“La presentación de la Iniciativa es un parteaguas en la vida democrática y en la construcción de la sustentabilidad en México, que merece y requiere el acompañamiento ciudadano amplio y la respuesta positiva de los legisladores”, escribe la coordinadora del Seminario Universitario de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones de la UNAM.
Por Leticia Merino
El pasado 4 de febrero de 2020, al inicio del cuarto periodo de sesiones de la LXIV legislatura, se presentó ante la Cámara de Diputados, la primera Iniciativa Ciudadana de Ley, hecho que marca un hito en la vida política del país, inaugurando la participación ciudadana en la producción de las leyes que nos rigen. El tema de esta iniciativa no puede ser más sensible y trascendente, se trata de una iniciativa de Ley General de Aguas, respaldada por las firmas de más de 198,000 ciudadanos, cuyas firmas serán validadas por el INE.
La Iniciativa es resultado de un proceso amplio y ejemplar de discusión y construcción en asambleas y reuniones en ejidos, pueblos, municipios y ciudades y con la participación de grupos y comunidades defensoras del agua, a lo largo del país, sostenido durante 8 años y liderado por la Coordinadora Nacional “Agua para [email protected], agua para la Vida”. Esta gran movilización busca revertir la grave crisis del agua en México, ocasionada por los abusos de los grandes concesionarios del agua, amparados por el sistema de concesiones que estableció la Ley de Aguas Nacionales vigente, publicada en 1992 en la antesala de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. A partir de esta ley las concesiones son administradas por la CONAGUA, institución que opera sin contrapesos, desconociendo los derechos constitucionales al agua de ejidos, pueblos y comunidades indígenas y el derecho humano al agua de buena parte de los mexicanos.
Hablar de crisis del agua en México implica referirse a la sobreexplotación de 108 cuencas y 115 acuíferos, a 60% de los ríos y lagos gravemente contaminados, a más de medio millón de concesiones de agua, miles en aguas nacionales y también miles en cuerpos de agua ubicados en los territorios de pueblos indígenas otorgadas por periodos de 30 años. Muchas de las concesiones han sido otorgadas a corporaciones mineras, de fracking, cerveceras e inmobiliarias, quienes tienen un acceso preferente al agua que viola el derecho humano al agua de pueblos y ciudades. La operación de la Conagua ha generado además una enorme desigualdad en el acceso al agua, con 70% de las aguas concesionadas en manos de 7% de los concesionarios millonarios del agua, que las más de las veces no pagan derechos, mientras 265 de las empresas del país descargan aguas residuales sin autorización.
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La Iniciativa Ciudadana propone diversas medidas para proteger y restaurar las cuencas y cuerpos de agua, frenando la sobrexplotación y la contaminación y frenando la privatización, privilegiando el derecho humano al agua y el uso del agua para la soberanía alimentaria y prohibiendo nuevas concesiones de agua para minería tóxica y fracking. También propone medidas para detener el acaparamiento y la impunidad de grandes usuarios y favorecer la igualdad: acortando el tiempo de las concesiones y condicionándolas al buen uso; concluir con la compra-venta y especulación con las concesiones y la modificación de las NOM; buscando también cerrar las puertas a la privatización de los recursos hídricos. Por último, propone medidas para una gobernanza democrática y participativa del agua, como condición fundamental para su gestión sustentable, que incluyen: el respeto a los derechos de ejidos, comunidades y pueblos indígenas, la co-administración del agua en los territorios; la democratización de los sistemas municipales y las comisiones estatales, así como el reconocimiento de los sistemas comunitarios del agua como sujetos de derecho y gestión del agua en manos de Consejos representativos, con la participación de contralorías sociales y defensorías del agua en los territorios.
La presentación de la Iniciativa Ciudadana de Ley General de Aguas es un parteaguas en la vida democrática y en la construcción de la sustentabilidad en México, que merece y requiere el acompañamiento ciudadano amplio y la respuesta positiva de los legisladores. El tema del agua nos importa y nos toca a todas y todos, esperamos en los próximos días ver una respuesta legislativa de la magnitud de la movilización ciudadana que el tema ha generado. Esperamos que este 2020 sea el año en el se cumpla el mandato pendiente de desarrollar la Ley General de Aguas, una ley al servicio del interés público, no del interés privado, como la ley vigente actualmente.
*Leticia Merino es coordinadora del Seminario Universitario de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones de la UNAM.