“La transformación más radical en nuestro país sería tener la intención de construir un Estado de Bienestar auténtico que busque acabar con la excesiva riqueza, condición necesaria para eliminar la excesiva pobreza”, señala Araceli Damián.
Por Araceli Damián
Rumbo a su primer informe de gobierno el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha difundido un promocional sobre los logros en su administración en el que afirma ser un hombre de palabra porque no ha aumentado los impuestos, la luz, el gas, el diésel, las gasolinas y tampoco la deuda pública, pero en cambio, lo que aumentó, afirma, “fue el salario mínimo, 16 por ciento, lo que no había sucedido en 36 años”.
Hoy inicia la campaña de difusión que, de conformidad con la ley, se puede llevar a cabo para informar a los mexicanos sobre las acciones del gobierno federal. En 30 segundos resumo lo económico. pic.twitter.com/oWr8z4TA36
— Andrés Manuel (@lopezobrador_) August 25, 2019
Efectivamente, todo ello ha sucedido en los últimos meses, sin embargo, valdría la pena hacer algunas precisiones a fin de conocer el efecto de esos logros en el bienestar de la población. En primer lugar, los pobres por lo general no pagan impuestos o pagan muy poco. A quien más beneficia el que no hayan aumentado los impuestos es a los empresarios. Por un lado, es necesario resaltar que además de que los trabajadores asalariados pagan más impuestos que los empresarios1, en México estos trabajadores pagan más impuestos que sus homólogos en otros países2, por tanto, una política redistributiva debería aumentar impuestos a las ganancias y reducir los que pagan los trabajadores, sobre todo de los asalariados pertenecientes a las clases medias. Por lo que a final de cuentas no aumentar impuestos beneficia en mayor medida a quienes más tienen.
Por otra parte, el gobierno federal ha apostado a aumentar la recaudación mediante la reducción o eliminación de los créditos, las exenciones y la evasión fiscales. Sin embargo, las previsiones de crecimiento económico son menores a las consideradas en la Ley de Ingresos 2019, por lo que el gobierno ha anunciado una baja en el monto esperado de recaudación.3 Esto significa que habrá menos recursos para atender los proyectos prioritarios y los programas sociales, situación que se hará más aguda, considerando que el Presidente también anunció como otro de sus logros el no haber aumentado la deuda. Ambas situaciones representan medidas pro cíclicas, que tendrán efectos negativos en el crecimiento de la economía, ya que se busca mantener un déficit fiscal igual a cero o positivo, lo que mantendrá estancado el crecimiento y el empleo.
En lo que respecta al logro en materia de mantener el precio del diésel y las gasolinas, es importante resaltar que los pobres utilizan sobre todo transporte público y éste aumentó 2.2% de diciembre de 2018 a julio de 2019, según datos del INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía); en cambio, el costo del transporte privado sólo aumentó 0.59% en el mismo periodo, por lo que el mantenimiento del precio de esos combustibles favoreció sobre todo a las clases altas y medias que son las que más consumen estos bienes.
Por otra parte, es verdad que el precio de la luz y el gas no sólo no aumentaron, sino que según el INEGI los precios de ambos se redujeron. Ello es benéfico para toda la población, pero para que este logro se vea reflejado en mayor bienestar, otros productos deben mantener su precio a fin de que el gasto de los hogares más pobres se fortalezca. Considerando que dicha población destina una mayor proporción de su gasto en alimentos, para que mejore el bienestar de los más pobres se requieren dos condiciones: 1) que el aumento del salario anunciado por el Presidente se haga efectivo y, 2) que el poder adquisitivo de la población se vea en consecuencia favorecido, sobre todo para los de más bajos ingresos.
Detectamos un primer problema: el mercado laboral es “terco” y los empresarios se resisten a hacer efectivo el aumento del salario mínimo, al menos en la proporción que propuso el Presidente. Según la ENOE (Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo) entre el 2º trimestre de 2018 y el mismo trimestre de 2019, el porcentaje de los trabajadores subordinados que ganaban menos de un salario mínimo creció de 8 a 11%, de igual forma, el de los que ganan hasta dos salarios mínimos pasó de 31% a 37%, lo que significa que la vara con la que se mide el número de trabajadores ganando el mínimo aumentó, pero no necesariamente el salario de los más pobres.
De igual forma, según datos del Coneval (Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social) en relación al índice de precios de los alimentos, el ingreso laboral promedio per cápita sólo aumentó 1.5% del último trimestre de 2018 al segundo de 2019, un efecto muy bajo si consideramos que el salario mínimo creció en 16%, de acuerdo con lo propuesto por el Presidente. Es importante considerar que la caída del ingreso laboral per cápita promedio desde 2005 es de aproximadamente 24%, por lo que se requieren aumentos no sólo al salario mínimo sino al salario promedio de los trabajadores para recuperar el poder adquisitivo de quienes menos tienen.
El Presidente de la República también anunció como uno de sus logros el estar “entregando más apoyo a la gente humilde a la gente pobre”. Uno de los principios en materia social de la Cuarta Transformación es que la población más pobre cuente con recursos, aunque sean escasos, de manera continua y, para algunos grupos poblacionales de manera universal, como sucede con la pensión alimentaria de adultos mayores o el de las becas para los estudiantes de preparatoria. Sin embargo, los montos son muy bajos y están alejados a lo que una persona requiere para vivir de manera austera pero digna. Lo anterior, sin contar que se han reportado problemas serios en la implementación de los programas sociales, con retrasos importantes durante este primer año de gobierno.4
Desde mi punto de vista, la transformación más radical en nuestro país sería tener la intención de construir un Estado de Bienestar auténtico que busque acabar con la excesiva riqueza, condición necesaria para eliminar la excesiva pobreza. Históricamente en México el principio revolucionario de “justicia social” se limitó al acceso universal a la educación básica, quedando muy rezagados los demás derechos para la mayoría de la población, incluidos el de contar con un ingreso digno, con servicios de salud, seguridad social y vivienda adecuada. Por ello, hace falta detener el deterioro y la regresividad de estos derechos iniciados con el neoliberalismo, sin embargo aun no se fijan políticas específicas para este fin en áreas como la seguridad social, el empleo y la vivienda, mientras que falta conocer si las propuestas, como la de salud universal, lograrán sus objetivos. Lo cierto es que apenas vamos en el primer año, pero aún así la cuenta regresiva ha iniciado.