afuera esperaban desde la mañana la Guardia Nacional, la Policía de Acción y Reacción y varios autobuses.
“Vienen para asustarlo a uno. Vienen solamente para engañar a la gente”, piensa Jonás Basel, un haitiano de 31 años que viaja junto a su esposa y sus dos hijas. Este hombre pasó por Tapachula en su camino desde Chile, de donde viene la mayoría de los migrantes que han llegado hasta este punto, y no le encuentra sentido a volver a la ciudad limítrofe con Guatemala. “Está lleno de gente y la Comar [Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados] está colapsada. No voy a encontrar un permiso ni en tres ni en cuatro meses”, afirma. Además, dice, “la gente está casi sin plata”. A él le quedan 300 de los 10.000 dólares que tenía para el viaje: “Gastamos todo para llegar acá”.
El predio en la que se ha montado el campamento improvisado del lado mexicano es un terreno federal que está controlado por el Gobierno del Estado de Coahuila. Allí funciona un espacio llamado Comedor del Migrante, que ahora las personas han reconvertido en habitaciones multitudinarias o en baños, ante la ausencia de instalaciones adecuadas para recibirlos. El martes el campamento empezaba a parecerse a un espacio organizado, con una peluquería improvisada, una misa por la tarde, agua y comida que entregaban ONG y particulares a toda hora, tiendas de campaña y algún que otro colchón. Pero este jueves los ánimos son otros. “La gente está deprimida, es muy estresante”, apunta una mujer embarazada que no ha querido identificarse.
El río ya había crecido por la tarde cuando dos mujeres y un menor, de unos ocho años, se lanzaron al agua. Al otro lado, otro migrante se tiró a ayudarlos porque pasando la mitad del trayecto la corriente empezaba a cubrir al niño y al camión de juguete que llevaba debajo del brazo. Allí los esperaba, imponente, otra hilera de patrullas, un “muro de acero” para frenarlos, como la describió el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott. Más tarde, un grupo grande de familias volvió a cruzar. Muchos llevaban una bolsa en un brazo y un niño agarrado del otro. En la otra orilla, agentes estadounidenses les gritaban desde una lancha que “solo los niños” podrían subir al vehículo acuático. Los padres entregaban a sus hijos y clamaban por ayuda con el agua por encima del pecho.
El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ha valorado que estos migrantes se encuentran en condiciones de “vulnerabilidad extrema” después de meses viajando desde Sudamérica y malviviendo en los campamentos precarios en los que los mantienen los Gobiernos de ambos países. El CICR ha recordado, además, que la situación en Haití “es compleja” y ha reclamado a las autoridades “promover prácticas que incluyan excepciones humanitarias para proteger a las personas”. “Una vía”, defiende Lorena Guzmán, coordinadora de la delegación regional para México y América Central del CICR, “podría ser proveerles de documentación migratoria para promover una estancia regular en México, minimizando sus riesgos y facilitando su pleno acceso a derechos de forma temporal o definitiva”.
La mayoría de personas retenidas a ambos lados de la frontera son haitianos que salieron del país expulsados por la inestabilidad política y económica. El país más pobre del hemisferio occidental sufrió en 2010 un devastador terremoto que obligó a miles de personas a empezar un éxodo, principalmente, hacia países de Sudamérica. La grave crisis humanitaria que sufre el país desde hace una década empeoró con el magnicidio del presidente Jovenel Moïse, en junio y el impacto del seísmo de magnitud 7,2 que dejó más de 2.000 muertos en agosto.
Abandonaron hace años Haití y ahora se enfrentan a una disyuntiva: ser deportados por Estados Unidos hacia ese país del que escaparon o ser enviados de vuelta a Chiapas. Llegaron a juntarse casi 15.000 debajo del puente que separa Ciudad Acuña y Del Río y este jueves ya son menos de 5.000, según las autoridades estadounidenses. Muchos han optado por volver sobre sus pasos y, una vez más, cruzar el río Bravo hacia Estados Unidos. Quizás un último intento. El camino inverso al que hicieron hace solo una semana.
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