Por Blanca Corzo y Emiliano Fernández
La construcción de la Línea 12 y sus diversos fallos han llevado a la aplicación de sanciones administrativas para 19 funcionarios, principalmente del denominado Proyecto Metro —constituido en la administración de Marcelo Ebrard como un órgano desconcentrado—, así lo pudo constatar Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). Sin embargo, las imputaciones penales siguen pendientes de desahogarse.
A menos de diez años de su inauguración, la llamada “Línea Dorada” ha sido rehabilitada en al menos tres ocasiones: en 2014 por un problema en el trazo de la vía, combinado con las características de los trenes adquiridos; por los sismos de septiembre de 2017; y por el colapso de la estructura entre Olivos y Tezonco que dejó 26 personas muertas y un centenar de heridos, en mayo de 2021, proceso de rehabilitación que está en marcha actualmente.
El año pasado se informó que diez personas, la mayoría exfuncionarios del Proyecto Metro de la Línea 12, serían imputados por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, entre ellos Enrique Horcasitas Manjarrez, quien fuera el director general de dicho órgano desconcentrado. Los delitos penales que se les adjudican a los exservidores públicos son homicidio culposo, daño a la propiedad y lesiones. Los nombres fueron revelados por medios de comunicación en octubre de 2021.
El 18 de octubre de 2021, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que solicitaría ante un juez la imputación en contra de diez personas por los delitos de homicidio culposo, lesiones y daño a la propiedad, tras el colapso de la Línea 12 del Metro.
El Proyecto Metro fue creado el 24 de abril de 2009 como un órgano desconcentrado, adscrito a la Secretaría de Obras y Servicios del DF, con funciones como coordinar la construcción de obras de ampliación del Metro. El 12 de agosto de 2013 fue anunciado que desaparecería el Proyecto Metro, con Miguel Ángel Mancera como jefe de Gobierno.
De los diez exfuncionarios acusados hoy en día por el colapso en Olivos y Tezonco, cuatro habían sido sancionados y/o inhabilitados administrativamente en el pasado, de acuerdo con el Registro de Servidores Públicos Sancionados de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, conforme a una revisión hecha por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.
Enrique Horcasitas Manjarrez, entonces director del Proyecto Metro, fue acreedor a una inhabilitación por 20 años el 4 de septiembre de 2014 (ya en el gobierno de Mancera). La autoridad sancionadora fue la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades de la Contraloría General de la capital.
El 13 de julio de 2015, Horcasitas Manjarrez recibió dos sanciones más: una económica por 7.8 millones de pesos y una inhabilitación por 10 años, por conducto de la Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal.
Juan Antonio Giral y Mazón, quien fue el director de Diseño de Obras Civiles del Proyecto Metro, fue suspendido 90 días por la Secretaría de Obras y Servicios el 27 de julio de 2017.
La Secretaría de Obras también resolvió el 13 de noviembre de 2014 la destitución de Enrique Baker Díaz como subdirector de Ingeniería del Proyecto Metro, así como que se le aplicara una sanción económica por 981.7 millones de pesos y una inhabilitación por cinco años. El 26 de julio de 2017 recibió otra suspensión por 90 días.
Moisés Guerrero Ponce, que fungía como director de Construcción de Obras Civiles del Proyecto Metro, fue destituido e inhabilitado por 15 años el 4 de septiembre de 2014, derivado de la primera auditoría realizada en agosto del mismo año a la Línea 12. El 31 de mayo de 2017 fue nuevamente destituido e inhabilitado por cinco años.
Héctor Rosas Troncoso, Guillermo Leonardo Alcázar Pancardo, Ricardo Pérez Ruiz, Juan Carlos Ramos Alvarado, Fernando Amezcua Ordaz y Fernando Ramiro Lalana –que completan la lista de los diez acusados por la Fiscalía capitalina– no aparecen en el registro de sanciones del Gobierno de la Ciudad de México.
El 11 de marzo de 2014, a 16 meses de haber sido inaugurada la Línea 12, el servicio en más de la mitad de las estaciones fue suspendido por la administración de Miguel Ángel Mancera ante fallas estructurales en la vía. En su momento se planteó que el cierre sería por seis meses, sin embargo, durante 20 meses estuvo cerrada por trabajos de rehabilitación.
En septiembre de ese mismo año se anunció que se aplicaron 11 auditorías e investigaciones relativas al cierre parcial de la “Línea Dorada”, inaugurada el 30 de octubre de 2012 por el entonces jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard (hoy secretario de Relaciones Exteriores con Andrés Manuel López Obrador), lo cual derivó en más de 50 sanciones a 33 servidores y exservidores públicos involucrados, según el informe oficial del GDF.
El 24 de noviembre de 2014, la Contraloría General del DF informó sobre la aplicación de 55 nuevas sanciones a 38 personas, derivado de una segunda etapa de auditorías a la Línea 12.
Sin embargo, sólo 19 exfuncionarios tienen algún tipo de sanción, de acuerdo con una revisión hecha por Mexicanos contra la Corrupción en el Registro de Servidores Públicos Sancionados de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México.
Carlos Raúl Cruz Neri, exdirector de Construcción de Instalaciones Electromecánicas del Proyecto Metro, entre septiembre y noviembre de 2014 acumuló seis sanciones en total: una multa por 297.8 millones de pesos; tres inhabilitaciones por dos, 15 y 20 años; y dos destituciones.
Sergio Aguirre Mendoza, que se desempeñaba como subdirector de Obras y Apoyo Técnico del Proyecto Metro, entre octubre de 2016 y julio de 2017 obtuvo seis sanciones de la Secretaría de Obras y Servicios: dos sanciones económicas por 17.5 y 7.8 millones de pesos; tres inhabilitaciones, por 10 años cada una; y una suspensión por 90 días.
Noé Quiroz González, que se desempeñaba como jefe de Unidad Departamental de Residencia de Obra Civil B3 del Proyecto Metro, fue sancionado en septiembre de 2014 por la Secretaría de Obras y por la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades de la Contraloría General con dos destituciones del cargo y tres inhabilitaciones por seis, cinco y dos años, respectivamente.
Kooichi Mario Endo Jiménez, exdirector de Obras Inducidas del Proyecto Metro, en septiembre de 2014 fue inhabilitado en dos ocasiones, por cinco y 10 años, además de aplicarle dos destituciones del cargo. En junio de 2017 fue nuevamente inhabilitado por cinco años.
A Sergio Vázquez Galicia, quien fuera el jefe de Unidad Departamental de Residente de Obra del Proyecto Metro, en septiembre de 2014 le fueron aplicadas cuatro sanciones: dos destituciones del puesto y dos inhabilitaciones, por cuatro años cada una.
Antonio Escobedo Maciel, exresidente de Obra Civil del Proyecto Metro, en noviembre de 2014 fue inhabilitado por 1 año, y en 2016 (en abril y octubre) se le aplicó una sanción económica por 26 mil 688 pesos, y dos suspensiones por 45 y 90 días.
Fernando Taboada Meraz, exsubdirector de Obra Electromecánica del Proyecto Metro, fue inhabilitado por 20 años, suspendido por 90 días y multado con 297.8 millones de pesos, derivado de resoluciones de noviembre de 2014 de la Contraloría General y de la Secretaría de Obras capitalina.
José Pascual Pérez Santoyo, exdirector de Administración de Contratos del Proyecto Metro, fue inhabilitado por cinco años y sancionado con 446 mil 486 pesos en diciembre de 2014; sanciones muy similares que se le impusieron en el mismo periodo a Juan Manuel Martínez Juárez, exsubdirector de Costos y Concursos del Proyecto Metro, con la diferencia de que su inhabilitación fue por cuatro años.
Enrique López Novia, exresidente de Obra Civil del Proyecto Metro, en abril de 2016 fue suspendido por 45 días y en julio de 2017 por 90 días; mientras que César Serrano García, exresidente de Obra Civil, fue inhabilitado —también en julio de 2017— por cinco años y se le aplicó una multa económica por 857 mil 707 pesos.
Fermín Salazar Hernández, que era el subdirector de Ingeniería, Telecomunicaciones y Peaje del Proyecto Metro, fue inhabilitado por 1 año en septiembre de 2014, por la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades de la Contraloría General capitalina. En noviembre del mismo año, Jesús Centeno Hernández fue inhabilitado por dos años por la Contraloría General.
Rafael Castro Torán, exresidente de Obra de Vías, Señalización y Equipamiento del Proyecto Metro, en noviembre de 2016 fue inhabilitado por dos años. Juan Gómez Soto, exjefe de Unidad Departamental de Residencia de Obra Civil, fue suspendido por 90 días en julio de 2017 por la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno de la capital.
A ellos se suman Enrique Horcasitas Manjarrez, Juan Antonio Giral y Mazón, Enrique Baker Díaz, así como Moisés Guerrero Ponce, que también acumularon sanciones administrativas.
Las investigaciones de la Procuraduría General de Justicia capitalina han arrojado que de estos personajes involucrados, al menos 14 estuvieron en calidad de presuntos responsables en averiguaciones previas por delitos como fraude y uso indebido de atribuciones y facultades. Además de que hay una orden de aprehensión vigente desde 2015 en contra de Enrique Horcasitas, según pudo constatar MCCI a través de una fuente cercana a la indagatoria.
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