Diputadas y Senadoras de todos los partidos entregaron a la Cámara de Diputados la minuta de la Ley 3 de 3, que exigen no ser deudor alimentario para competir por cargos de elección popular o participar en el servicio público.
Con esta iniciativa, las diputadas impulsan elevar a rango constitucional la ley.
Durante conferencia de prensa, la presidenta de la Comisión de Justicia del Senado de la República, Olga Sánchez Cordero, explicó que la reforma, que afirmó se sacó “de la congeladora”, plantea tres requisitos ejercer dichos cargos: que no hayan sido personas sentenciadas por ser personas generadoras de violencia contra las mujeres; que no sean delincuentes sexuales; o personas deudoras alimenticias morosas.
Esto incluye a quienes tengan una sentencia por los delitos contra la vida, la integridad corporal, la libertad, el normal desarrollo psicosexual, violencia familiar (equiparada o doméstica), violencia la intimidad sexual o violencia política contra las mujeres en razón de género.
En la conferencia, la morenista Aleida Alavez Ruiz argumentó que la medida “no es punitiva ni vulnera derechos humanos”, sino que es “disuasiva” ya que “únicamente limita racional proporcional, objetiva y legítimamente ese derecho a las personas que no tengan ese tipo de sentencias condenatorias en su contra”
“Para reducir las violencias contra las mujeres es necesario cambiar las normas y las acciones que la toleran y fomentan”, subrayó. “El ser persona deudor alimentaria amorosa también constituye un acto de violencia contra las infancias y en la mayoría de los contra las mujeres”, añadió.
Por su parte, la diputada Julieta Kristal Vences Valencia aseveró que también se trata de una deuda histórica con las infancias.
“No queremos hombres que estén en el poder tomando decisiones con esta visión porque, ¿de qué manera lo van a hacer? Nunca lo van a hacer pensando en el beneficios de las mujeres y niñas de nuestro país”, expresó.
Sin embargo, la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género en el Senado, Malú Michelle Camarena, advirtió que habrá “regateo” entre los legisladores sobre la propuesta, quienes buscarán modificarla. Sin embargo, reiteró su respaldo y apuntó que son “agresores” quienes tienen dichas sentencias.
A su vez, la legisladora Marcela Guerra Castillo señaló que esta reforma marcará precedentes, no solo en América Latina, sino también en Estados Unidos y Canadá.
Finalmente, la diputada Marisol García Segura recalcó que “violentar a las mujeres tiene el mismo grado de importancia que todos los demás requisitos que hasta el momento se estiman para que cualquier persona mexicana pueda acceder a los espacios de poder”.
Esta propuesta sigue a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) del pasado 17 de enero, en la que validó las leyes de Yucatán que exigen no ser deudor alimentario para competir por cargos públicos.
Esto después de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) impugnara la reforma estatal avalada en junio de 2022.
La decisión del Máximo Tribunal generó un precedente para que actualmente todos los estados de la república pueden establecer como requisito para acceder a cargos públicos y a cargos de elección popular el no ser deudor alimentario moroso.
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