La diputada del Partido del Trabajo (PT), Mónica Silva, presentó este miércoles una iniciativa llamada “Ley Monzón”, que busca suspender la patria potestad de menores a un padre vinculado a proceso por feminicidio o tentativa de feminicidio.
En redes sociales la legisladora indicó que su iniciativa era en honor a Cecilia Monzón, una abogada asesinada en mayo del presente año por su entonces pareja, el excandidato del PRI a la gubernatura de Puebla, Javier López Zavala, según investigaciones.
“Ceci, te quedaste en las voces de todas las mujeres que luchamos y hoy esta iniciativa va por ti y por todas las mujeres que han perdido la vida a manos de un feminicida”, indicó durante la sesión de Comité Permanente celebrada este miércoles.
Helena Monzón, hermana de Cecilia, externó su postura en redes sociales y llamó a que la mayoría del pleno del Congreso de Puebla aplique perspectiva de género ante la iniciativa.
“Tengo plena convicción de que esta iniciativa liberará a las infancias de los círculos de violencia a los que les ata la ley actualmente”, agregó la también abogada.
Esta iniciativa va por ti @monzon_cecilia, y por todas las mujeres que han perdido la vida a manos de un feminicida, porque quienes nos quedamos en la lucha, promoveremos acciones a favor de las niñas, niños y adolescentes a quienes un cobarde feminicida ha dejado sin sus madres. pic.twitter.com/luAs5bdzjM
— Mónica Silva (@msilvaruiz) July 20, 2022
El mes pasado el excandidato del PRI a la gubernatura de Puebla, Javier López Zavala, su sobrino Jair ‘N’ y el exdelegado de la SRE en Puebla, Santiago Bárcena Álvarez, fueron vinculados a proceso por su presunta responsabilidad en el asesinato de la abogada Cecilia Monzón, ocurrido la mañana del pasado 21 de mayo en San Pedro Cholula.
López Zavala y Bárcena comparecieron ante un juez de San Martín Texmelucan, quien determinó su vinculación a proceso y mantuvo la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. El primero permanece recluido en el penal de San Pedro Cholula, mientras que el segundo en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de San Miguel, en la capital poblana.
El juez concedió a la Fiscalía de Puebla un plazo de cuatro meses para que realice la investigación complementaria.