Los partidos catalanes pusieron este viernes el turbo a sus respectivas campañas con la incógnita de la fecha electoral despejada. La llegada de los políticos independentistas presos a los mítines, después de confirmarse su régimen de semilibertad, y la publicación del CIS catalán (que pronostica un triunfo para ERC, seguido de Junts y el PSC) también sirvieron de combustible para una carrera anímicamente afectada por las restricciones de la pandemia.
La decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de mantener el calendario y anular definitivamente el decreto del Govern que movía las elecciones de febrero a mayo no cayó como un jarro de agua fría sobre el Ejecutivo catalán y los partidos. Desde que, la semana pasada, los magistrados optaron por mantener de manera cautelar el 14-F, ya se trabajaba con la idea de esa fecha.
El TSJC avanzó este viernes el fallo, pero no la sentencia íntegra, que se hará pública el lunes. La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo se había dado como fecha límite para decidir hasta el 8 de febrero, seis días antes de la cita con las urnas y en plena campaña. Pero la “buena fe procesal” de las partes, informó el tribunal en una nota, permitió disponer de todos los escritos antes de tiempo y poder adelantarlo.
La decisión de los magistrados no es firme y puede aún recurrirse ante el Supremo. Pero en ese caso el recurso “no sería suspensivo de la ejecución de la decisión adoptada”, y las elecciones se celebrarían igualmente el 14-F. Un pulso jurídico que la Generalitat no piensa mantener en lo inmediato para “no añadir más incertidumbre”, según explicó este viernes el consejero de Acción Exterior y encargado del operativo electoral, Bernat Solé. Hasta no conocer el texto de la sentencia, añadió, no decidirán qué hacer a medio plazo.
El Govern insiste en que está ante una nueva intervención de la justicia en la vida política catalana y que esta busca favorecer las opciones del candidato del PSC, Salvador Illa. Dentro del Ejecutivo siguen convencidos de que es un error realizar las elecciones con 600 personas en la UCI y calibran el discurso para animar la participación y al mismo tiempo insistir en la necesidad de mantener a raya los contagios.
“Jueces, Estado y PSOE imponen el 14-F en plena tercera ola y contra las recomendaciones sanitarias”, lamentó en Twitter el president en funciones y candidato de ERC, Pere Aragonès. Para los republicanos es evidente que hay una “operación de Estado” para intentar afectar los resultados y beneficiar a los socialistas.
La presencia de algunos de los políticos presos, este viernes, en los mítines —fue el primero en el que Oriol Junqueras participó presencialmente desde 2016— inyectó energía a las respectivas campañas. También a los contrincantes, que ven munición para cargar contra el independentismo. “Los líderes del procés salen de la prisión simplemente porque la llave de la cárcel la tienen los amigos de los que están en prisión, los señores de ERC”, afirmó la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, durante un encuentro telemático con los medios.
El efecto Illa se midió este viernes al efecto presos. Una situación especialmente vivificante para los republicanos. A diferencia de Junts per Catalunya, cuyo candidato Carles Puigdemont participa casi a diario en los mítines, el líder de ERC Oriol Junqueras carecía de voz desde la prisión. Su reaparición, ayer en Badalona junto con Raül Romeva, añadió más optimismo que los resultados del CEO, el CIS catalán, que da el triunfo a Aragonès. “ERC es el partido más reprimido de la historia. La mejor manera de devolvérsela [al Estado] es ayudar a la gente”, defendió un excitadísimo Junqueras, que tampoco dudó en cargar contra Junts: “Es mejor ser más que menos y más puros”.
Los exconsejeros Jordi Turull y Josep Rull entraron de lleno en campaña con Junts. “Hemos pasado de la castración física a la castración química. Ante eso, reacción o resignación”, dijo Turull, pidiendo la movilización del independentismo el 14-F. Un destello que está en manos de la justicia, una vez más, pues la Fiscalía piensa recurrir el tercer grado penitenciario que la Generalitat otorgó a los líderes del procés. Rull no dudó ayer en sostener que la Fiscalía “depende” del Gobierno y que les quieren “cambiar su manera de pensar”.
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