“Economías locales están viendo cómo la desaceleración se convierte cada vez más en parálisis por falta de recursos”: Francisco Cervantes, presidente del organismo
El Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, que deberá aprobarse antes del próximo 15 de noviembre, requiere tener los suficientes recursos de inversión física para impulsar la creación de infraestructura, porque de otra manera el país seguirá con la pérdida de competitividad, señaló la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin).
El presidente del organismo, Francisco Cervantes Díaz, señaló en un comunicado que los industriales saben bien de los limitados ingresos del gobierno federal, pero “lograr las metas de bienestar y generar los suficientes empleos pasa necesariamente por la ejecución lo más cuantiosa y eficaz del gasto de inversión física del gobierno federal”.
Destacó que los gobiernos estatales “están secando sus economías, ya no se diga los municipios, lo cual es preocupante porque las economías locales están viendo cómo la desaceleración se convierte cada vez más en parálisis por falta de recursos”.
Por lo anterior, dijo, “es indispensable privilegiar el gasto productivo, el que genera empleos formales con seguridad social”.
Propuso por ello apoyar a los diputados para que se reasignen por lo menos 100 mil millones de pesos a la Propuesta del Presupuesto de Egresos para 2020, recursos que se destinarían a infraestructura, vivienda, educación, salud y al apoyo de la agricultura por contrato.
Para el resto de 2019, se debe revisar el grave subejercicio que se estima en el orden de los 200 mil millones de pesos, ya que ese dinero se debe ejercer, incluso propuso penalizar en el Presupuesto del siguiente año el subejercicio como acto de omisión o negligencia.
Además, Cervantes Díaz argumentó que se debe crear una vía eficaz en lo que se refiere a los trámites por los que deben pasar los proyectos privados de inversión, porque “la burocracia en los tres órdenes de gobierno está inhibiendo la inversión”.
Consideró que sería positivo establecer en el presupuesto una Política Pública de Inclusión Regional, para que a los proyectos de infraestructura (sean concesiones o APP’s), se les reconozca una preferencia de por lo menos 30 por ciento del valor total de la inversión de cada proyecto a las empresas locales y de la región, sin permitir la subcontratación.
Concluyó que estas medidas, de ser aplicadas con efectos inmediatos, significarían un fuerte alivio a la economía y mandarían buenas señales para reforzar el lugar de México como un atractivo destino de inversión.