La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados pospuso hasta nuevo aviso la reunión prevista el lunes, en la que se discutiría el proyecto de reforma constitucional sobre la revocación de mandato, que posibilitaría su realización en las elecciones intermedias de 2027.
La sesión, convocada para la tarde del lunes fue aplazada a solicitud del presidente de la Junta de Coordinación Política, el morenista Ricardo Monreal, con el fin de buscar acuerdos entre los distintos grupos parlamentarios, informó el presidente de la Comisión, Leonel Godoy Rangel.
El dictamen modifica los requisitos para solicitar una consulta de revocación de mandato y las fechas para su realización, de modo que, en caso de concretarse, coincidiría con las elecciones intermedias de 2027.
El diputado Ricardo Monreal explicó que solicitó el aplazamiento “para que se amplíe el debate entre las diputadas y diputados, para deliberar”.
En conferencia de prensa, detalló que ha sostenido conversaciones con los coordinadores parlamentarios de todos los grupos representados en la Cámara: “Me han pedido que no sea precipitado, que hoy nos esperemos y que podamos hacerlo después de unos días de analizado el tema. Ellos consideran que es un albazo, así lo han dicho públicamente y me lo han comentado a mí”.
Monreal precisó que la intención es “dar más días a la discusión” y aclaró: “No estamos haciendo nada indebido y si nos asiste la razón histórica, moral, política, no tenemos por qué precipitar un tema tan importante”.
También dijo que platicará con el autor de la iniciativa, el diputado morenista Alfonso Ramírez Cuéllar, para que “se permita una mayor discusión” y no descartó que el análisis se realice una vez que el Ejecutivo presente su reforma en materia electoral.
El legislador rechazó que la iniciativa vaya a quedar detenida: “Nosotros no dejamos nada en la congeladora. Nosotros actuamos en consecuencia, en razón de los intereses del país y el hecho de que se otorguen unos días más no quiere decir que esto se vaya a congelar”, apuntó.
¿En qué consiste el proyecto de reforma constitucional?
Entre los principales cambios propuestos, se establece que las consultas populares ya no se realizarían el primer domingo de agosto, como ocurre actualmente, sino el primer domingo de junio, con el fin de hacerlas coincidir con los procesos electorales ordinarios.
En cuanto a la revocación de mandato de la persona titular de la Presidencia de la República, la reforma plantea ajustes tanto en los plazos como en la forma de llevarla a cabo. Actualmente, este proceso puede solicitarse dentro de los tres meses posteriores al tercer año del periodo constitucional; con la modificación, podrá pedirse dentro de los seis meses previos a la conclusión del tercer año.
Además, se propone que la votación para la revocación se realice el mismo día y durante la jornada electoral intermedia, en la que se eligen diputadas y diputados federales, a diferencia del esquema vigente que establece un proceso separado en una fecha distinta.
El proyecto establece que la reforma entraría en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Además, se eliminarían las normas que contradigan lo aprobado y el Congreso tendría 180 días para hacer los cambios necesarios en la ley.
Meter a Sheinbaum en la boleta: Alcocer
La decisión de posponer el análisis ocurre en medio del debate por las implicaciones políticas de la reforma. El analista en temas electorales Jorge Alcocer, fundador de la revista Voz y Voto, advirtió que adelantar la consulta “no tiene otra finalidad que meter a la presidenta Sheinbaum en la boleta y permitir que Morena y el expresidente Andrés Manuel López Obrador realicen proselitismo desde el año que entra”.
Durante una entrevista con Aristegui en Vivo, Alcocer consideró que se trata de “iniciar campaña para 2027 desde ahora”, al empatar la revocación con un proceso electoral “complejo” que incluirá elecciones federales, 17 gubernaturas, 31 legislaturas locales y más de 1,700 ayuntamientos, además de la elección de magistrados del Poder Judicial de la Federación.
El especialista calificó la propuesta como una “estratagema” que aprovecharía una “curiosa coincidencia”: la exigencia constitucional de que la solicitud de revocación sea respaldada por el 3% del padrón electoral distribuido en al menos 17 estados, los mismos donde se renovarán las gubernaturas ese año.
Asimismo, desestimó el argumento de que la medida busca ahorrar recursos al empatar la consulta con la elección ordinaria. “Si no quieren gastar ese dinero, pues que no promuevan que haya revocación de mandato”, afirmó, al subrayar que el ejercicio “no es obligatorio” y solo se convoca si se cumplen los requisitos ciudadanos.
Alcocer recordó que en 2019 fue la entonces secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien advirtió al presidente López Obrador que hacer coincidir la consulta con una elección violaría el artículo 134 constitucional, que prohíbe a los servidores públicos influir en la competencia electoral.
El analista calificó la iniciativa como “un atropello” y “un ladrillo más en ese edificio de autoritarismo” que, en su opinión, busca “asegurar su mayoría al costo que sea”.