La Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados aprobó un dictamen para considerar que comenten violencia económica contra las mujeres, quienes no participan en las labores domésticas y de cuidado, así como quienes no aportan en los gastos del hogar.
Presentada por la diputada Reyna Celeste Ascencio, y aprobara por unanimidad, propone agregar el siguiente párrafo a la fracción IV del artículo 6 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
“También constituye violencia económica, cuando el agresor, de manera injustificada, se desentiende de sus obligaciones familiares de aportar económicamente e, incluso, de realizar labores domésticas o del cuidado de las personas dependientes de la familia, y deja sola a la mujer afrontar tales cargas, así como los gastos necesarios para la preservación o, incluso, para el incremento del patrimonio familiar”.
Durante la sesión ordinaria, la diputada presidenta de la comisión, Julieta Vences Valencia, reiteró que la violencia económica es una de las formas más comunes de violencia.
Señaló que incluye toda acción u omisión que impacta de manera negativa en la economía de la víctima, en su independencia y autonomía financiera. Se manifiesta a través de limitaciones u omisiones para su desarrollo laboral y/o profesional, condicionamientos vinculados al género y la maternidad, la percepción de un salario menor por igual trabajo y la explotación laboral.
En el ámbito familiar, ocurre cuando el agresor controle el ingreso de sus percepciones económicas “e incluso de manera injustificada, se desentiende de sus obligaciones económicas de colaborar a realizar las labores domésticas o del cuidado de las personas que dependen de él”.
Según Vences, en algunos casos, aun cuando las mujeres cuentan con un trabajo, su pareja controla sus ingresos.
Apuntó que a las parejas e hijos también corresponden tareas del hogar y denunció que históricamente se ha relegado dichas actividades a las mujeres por roles culturales. Sin embargo, esto tiene diversos impactos, ya que algunas no cuentan con tiempo o dinero para acudir a servicios de salud física y mental.
A esto se sumó la diputada Irma Yordana Garay Loredo, quien subrayó el papel de la crianza para desarrollar adultos “sanos para la sociedad”. Recalcó que se sigue normalizando la violencia y que se realicen estas tareas sin remuneración, por lo que instó a quitar estereotipos.
Por su parte, Reina Celeste Ascencio afirmó que será un gran logro que se reconozca su trabajo no remunerado, ya que “se ha dejado generalmente siempre sola a la mujer” en los trabajos de cuidados.
A su vez, la legisladora Beatriz Rojas Martínez expresó que, cada que se revisa la ley en cuestión, encuentran que no se está cumpliendo ni se realizan “desde años” políticas públicas con perspectiva de género.
Ante esto, sostuvo que se tiene que editar para continuar especificando y visibilizando las diferentes formas de violencia.
Durante la sesión, las legisladoras también avalaron, con 3 votos a favor y 5 abstenciones, modificar el artículo 4, fracción IV, del mismo mecanismo, para agregar la palabra “autonomía”.
Este apartado indica que “los principios rectores para el acceso de todas las mujeres, adolescentes y niñas, a una vida libre de violencia, deberán ser observados en la elaboración y ejecución de las políticas públicas federales y locales”.
De esta forma, la redacción en dicha fracción quedó de la siguiente forma: “IV. La libertad y autonomía de las mujeres”.
Sobre esta, la diputada presidenta Julieta Vences Valencia recalcó que la autonomía es una precondición para ejercicio del derecho de mujeres, incluyendo la económica. Así la propuesta busca poner fin a este tipo de violencia e igualar las relaciones que actualmente son asimétricas entre géneros.
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