Francisco Javier Almeida López de Castro, detenido como presunto autor de la muerte de un niño el pasado jueves en Lardero (La Rioja), fue sometido desde el 8 de abril de 2020, cuando un juez le concedió la libertad condicional, a 16 “actuaciones de seguimiento” o entrevistas, la mayoría presenciales, a cargo de funcionarios de prisiones, según se recoge en su expediente penitenciario. Entre esos encuentros hay una visita realizada por trabajadores penitenciarios al piso de alquiler en el que vivía desde finales del año pasado y en el que presuntamente mató al pequeño Álex, según detallan fuentes penitenciarias.
Durante esas entrevistas, Almeida justificó que estaba cumpliendo las condiciones impuestas por el juez que ordenó su libertad condicional, y que incluían seguir unas reglas de conducta, residir donde había dicho que lo haría y comunicar cualquier cambio, buscar trabajo y, cada dos meses, acudir a la oficina del Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas de la prisión de Logroño, de la que iba a depender hasta 2023, fecha en la que se consideraría extinguida la condena de 30 años (de los que tenía que cumplir un máximo de 25) que se le impuso por el asesinato y agresión sexual, en 1998, de una agente inmobiliaria en la capital riojana.
Así, durante 2020, los trabajadores sociales y funcionarios de prisiones celebraron los cinco primeros encuentros, en los que Almeida comunicó que había encontrado trabajo en una empresa de limpieza así como un cambio de horario de su jornada laboral. También presentó justificantes de estar pagando la responsabilidad civil de 40 millones de pesetas (240.400 euros) a los familiares de la víctima de su anterior crimen, que se le impuso en aquella sentencia. A finales de ese año solicitó un cambio de domicilio. Hasta entonces había residido en el piso de sus padres (ya fallecidos) en Logroño y pidió poder mudarse a la vivienda de alquiler en la calle Río Linares, de Lardero, donde fue finalmente detenido. De aquella solicitud, los trabajadores penitenciarios informaron por escrito al juez, que la autorizó.
El control sobre Almeida se incrementó en 2021. Entre enero y septiembre, hubo otras 11 “actuaciones de seguimiento”. La duodécima iba a tener lugar este mes de noviembre. Durante esos encuentros, el presunto autor de la muerte del pequeño comunicó el cambio del número de teléfono que utilizaba, siguió presentando justificantes de estar haciendo frente a la responsabilidad civil y entregó copia de su contrato laboral, de las nóminas que percibía y del pago del alquiler de su nuevo domicilio. En este periodo, un funcionario de prisiones se presentó por sorpresa en la vivienda de Lardero para verificar que seguía cumpliendo los requisitos fijados por el juez. No detectaron nada sospechoso.
Fuentes penitenciarias señalan que el detenido ya fue sometido a medidas de control los dos meses anteriores a su puesta en libertad condicional, cuando alcanzó el tercer grado penitenciario o semilibertad, que le permitía acudir a prisión solo a dormir de lunes a jueves. Entonces, los trabajadores sociales y funcionarios de prisiones constataron que Almeida había iniciado una búsqueda activa de un trabajo y que, de hecho, se había inscrito como demandante en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). En aquellos dos meses que estuvo en este régimen abierto ya presentó justificantes de estar haciendo frente al pago de la indemnización a los familiares de la víctima de su crimen de 1998.
De haber detectado cualquier incumplimiento tanto durante los dos meses que estuvo en semilibertad como durante el año y medio que disfrutó de la libertad condicional, los funcionarios de prisiones hubieran informado al juez, que hubiera revocado el beneficio penitenciario a Almeida. Es lo que ocurrirá ahora, tras ser acusado de la muerte del menor. Eso significa que los 18 meses que ha pasado en libertad condicional no se le descontarán de la condena, recalcan fuentes jurídicas.
De la cárcel de El Dueso a la de Logroño
La libertad condicional del acusado del crimen de Lardero había sido la culminación de un proceso iniciado en febrero de 2020 en la prisión de El Dueso (Cantabria), donde Almeida había cumplido prácticamente toda la condena por el asesinato de 1998 en segundo grado penitenciario, y en el que había disfrutado de 39 permisos de salida sin registrar ningún incidente. La junta de tratamiento de esta prisión (un órgano interno integrado por profesionales penitenciarios) se mostró entonces, aunque no de manera unánime, contraria a mejorar su situación y concederle el tercer grado, al que él aspiraba. Almeida pidió entonces la revisión de aquella decisión e Instituciones Penitenciarias le dio la razón. La primera consecuencia de ello fue su traslado al centro penitenciario de Logroño, el más cercano a su núcleo familiar, para que pudiera ser efectivo el cambio al régimen abierto.
Tras este traslado, la junta de su nueva prisión volvió a evaluar la situación de Almeida y decidió elevar al juez de vigilancia penitenciaria de La Rioja la propuesta para dar un paso más y concederle la libertad condicional, al considerar que el recluso cumplía los tres requisitos fijados por el artículo 90 del Código Penal para acceder a ella: haber completado tres cuartas partes de su pena (lo había hecho en 2017), observar buena conducta y, precisamente, estar clasificado en tercer grado. Con la propuesta de la prisión, el juez pidió a la Fiscalía que emitiera un informe sobre la concesión de la libertad condicional y esta no se opuso. El magistrado dictó el 8 de abril del año pasado el auto en el que acordaba la excarcelación del recluso para cumplir los tres años de condena que aún tenía pendientes. Ese mismo día, Almeida abandonaba la cárcel de Logroño.
Él fue uno de los 3.654 reclusos a los que el año pasado se les concedió la libertad condicional, lo que representa una media de 10 al día, según las estadísticas de Instituciones Penitenciarias. Estos presos son controlados por trabajadores sociales de Instituciones Penitenciarias y por los llamados verificadores, una figura puesta en marcha en 2017 y que desempeñan funcionarios de prisiones. A comienzos de este año eran 63 para las cárceles dependientes de Interior —Cataluña y País Vasco tienen transferidas las competencias penitenciarias— y no todas las prisiones cuentan con ellos, aunque sí la de La Rioja. Fuentes sindicales denuncian que “el personal adscrito a esta función es claramente insuficiente”.
Source link