El nuevo curso empieza teñido por la urgencia de elaborar y aprobar un presupuesto para 2021. El declive inicial de los vetos cruzados entre Ciudadanos y Podemos, la promesa de estabilidad del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a los empresarios, y su primera ronda de contactos, así lo indican. Y es lo que toca, pues en un mes debe aprobarse el marco presupuestario, y el 15 de octubre debe presentarse a Bruselas el programa de reformas con el que activar la absorción progresiva de los 140.000 millones de euros del plan de recuperación económica europea. No hay tiempo para frivolidades ni obstruccionismos.
El año 2021 debe ser el primero de varios ejercicios dedicados a la reconstrucción de sectores muy dañados (turismo), incluido el rescate social, a recomponer el nivel del PIB perdido en la pandemia, a aprovechar los flujos europeos y a emprender reformas sustanciales que hagan sostenible el crecimiento para impedir que en crisis futuras este país vuelva a exhibir récords de desempleo. Sería un dislate fiar esas tareas a una cuarta edición de los presupuestos para 2018, pues no resultarían eficaces para abordar una etapa expansiva, los novísimos gastos y el encaje de las ingentes transferencias europeas.
Pero si los gastos necesarios se antojan evidentes, resulta igualmente urgente que el Gobierno explicite y detalle las líneas maestras de los ingresos, particularmente la cuestión impositiva. Sánchez ha asegurado con tino que una eventual subida de impuestos enmarcada en una reforma fiscal debe retrasarse hasta la recuperación del PIB prepandemia, hasta 2022 o, probablemente, 2023, por una sencilla razón: lo que importa ahora es dar oxígeno, y no asfixiar, a las empresas y sectores en dificultades (casi todos), lo que agravaría la recesión. Más bien habrá que continuar proporcionando alivios sectoriales individualizados. Por fortuna, el plan europeo proporcionará la liquidez suficiente para evitar recortes y sostener un presupuesto expansivo, lo necesario para contrarrestar la crisis. Empeñarse en lo contrario por imperativo de clichés históricos o un anclaje extemporáneo en la interpretación rigorista de un pacto de coalición que la realidad ha desbordado sería suicida.
Así que los eventuales retoques fiscales deben ser selectivos, y atenerse al criterio esencial de que no yugulen la recuperación, cuyos perfiles iniciales serán sin duda débiles y contradictorios. Eso no coarta necesariamente la intención de establecer las previstas figuras a las transacciones financieras y a las multinacionales tecnológicas, ni a enmendar algunas de las exenciones o desgravaciones actuales. Pero sí debe descartarse todo aumento generalizado de tipos. Es imprescindible que incluso el menor retoque pase por el cedazo auditor de la Autoridad Fiscal independiente, de manera que esta pueda alertar de sus eventuales efectos colaterales inconvenientes.
La primera conversación al respecto de Sánchez con el líder del PP, Pablo Casado, se saldó con el (previsto) mal resultado, la negativa de este a apoyar cualquier presupuesto. Pero eso no debe impedir que el Gobierno persista en su labor de convencimiento para conseguir al menos su abstención. Mucho mejor auspicio trajo el encuentro con la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas. Pero como la cuestión impositiva es también clave para estos y otros partidos (como el PNV), cuanto antes se aclare su horizonte, más bazas habrá para un acuerdo suficiente.
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