La semana pasada conocimos la inclusión de la regulación del cannabis en el acuerdo de coalición de socialistas, verdes y liberales de Alemania. Un hecho que podría parecer a simple vista un paso más en la dinámica ascendente de la regulación del cannabis a nivel mundial, pero que es mucho más notorio si tenemos en cuenta que Alemania es el país más poblado y poderoso de la Unión Europea y que sus políticas tienen innegable trascendencia en el resto de la UE.
Ya no solo asistimos a regulaciones al otro lado del Atlántico, sino que se están empezando a dar o plantear desde el corazón de Europa: Alemania, Suiza, Holanda, Portugal, Luxemburgo, Malta…
¿No es, por tanto, pertinente fomentar este debate también en España? Los partidos que todavía no están convencidos de que una regulación es la solución al ineficaz e injusto sistema de prohibición del cannabis (que tantas externalidades negativas provoca) podrían entender que otras políticas más justas con las personas usuarias y con la sociedad en su conjunto son posibles.
La realidad social del cannabis en España ha desbordado el marco jurídico existente, siendo imperioso ordenarlo y someterlo al control de la Administración. Solo así se podrá dar legitimidad y seguridad jurídica a estas actividades, lo cual repercutirá positivamente al conjunto del Estado. Asimismo, se verán reconocidos los derechos de las personas usuarias —alrededor de cuatro millones, según los últimos datos—, que son sistemáticamente criminalizadas y perseguidas por el uso de cannabis.
Estos motivos son los que llevaron a Unidas Podemos a presentar la Ley para la Regulación Integral y Control del Cannabis en Personas Adultas en octubre y por lo que queremos socializar la iniciativa con organizaciones sociales y agentes implicados en el sector del cannabis en España en el foro Unidas por la Regulación Integral, que se ha presentado este lunes en el Congreso de los Diputados.
¿Es posible regular el cannabis?, ¿cómo se ha regulado allí donde ya se ha hecho? Son preguntas que desde nuestro espacio queremos plantearnos con los colectivos, para mejorar la iniciativa mediante sus aportaciones y buscar consensos en torno a la misma. Queremos que los partidos escuchen las demandas de la gente y las tengan en cuenta cuando decidan su voto sobre la regulación.
Esta ley está hecha desde una óptica integradora, planteando una regulación completa de todo el ciclo de acceso y producción de la planta, respetando todas las realidades existentes. Una regulación que no deja a nadie fuera para que sea eficaz y limite al máximo el mercado informal. Sabemos que es ambiciosa, pues pretende regular todo lo que a día de hoy funciona dentro del sector del cannabis: la tenencia y consumo, el autocultivo, los clubes sociales, la producción y venta de semillas y esquejes, el cannabis no psicoactivo, los dispensarios, la producción, extracción, transformación y distribución, los espacios de consumo… Pero no podía ser de otra manera, porque queremos dar soluciones a todos los actores y actividades y que nadie continúe en la ilegalidad.
La iniciativa busca frenar la especulación y la acumulación de licencias evitando las concentraciones económicas y de capital. Además, la solicitud de licencias, las operaciones entre las distintas entidades del mercado regulado y la venta de los productos del cannabis estarían sujetas a un sistema de tasas e impuestos cuyo principal objetivo no es la recaudación, sino la transición efectiva de los operadores informales y de quienes lo usan usuarias al mercado regulado. Un enfoque fundamental que debe ser el pilar de cualquier regulación que se plantee.
La óptica ecosostenible envuelve la norma, acotando al máximo los macrocultivos de interior que tantos problemas plantean y premiando impositivamente a los cultivos sin huella de carbono. También se busca compensar de forma efectiva con ventajas fiscales a aquellos territorios de la España vaciada y extrapeninsulares, favoreciendo el desarrollo de esta industria, de alto valor añadido, en lugares normalmente olvidados y en aquellos estrictamente dependientes del monocultivo turístico, buscando un cambio real en el modelo productivo.
Todo el sistema regulatorio contenido en la ley se caracteriza por un control férreo del Estado a través de un ente de control administrativo con vertebración territorial y bajo el principio superior de la protección de los menores de edad, limitándose los espacios de consumo a lugares donde no puedan acceder, así como su promoción y la publicidad, de forma tajante.
Con esta propuesta de regulación, que pretende ser vanguardia y referencia internacional, queremos continuar la senda de avances sociales pioneros por los que se ha caracterizado nuestro país desde el final del franquismo, tales como la regulación del derecho sindical, el divorcio, la supresión del servicio militar obligatorio, el matrimonio y adopción por parte de personas del mismo sexo, el aborto o la eutanasia. Derechos que nuestra sociedad ya tiene asimilados y que se entienden por irrenunciables a día de hoy.
Seguro que dentro de unos años nos preguntaremos: ¿os acordáis de cuando el cannabis era ilegal?
Source link