LIMA — El presidente peruano Martín Vizcarra sobrevivió el viernes a un proceso de destitución impulsado por el Parlamento que derivó en una crisis política en medio de la pandemia del coronavirus.
Con 78 votos en contra, 32 a favor y 15 abstenciones, Vizcarra continuará dirigiendo el país hasta el 28 de julio de 2021, cuando entregará el mando al nuevo presidente que será elegido en abril. Se necesitaban 87 votos a favor para obligarlo a dejar el puesto.
Los analistas consideran que la imagen de Vizcarra, de guerrero impulsor de la lucha anticorrupción, quedará magullada y su calvario no culminará en sus últimos 10 meses de gobierno.
En la mañana Vizcarra asistió al Congreso y se disculpó por la crisis desatada por unos audios grabados por su asistente, pero dijo que no cometió ningún delito que justifique destituirlo.
El mandatario de 57 años se mostró dispuesto a ser investigado desde ahora por la fiscalía, pese a que la ley protege a los presidentes, quienes sólo pueden serlo luego de culminar su mandato.
“Lo único ilegal, que está comprobado hasta ahora, es la grabación clandestina”, dijo Vizcarra a los legisladores. “La gestión de la pandemia y la reactivación económica no pueden estar en suspenso”.
Perú.
Los audios fueron grabados por su exasistente Karem Rojas, y en ellos se escucha a Vizcarra coordinar con ella y otra funcionaria una estrategia de defensa para aclarar cuántas veces un amigo suyo, el músico Richard Cisneros, lo había visitado. Cisneros está siendo investigado por recibir casi $50,000 por contratos cuestionables con el Ministerio de Cultura por diversas actividades, entre ellas charlas motivacionales.
El audio fue difundido hace ocho días en el Parlamento por Edgar Alarcón –un legislador investigado por enriquecimiento ilícito–, y poco después Vizcarra ya estaba inmerso en un proceso para destituirlo que ha sido criticado por inoportuno en uno de los países más golpeados por la pandemia.
El abogado del presidente, Roberto Pereira, dijo después en el Parlamento que aún no habían sido corroboradas las acusaciones de los legisladores de que el mandatario habría mentido en su vinculación con Cisneros o que habría usado el poder del Estado para evitar ser investigado.
Los familiares despiden a sus seres queridos con carteles en las calles.
Durante el debate varios legisladores criticaron a Vizcarra de no asumir responsabilidades y exigieron que se forme una comisión investigadora multipartidista. Numerosos congresistas también dijeron que no podían apoyar el proceso de destitución, rápido y lleno de defectos, debido a que no se había realizado una investigación previa que haya llegado a conclusiones.
“No es el momento de proceder con un juicio político que añadiría aún más problemas a la tragedia que estamos viviendo”, manifestó el legislador Francisco Sagasti.
El primer ministro Walter Martos dijo a la radio local RPP que había conversado con los líderes de tres partidos importantes antes de la votación de destitución. No quiso brindar sus nombres.
La capacidad para impulsar la agenda anticorrupción que caracteriza el mandato de Vizcarra podría verse aún más comprometida si se comprueba que estuvo implicado en tráfico de influencias.
“Su credibilidad para llevar a cabo esa agenda ya es problemática”, dijo Jo-Marie Burt, investigadora del centro de estudios The Washington Office on Latin America (Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos).
Alonso Cárdenas, profesor de políticas públicas en la Universidad Antonio Ruíz de Montoya en Lima, dijo que el presidente debe “guardarse en sus cuarteles de invierno, dejar el protagonismo a los ministros hasta que finalice su gobierno”.
Vizcarra asumió la presidencia en 2018 tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, presionado por el Congreso después de conocerse la existencia de pagos no revelados por un importe cercano a los $782,000 a su firma privada de consultoría de parte de la constructora Odebrecht, la cual está en el centro de un escándalo de corrupción que salpica a toda América Latina.
Odebrecht admitió haber pagado unos $800 millones en sobornos a funcionarios en toda Latinoamérica, y casi todos los expresidentes peruanos vivos han sido implicados en la trama.
Vizcarra, que en ese momento era vicepresidente y fungía como embajador en Canadá, es ingeniero civil y era considerado un novato desconocido en política. Pero ha logrado convertirse en un presidente muy popular, y recientemente alcanzó un índice de aprobación del 57% en un sondeo a pesar de la crisis económica por la pandemia y la elevada tasa de contagios.
Muchos peruanos lo consideran un líder sincero que se ha enfrentado a la corrupción, destituyendo al Congreso el año pasado en una medida osada aclamada por la ciudadanía como una victoria contra una clase política deshonesta. Además, impulsó iniciativas para reformar el proceso de elección de los jueces e impedir que políticos con antecedentes delictivos aspiren a un cargo público.
“Es el único presidente que sin mucho poder se ha enfrentado a los sinvergüenzas que han robado siempre”, dijo Pedro Quispe, un profesor jubilado que vendía mascarillas recientemente.
Según Steve Levitsky, politólogo de la Universidad de Harvard, Vizcarra ha dado “algunos pasos modestos hacia adelante” en lo relativo a la corrupción. “No ha sido capaz de llevar a cabo toda la reforma política que él y sus aliados esperaban”, apuntó. “Pero la corrupción en los países de ingresos medios nunca se ha eliminado en una única presidencia”.
Vizcarra, que gobierna sin bancada parlamentaria, preside un país en el que la pandemia sigue avanzando sin control y la contracción económica ha dejado a millones de personas en la pobreza.
Hasta el viernes Perú ha reportado 750,098 contagios y 31,146 fallecidos a causa del coronavirus, según el Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins. Es el quinto país el mundo con más contagios.
“(Vizcarra) está muy aislado, muy solo”, dijo Burt. “Realmente, no creo que nadie esté ganando con esta situación”.