Primer año de gobierno: política social y cambio político | Artículo

Rogelio Muñiz Toledo

“La cuestión del desarrollo de un Estado fiscal y social en el mundo emergente adquiere una importancia capital para el provenir del planeta”: Thomas Piketty*

El cambio de régimen propuesto por el presidente López Obrador ha avanzado muy poco en su primer año de gobierno e incluso se advierten riesgos de retroceso en materia de derechos y de regresión autoritaria en relación con los equilibrios de poder y con la institucionalidad del sistema político.

De las siete reformas constitucionales aprobadas durante el actual gobierno, solo dos amplían derechos (paridad de géneros -fundamental para lograr la igualdad sustantiva- y reconocimiento de los pueblos y comunidades afromexicanas como parte de la composición pluricultural de la nación); tres representan retrocesos en materia de derechos (extinción de dominio, guardia nacional y prisión preventiva oficiosa); una tiene contenido social, pero también elementos cuestionables en materia de la calidad de los servicios de educación (educativa) y solo una modifica el régimen político (consulta popular y revocación de mandato).

Sin embargo, durante el primer año del gobierno del presidente López Obrador hay un tema en el que existe un avance significativo en el proceso de cambio: la redefinición de la política social y el intento de construir un sistema de bienestar social.

Por la reorientación del gasto público en el presupuesto de egresos para incrementar significativa y progresivamente la inversión en bienestar social en 2019 y 2020 y por la iniciativa de reforma constitucional presentada esta semana para institucionalizar un aspecto fundamental del cambio en esta materia (derechos a la salud y a la educación) y para reconocer derechos sociales de grupos que requieren atención prioritaria (personas con discapacidad, adultos mayores y estudiantes), podríamos estar asistiendo, en el mediano plazo, al establecimiento de un sistema de bienestar cuyas características definitorias estarían aún por determinarse, pero que de consolidarse podría ser la mayor contribución de este gobierno al cambio social en el país.

La construcción de un Estado de Bienestar solo será posible a partir de dos premisas: el establecimiento de un sistema integral de bienestar -para ello es necesario comenzar por rediseñar la política social para pasar de un conjunto de programas de gobierno a una política de Estado- y la aprobación de reformas constitucionales para que la prestación de los servicios de educación y salud, la implementación de sistemas generales de cuidados y de alimentación y de programas de vivienda y la instrumentación de programas sociales de carácter universal dirigidos a lograr una más justa distribución del ingreso y a elevar progresivamente los niveles de bienestar de toda la población y erradicar la pobreza, sean la materialización de derechos reconocidos en la Constitución y estén soportados fiscalmente para que puedan ser garantizados presupuestalmente.

Los presupuestos de egresos de 2019 y 2020 garantizan la implementación y la progresividad de políticas y programas de bienestar dirigidos a hacer efectivo el ejercicio de derechos de personas que requieren atención prioritaria para superar las condiciones de exclusión y discriminación que enfrentan, debido a la desigualdad estructural y a la injusta distribución del ingreso en el país.

La única crítica fundada a la implementación y ejecución de estos programas sociales apunta hacia los riesgos del uso discrecional de los recursos destinados a ellos -sobre todo cuando se trata de transferencias monetarias directas- y a su posible utilización con fines electorales o para crear clientelas políticas, debido a la falta de reglas de operación y de padrones de beneficiarios en muchos de los programas del actual gobierno.

Durante 2019 importantes programas sociales del gobierno federal se ejecutaron sin reglas de operación. Gracias a la presión de la sociedad civil esta situación se corregirá para el ejercicio fiscal 2020. El próximo año sesenta y tres programas sociales -trece más que en 2019- deberán contar con reglas de operación y con padrones de beneficiarios publicados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en formato de datos abiertos, y la Cámara de Diputados emitirá opinión sobre las reglas de operación, con lo que se podrá contar con mecanismos de control social y parlamentario sobre los instrumentos de ejecución de una parte muy importante de gasto social del gobierno.

A partir de 2020 los seis programas sociales más importantes de este gobierno, que implican una erogación muy superior a los 200,000 millones de pesos, deberán ejecutarse con reglas de operación y padrones públicos: Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores; Programa de Becas de Educación Básica; Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente; Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior; Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida. En 2019 solo existía la obligación legal de que los dos primeros tuvieran reglas de operación.

El lunes pasado el presidente López Obrador envió a la Cámara de Diputados una iniciativa para reconocer a nivel constitucional los derechos de las personas que no cuentan con seguridad social, a que el Estado les garantice la progresividad de su derecho a recibir servicios de salud de calidad; de las personas con discapacidad permanente, a recibir un apoyo económico; de los adultos mayores, a contar con una pensión no contributiva a partir de los 68 años -incluida la acción afirmativa en favor de los indígenas para recibirla a partir de los 65-; y de los estudiantes de todos niveles escolares, pertenecientes a familias en condiciones de pobreza, a obtener una beca para garantizar, con equidad, su derecho a la educación.

De aprobarse esta reforma, cuyo contenido podrían ser enriquecido en el Congreso por la mayoría y las minorías parlamentarias, estaríamos dando un paso fundamental en la construcción de un sistema general de bienestar e inclusión social para avanzar en los objetivos de erradicar las desigualdades estructurales y la pobreza y de garantizar una vida digna a todas las personas, lo que podría significar el inicio del camino hacia la construcción de un Estado de Bienestar.

Si bien en materia de cambio del régimen político se ha avanzado muy poco y ni el programa del gobierno ni las agendas legislativas de las mayorías parlamentarias permiten trazar una ruta que nos señale con certeza hacia dónde se dirige el cambio político que propone el presidente de la República, ni mucho menos cuáles son los elementos del régimen que se propone modificar ni cuáles serían las características del nuevo régimen y, por el contrario, desde el poder se reproducen valores, reglas y roles de comportamiento político y de ejercicio del poder, de corte autoritario y antidemocrático, parece que en materia de bienestar social sí podría haber avances en el imperativo de lograr un cambio social de gran calado.

* Economista francés especializado en temas de desigualdad y redistribución de la riqueza.

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