“Este mecanismo se creó para facilitar a las empresas los trámites de contratación de servicio, pero se deformó, se echó a perder”, expresó el presidente.
La reforma en materia de subcontratación buscará poner orden en todo lo relacionado con el outsourcing, el cual ha sido utilizado como una forma de defraudación fiscal y, sobre todo, como un mecanismo para afectar a los trabajadores, porque de esta manera los despiden a fin de año masivamente y no les reconocen sus derechos laborales fundamentales, como el aguinaldo o reparto de utilidades, señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Este mecanismo se creó para facilitar a las empresas los trámites de contratación de servicio, pero se deformó, se echó a perder. Hay despachos que se dedican a estas actuaciones, a estos procedimientos que tienen miles de trabajadores”, dijo en conferencia matutina.
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La iniciativa está integrada por modificaciones y armonización de Ley Federal del Trabajo, Ley del Seguro Social, Ley del Infonavit, Código Fiscal, Ley del ISR y Ley del IVA, explicó Luisa María Alcalde Luján, secretaria del Trabajo y Previsión Social.
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La propuesta, indicó, consiste en regular tres figuras:
Subcontratación de personal: se prohíbe la subcontratación de personal que consiste en que una persona física o moral proporcione o ponga a disposición trabajadores propios en beneficio de otra.
“No puede haber empresas que simulen sus relaciones laborales y que cuenten con trabajadores contratados por otros”, apuntó.
Servicios especializados y obras especializadas: se permite y se regula la prestación de servicios especializados u obras especializadas que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica de la beneficiaria de los mismos.
“Se va a requerir para ello una autorización de la STPS y formarán parte de un padrón público disponible para cualquier ciudadano”, precisó.
Agencias de colocación: podrán intervenir en el proceso de contratación, es decir, con lo que tiene que ver en el reclutamiento, selección, entrenamiento o capacitación.
“En ningún caso, el intermediario se considerará patrón ni podrá contratar en sustitución”, expuso.
Alcalde Luján sostuvo que se prevén sanciones más severas para las empresas que incumplan, ya que se procederá por el delito de defraudación fiscal, no se permitirá que deduzcan impuestos y se impondrán multas a todas las empresas que infrinjan.
“Partimos del principio de que el trabajo es un derecho y deber social, no es una mercancía. Por eso proponemos una reforma integral en beneficio de trabajadores, empresas que sí cumplen, institutos de la seguridad social y la hacienda pública”, argumentó.
En la pantalla de Palacio Nacional mostró la gráfica del comportamiento del empleo y comentó que las prácticas de estas empresas consisten en dar de baja a los trabajadores en diciembre y recontratarlos a finales de enero o inicios de febrero, para no generar antigüedad y no adquirir derechos, con lo que se rompe la continuidad de la relación laboral.
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Ejemplificó que en diciembre de 2018 la caída fue de 378 mil 560 trabajadores y en diciembre de 2019 fue de 382 mil 210 trabajadores.
“En la reforma laboral 2012, se introdujo la figura de la subcontratación con restricciones que no funcionaron, por lo que se ha exponenciado el abuso de la figura”, enfatizó.
La funcionaria federal dijo que según datos oficiales, hoy en día hay cerca de 4 millones 600 mil trabajadores en este esquema. No obstante, dijo que uno de los principales problemas del outsourcing es que no se tiene registros claros, por lo que se considera que esa cifra es menor a la real.
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Refirió que con base en cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el crecimiento anual de este esquema es de 200 mil trabajadores subcontratados, la mitad del personal subcontratado labora para empresas grandes y las industrias manufacturera, turismo y otros servicios concentran la mayoría de la subcontratación.
Agregó que desde el día uno del actual Gobierno Federal se conformó un grupo interinstitucional, integrado por STPS, SAT, Infonavit, Procuraduría Fiscal, UIF e IMSS. A través de este se han realizado siete megaoperativos de inspección a empresas preponderantes con esquemas de subcontratación y 4 mil 709 inspecciones en todo el país.
También se han detectado mil 200 empresas con esquemas de subcontratación ilegal y 862 mil 489 trabajadores con probables afectaciones a sus derechos laborales.
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El primer mandatario anunció que la iniciativa se enviará este jueves a la Cámara de Diputados.
“Lo que pasa en diciembre es la prueba fehaciente de cómo maniobran para no cumplir con las obligaciones laborales, cómo afectan a los trabajadores y a la hacienda pública. No es posible que se vienen creando empleos, pero en diciembre, y esto viene de tiempo atrás, se caen los empleos”, externó.
“Es un abuso a una ley que se creó aceptando sin conceder para facilitar los trámites a las empresas que se dedicaran a producir y que no se desgastaran en los trámites laborales, pero se abusó. También es importante decir que hay muchas empresas que cumplen, no se puede generalizar. Este fenómeno está orientado, se detecta en las grandes empresas, no en las medianas y pequeñas. Vamos a ordenar esta situación, este es el fundamento”.