La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León confirmó que los dos principales implicados en las actividades ilícitas operadas a través de la cuenta de redes sociales denominada “Tía Paty” ya se encuentran formalmente vinculados a proceso por el delito de extorsión.
El caso, que ha llamado la atención de las autoridades cibernéticas, involucra a César “N” y Astrid “N”, quienes fueron detenidos el pasado 25 de marzo. Según los antecedentes de la investigación, el modus operandi de los acusados consistía en utilizar las redes sociales para difundir contenido difamatorio y, posteriormente, exigir pagos a las víctimas a cambio de retirarlo.
Además de estos cargos por extorsión, la Fiscalía investiga posibles vínculos de la pareja con esquemas de reclutamiento y suplantación de identidad.
Astrid “N” fue la primera en enfrentar la resolución judicial, al obtener un auto de vinculación a proceso y la medida cautelar de prisión preventiva en un Centro de Reinserción Social Femenil.
Por su parte, César “N” mantuvo su situación jurídica pendiente luego de que su defensa solicitó una ampliación del término y programó su audiencia para el 31 de marzo de 2026. Tras la reanudación de la audiencia y luego de que el Juez de Control analizó los datos de prueba aportados por el Ministerio Público, también se resolvió su vinculación a proceso.
Como consecuencia, César “N” deberá cumplir con la medida cautelar de prisión preventiva en un Centro de Reinserción Social Estatal. Para ambos imputados, las autoridades dictaron un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo durante el cual permanecerán recluidos.
Así funcionaba el esquema de Extorsión de La Tía Paty
La abogada Perla Calvillo Cantú fue víctima de esta red de extorsión y decidió denunciar ante las autoridades.
Según su declaración, el esquema contaba con una red de personas que participaban enviando fotografías y facilitando información personal a la cuenta para llevar a cabo las extorsiones.
Los responsables utilizaban la página para publicar mentiras y difamar a las personas mediante la invención de hechos.
Una vez que la información difamatoria estaba publicada, los responsables de la cuenta contactaban a las víctimas y les exigían fuertes sumas de dinero a cambio de retirar las mentiras de la red.
El esquema incluía la persecución y el acoso sistemático no solo contra la víctima principal, sino también contra su círculo cercano (padres, hijos y hermanos) para ejercer mayor presión.
Según su testimonio, se convirtió en un objetivo de este esquema tras negarse a participar y no estar de acuerdo con los delitos que se cometían en la página. Como consecuencia, sufrió seis meses de persecución. Además, le exigieron el pago de 400 mil pesos para dejar de molestarla a ella y a su familia.
Otra afectada fue Mallory Caballero, creadora de contenido de Nuevo León.
En sus redes comentó que una de las personas detenidas era su “amigo”, por lo que se sorprendió de conocer su involucramiento en el esquema.
Dijo que le arruinaron la vida tres años porque le inventaron chismes para extorsionarla.