Antes del 15 de septiembre, los presos de penales federales que en más de 10 años no han sido sentenciados, quienes tengan más de 75 años de edad, los mayores de 65 años que padezcan alguna enfermedad y quienes han sido torturados serán liberados por decreto presidencial, anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Estas cuatro acciones van a formar parte de un decreto que voy a firmar y que va a elaborar la secretaria de Gobernación, lo vamos a elaborar la semana próxima para presentarlo”, informó en la conferencia matutina.
El primer mandatario explicó que en penales federales hay 12 mil 358 presos sin haber recibido sentencia, por lo que en el decreto se les incluirá para que puedan solicitar su libertad.
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“Es importante que se tome en cuenta que hay muchos detenidos, reclusos, internos que no tienen sentencia y que no sólo es fuero Federal, también es fuero común y es la mayoría, ojalá y las autoridades estatales tomen cartas en este asunto”, expresó.
“La justicia, como lo establecen los ordenamientos legales, debe ser rápida y expedita. ¿Cómo va a estar una persona detenida por más de 10 años sin sentencia? Esto lo tiene que atender el Poder Judicial, tanto los poderes judiciales en los estados y los tribunales de justicia en los estados”.
López Obrador precisó que la excarcelación de adultos mayores de 75 años será en conformidad con lo que establece el Código de Procedimientos Penales, pero que el beneficio será para aquellos que no hayan cometido delitos graves.
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En cuanto a los adultos mayores de 65 años, serán liberados aquellos que padezcan algún tipo de enfermedad crónica como diabetes o hipertensión. López Obrador adelantó que será la Secretaría de Salud la encargada de realizar los diagnósticos.
El jefe del Ejecutivo también pidió incluir en el decreto a todos aquellos que hayan sido torturados. También manifestó que en todos los casos se va a seguir un procedimiento simplificado.
Por su parte, Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, expuso que 43% de las personas privadas de su libertad siguen en prisión preventiva
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“En este gobierno no se puede permitir ningún acto de tortura y menos para la obtención de una confesión o en el mismo penal”, enfatizó.
De acuerdo con las cifras presentadas en Palacio Nacional, de los 220 mil 114 población privada de su libertad, los no sentenciados son 94 mil 547 y sentenciados 125 mil 567.
En el caso de la población no sentenciada, 87%, 82 mil 189, son por delitos del fuero común y el 13%, 12 mil 358 por delitos del fuero federal.
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En cuanto al tipo de centro penitenciario, 92%, 87 mil 269, está en penales federales, y 8%, 7 mil 278, en centros federales.
En tanto, Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, advirtió que debe erradicarse la práctica de la tortura en cualquier orden del Estado, ya que quien haya sido objeto de tortura debe obtener su libertad.
En la conferencia de prensa matutina, se presentó el seguimiento de los casos de Israel Vallarta, Brenda Quevedo y de María Isabel San Agustín.
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Sobre Vallarta, Sánchez Cordero declaró que su defensa no ha aceptado algunas de las estrategias planteadas por la Segob para agilizar su proceso. Indicó que el hombre está detenido desde 2005 por cuatro delitos en dos causas penales y que su caso se revisa desde 2019 en coordinación con él y sus familiares. Refirió que si se aplica el precedente Cassez, podría ser excarcelado de una causa penal.
Acerca de Brenda Quevedo Cruz, la funcionaria federal manifestó que se encuentra en prisión preventiva desde septiembre de 2009, aunque está demostrado plenamente que sufrió tortura en dos ocasiones dentro de los penales. Señaló que está en proceso su inscripción en el registro nacional de víctimas.
Finalmente, en el caso de la mujer indígena María Isabel San Agustín, quien desde 2013 tiene una sentencia de 65 años de prisión por el delito de secuestro, Encinas aseveró que un absurdo burocrático ha frenado su liberación tras confirmarse que fue víctima de tortura.
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Tras el anuncio, Isabel Miranda de Wallace se pronunció en su cuenta de Twitter. Sostuvo que la titular de Segob tenía información incorrecta respecto a Brenda Quevedo Cruz, sobre quien aseguró que jamás ha sido torturada.
“Hay dos resoluciones que lo afirman, las tiene usted en su oficina. El Poder Judicial tiene constancia que a Brenda Quevedo Cruz le aplicaron dos protocolos de Estambul que fueron NEGATIVOS. Respetuosamente le pido se allegue de la información adecuada”, escribió en la red social.
“¿Ahora también desde Segob habrá presión al juez para liberar a una secuestradora? ¡Respeten la división de poderes! Se juzga en el Poder Judicial, no en las conferencias matutinas”.
Miranda de Wallace aseveró que con el nuevo decreto presidencial habrá más delincuentes en la calle.
“Si así no pueden con los que nos agreden, ‘sálvese quien pueda’”, expresó. “Presidente López Obrador, a mi hijo lo torturaron sus secuestradores, entre ellos B Quevedo. Ella no fue torturada, lo están engañando”, agregó.
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