El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Mérida (Bádajoz) ha decretado la prisión provisional para cuatro de los cinco policías del grupo de Estupefacientes de la Policía Nacional de Mérida (Badajoz), detenidos el pasado miércoles por colaborar con una red de cultivo de marihuana. Un quinto agente ha quedado en libertad provisional. La causa, que está bajo secreto de sumario, se sigue, entre otros, por delitos contra la salud pública, pertenencia a organización criminal y omisión del deber de perseguir delito, señala en nota de prensa el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. El resto de personas que han declarado ante el titular ha quedado en libertad con medidas cautelares (retirada de pasaporte y obligación de comparecer en el juzgado).
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La investigación, con más de una veintena de detenidos entre los que también hay un miembro de la Guardia Civil destinado en Badajoz, que también ha sido enviado a prisión por el titular del juzgado número uno de Torrevieja, sigue abierta y las diligencias han sido declaradas secretas. Fuentes próximas a la investigación no descartan nuevas detenciones.
La operación proviene de una investigación iniciada hace casi dos años por un grupo ECO (equipo de Investigación Contra el Crimen Organizado) de Alicante que, al aumentar de dimensión, supervisó la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que se topó con los agentes presuntamente corruptos tanto en Mérida como en Torrevieja. Supuestamente los agentes facilitaban el tráfico de marihuana entre ambas ciudades o “hacían la vista gorda”, según apuntaron en su momento fuentes de la investigación, a la que se sumó posteriormente —y dado el cariz del caso— la unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional.
Ante el juzgado de Mérida fueron puestos a disposición judicial diez de los detenidos. El juez decretó prisión solo para los cuatro policías, dejando en libertad al resto con medidas cautelares, como la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer ante la autoridad judicial. A los enviados a prisión, el juez les atribuye, entre otros, un delito contra la salud pública y otro de omisión del deber de perseguir los delitos.
Por su parte, ante el Juzgado de Instrucción Número 1 de Torrevieja (Alicante) comparecieron ocho de los detenidos en esta operación, entre ellos el único guardia civil implicado y para el que el juez determinó el ingreso en prisión. El juez dejó en libertad a dos con medidas cautelares, según informaron a EFE fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), pero decretó prisión provisional, comunicada y sin fianza para los otros seis.
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