Empresas de diversos países tergiversan la ley, sobornan autoridades y líderes, descalifican a defensores de derechos y se alían con criminales: Alejandra Ancheitia.
Alejandra Ancheitia*
Una de las situaciones muy comunes a las que nos enfrentamos las personas defensoras de derechos humanos, es escuchar una narrativa dominante sobre qué entender por “desarrollo”, generalmente promovida por las corporaciones transnacionales y las elites económicas.
¿Qué dice esta narrativa? Básicamente, que el progreso es la globalización, la financiarización, el consumismo y la extracción (al parecer ilimitada) de recursos. Ante esta visión, las personas defensoras de derechos humanos también nos interesamos en cuestionar este sistema, sus raíces e impulsar bases de resistencia, la cual es parte del tejido social y permite la transformación de grandes poderes.
La resistencia es una condición para la democracia. Comunidades agrarias, pueblos indígenas, mujeres, grupos de la diversidad sexual, ambientalistas, sindicalistas y muchos otros grupos son las voces de la resistencia. Desde esta óptica, existe una oposición a la visión cerrada del progreso que lleva a la destrucción de las comunidades, del ambiente y de las identidades; una visión que viola derechos humanos y que nos roba nuestra dignidad. Estamos convencidos y convencidas de que, en un mundo globalizado, vital y dinámico, pueden coexistir diferentes formas de vivir y de relacionarnos con nuestro ambiente. La globalización no debe llevar a la uniformidad, sino a una mayor conectividad.
Los individuos que resisten son frecuentemente olvidados en los libros de historia escritos por aquellas personas en el poder. A pesar de esto, están aquí, vivas, entre nosotros. Levantan sus voces para construir un mundo más justo enfrentándose a la opresión, a la desigualdad y a la violencia, atreviéndose a mirar a la historia desde una perspectiva distinta. Las personas que son olvidadas por la historia nunca desaparecen, realmente; en realidad, sus historias continúan transformando nuestro mundo, y el suyo también.
Esta resistencia, lamentablemente, trae consecuencias. Como Fundadora y Directora Ejecutiva de ProDESC (Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), he sido tanto víctima como testigo de agresiones. He experimentado esta situación en más de una vez, enfrentándome a amenazas hacia mi persona y hacia mi familia. Aspirar a la construcción de narrativas distintas provoca que existan enormes riesgos en la defensa de los derechos humanos, especialmente para las mujeres. Con frecuencia, somos víctimas de situaciones como la invisibilización de nuestro trabajo, amenazas y violencia directa (entre ellas, la violencia sexual). A pesar de esto, las mujeres -especialmente cuando estamos unidas- somos capaces de transformar nuestras realidades y de redibujar o eliminar las fronteras que se nos imponen.
En ProDESC, todos los días perseveramos; buscamos la justicia y la dignidad. No debemos perder de vista que, en México, las comunidades agrarias e indígenas han sido tradicionalmente víctimas de injusticias económicas, sociales, laborales y ambientales causadas por la visión de las empresas y su percepción dominante del “desarrollo”.
En este sentido, las comunidades se ven amenazadas por empresas que buscan tierra y recursos naturales para continuar su proceso de crecimiento. Estas compañías, provenientes del Norte Global pero también de países como México, tergiversan la ley a su favor, sobornan a autoridades y líderes locales, dividen comunidades, violan la reglamentación laboral, tachan a las personas defensoras de derechos humanos de “antidesarrollo”, generan alianzas con grupos criminales locales y, en algunos casos, fuerzan a comunidades enteras a desplazarse fuera de sus tierras.
Es necesario hacer un llamado a las empresas nacionales e internacionales, a empresarios y empresarias de todo el mundo, a llevar a cabo sus actividades con responsabilidad ética y apego irrestricto a la ley, a conducirse mediante el respeto a los derechos humanos y a generar un desarrollo que sea para todas y todos.
Ni México ni ningún otro país debe sostener una economía basada en violaciones a los derechos humanos; una economía que necesite de desplazamientos forzados, ecocidios y ataques a la vida e integridad de las personas para lograr un crecimiento del 2% del PIB.
El llamado también se extiende al gobierno mexicano para que cumpla sus promesas, restablezca el Estado de Derecho y combata la corrupción e impunidad.
México debe proteger los intereses de los pueblos indígenas, de las comunidades y de grupos en situación de vulnerabilidad para restaurar el Estado de Derecho. También, es importante que reconozca y proteja a las personas defensoras de derechos humanos para que puedan trabajar en condiciones de seguridad e igualdad. En estos temas, el Estado tiene la oportunidad histórica para pasar de la retórica a la acción y generar cambios reales para todas y todos.
México puede vivir una nueva historia, pero necesita la cooperación de cada una de sus partes, particularmente de aquellas que detentan el poder: el Gobierno y la iniciativa privada.
*Presidenta de ProDESC. Galardonada el 27 de septiembre con el Doctorado Honoris Causa por parte de la Université Paris Nanterre, por su trayectoria como defensora de derechos humanos