Las recomendaciones fueron recibidas durante el final del sexenio de EPN, pero correspondía al gobierno actual emitir posicionamiento. México aceptó 262 recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU tras el 3er Examen Periódico Universal.
Por Samantta Hernández Escobar
El gobierno mexicano, encabezado por Andrés Manuel López Obrador aceptó, el pasado jueves, 262 de las 264 recomendaciones en materia de derechos humanos que México recibió en noviembre de 2018 por parte de países miembros del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (OHCHR) como parte del tercer Examen Periódico Universal (EPU).
Aunque las recomendaciones fueron recibidas por Enrique Peña Nieto durante el final de su sexenio, y van en seguimiento de las acciones del Estado mexicano para la protección y cumplimiento de los derechos humanos de sus ciudadanas y ciudadanos de 2014 al 2018, correspondió al gobierno actual emitir un posicionamiento al respecto.
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Fue así como en promoción de una sociedad equitativa, próspera y respetuosa de los derechos humanos, “uno de los pilares de la nueva política exterior transformadora del Gobierno de México”, el gobierno de López Obrador aceptó casi en su totalidad las recomendaciones hechas por representantes de países como Estados Unidos, Francia y Alemania.
Éstas se concentran en protección de periodistas y activistas, atención y resolución de desapariciones, en especial el caso Ayotzinapa, así como acciones para erradicar la violencia y feminicidios.
Las únicas dos que México exceptuó, pero que aseguró que “tomará nota”, fue la realizada por Liechtenstein respecto a ratificar las Enmiendas de Kampala al Estatuto de Roma y una de las emitidas por el representante de la Santa Sede respecto a “respetar y defender la vida desde la concepción hasta la muerte natural”.
En representación de México en Ginebra, Suiza, Christopher Ballinas Vadés, director General de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores, aseguró que en seguimiento de las observaciones recibidas del #EPU2018, el gobierno ya se tienen identificados los ejes temáticos en los que trabajará.
La reducción de inequidad social y la defensa de grupos en situación de vulnerabilidad, los que se encuentran los niños, niñas y adolescentes, las personas con discapacidad, los pueblos y comunidades indígenas, las personas afrodescendientes, y las personas LGBTI; encabezan la lista.
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En su respuesta, el nuevo gobierno explicó que la decisión se tomó en compromiso por “mantener una política de apertura al escrutinio y colaboración con los organismos internacionales en materia de derechos humanos, en paralelo con la defensa y observancia a nivel nacional”.
III) Desarrollar mecanismos de cooperación con aquellos Estados que emitieron recomendaciones y que tengan la disposición y capacidad para proveer asistencia técnica; diseñando esquemas de colaboración conjuntos que nos permitan traducir sus observaciones en acciones concretas.
— Cristopher Ballinas (@crisballinas) 15 de marzo de 2019
“El Gobierno mexicano está consciente de los desafíos que prevalecen en el país y está resuelto a tomar las medidas necesarias para garantizar el Estado de Derecho, basándonos en un modelo que promueve la prevención de la violencia y el fortalecimiento de las instituciones, la protección de defensores de derechos humanos y periodistas, así como la eliminación de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes”, aseguró la nueva administración.
Además, México explicó que como muestra del compromiso de dar cumplimiento a las recomendaciones, ha desarrollado un Portal electrónico que sistematiza las más de 2 mil 800 recomendaciones que han sido formuladas por los mecanismos internacionales de derechos humanos desde 1994.
“Esta plataforma, es un ejercicio de transparencia proactiva, la cual pretende hacer de utilidad pública la información sobre el seguimiento y atención que el Estado mexicano ha dado a cada una de ellas”.
Por último, el Estado mexicano aseguró que continuará trabajando en el desarrollo e instrumentación de los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos de las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de refugio; así como en la realización de los objetivos contenidos en el Pacto Mundial para una Migración segura, ordenada y regular, y el Pacto Mundial para los Refugiados.
A México le tocará presentarse nuevamente al EPU en 2023, ya que ciclos de revisión son de cuatro años y medio.