SAN DIEGO — Los detractores de las nuevas reglas
propuestas por el gobierno del presidente Donald Trump para restringir el asilo
en Estados Unidos enviaron un aluvión de comentarios en contra del proyecto,
con la esperanza de que una antigua ley que sirve de contrapeso al poder
presidencial debilite o incluso anule esa propuesta.
Los opositores remitieron casi 80,000 comentarios
públicos antes del fin del plazo el miércoles, y de esa cifra unos 20,000
fueron presentados en las últimas horas.
Esta vez fue la Corte de Apelaciones de San Francisco.
El gobierno de Trump debe atender cada
preocupación en las disposiciones finales, enfilándose a enfrentar
impugnaciones judiciales si actúa con premura o descuido.
“Esta es una especie de guerra de trincheras en
derecho administrativo ordinario”, dijo Jonathan Alder, profesor en la Escuela
de Derecho de la Universidad Case Western.
“Ha sido el caso desde hace tiempo que los
oponentes a la acción de una agencia busquen inicialmente inundar la zona con
comentarios y objeciones procesales como una manera de retrasar las cosas y
provocar un error”.
Abogados expertos en inmigración explican el alcance del fallo judicial.
La propuesta ordena a los jueces de inmigración
que sean más selectivos cuando acepten las solicitudes de asilo y les permite
rechazar algunas sin necesidad de una audiencia en la corte.
El denso lenguaje de la iniciativa describe
reglas que el gobierno de Trump ya ha intentado y otras que son nuevas.
Trump ha reformado gran parte del sistema para
solicitar protección humanitaria en Estados Unidos, con el argumento de que
está plagado de abusos y abrumado por solicitudes carentes de mérito.
Randy Serrano tiene la información.
Sin embargo, los tribunales rechazaron en fecha
reciente algunas de sus acciones por motivos procesales, como su intento por
poner fin al programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA
por sus siglas en inglés) que ampara a unos 700,000 jóvenes de la deportación.
Los grupos que apuntaron sus baterías contra la
propuesta más reciente enfocada en las cortes de inmigración solicitaron a sus
simpatizantes que enviaran comentarios.
HIAS, un grupo que asiste a refugiados, organizó
hace dos semanas una sesión informativa para 370 personas.
El gobierno anunció nuevas trabas a quienes lo solicitan.
Casi 10.000 personas utilizaron el sitio web del
organismo sin fines de lucro Catholic Legal Immigration Network Inc., el cual
incluía un formato y recomendaciones para escribir sus comentarios con
efectividad, dijo Jill Marie Bussey, directora de fomento.
“Estas disposiciones sumergirían a Estados Unidos
en la oscuridad moral”, afirmó el grupo en su propia carta de 101 páginas.
De acuerdo con la propuesta del gobierno, los
jueces de inmigración, que trabajan para el Departamento de Justicia federal,
podrían rechazar las solicitudes de asilo “legalmente deficientes” sin
necesidad de una audiencia en la corte.
El gobierno anunció más medidas restrictivas.
Varios factores nuevos podrían pesar para denegar
el asilo, como por ejemplo no haber pagado impuestos. Los antecedentes penales
todavía podrían obrar en contra de un solicitante de asilo incluso si sus
condenas fueron anuladas.
El propósito del asilo es proteger a la gente de
la persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, opinión política o
afiliación a un grupo social particular, una categoría vagamente definida que
puede incluir a víctimas de violencia de pandillas o violencia de pareja.
Según las disposiciones propuestas, los
pandilleros no deben ser considerados parte de un grupo social si alguna vez
fueron reclutados por pandillas o han sido blanco de pandillas, o si viven en
un país con violencia generalizada. La definición de “opinión política” también
tiene una interpretación más estricta.
Los detractores de Trump tienen la esperanza de
que el mandatario tropiece con la Ley de Procedimientos Administrativos,
promulgada en 1946 como un contrapeso al poder presidencial luego de que el
presidente Franklin D. Roosevelt implementó el “New Deal” (Nuevo Trato).
Se trata de un amplio conjunto de programas de
asistencia social. La ley requiere que las agencias den explicaciones razonadas
de sus acciones y se abstengan de proceder de manera “arbitraria y caprichosa”.
Según el Instituto de Integridad de Políticas de
la Escuela de Derecho de la Universidad de Nueva York, el gobierno de Trump ha
ganado sólo 11 de 99 impugnaciones en tribunales relacionadas con sus cambios
regulatorios, y más de la mitad de las que ha perdido han sido en temas
ambientales.
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