EL PASO, Texas – Las autoridades migratorias de Estados Unidos están probando un programa para acelerar las revisiones de solicitudes de asilo en la estación de la Patrulla Fronteriza en El Paso, Texas, lo que permite echar un vistazo a la manera en que el gobierno del presidente Donald Trump podría aplicar una veda parcial de asilo.
El proyecto piloto, llamado sistema de “Revisión Acelerada de Caso de Asilo” (o Prompt Asylum Case Review), comenzó el 7 de octubre en El Paso, con el objetivo de que un juez de inmigración tome una decisión en un lapso de 10 días, según un alto funcionario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) que habló bajo condición de anonimato debido a que no se han difundido los detalles del programa.
Los mexicanos están exentos de esta medida.
No se hizo un anuncio público sobre su implementación, por lo que abogados se han quejado de que no tienen acceso a sus clientes y no están siendo informados.
“Lo más preocupante aquí es que no tenemos un anuncio oficial de la Patrulla Fronteriza y parece que es intencional que no haya avisado (a las organizaciones no gubernamentales) lo que está sucediendo”, comentó Linda Rivas, directora ejecutiva de Las Americas Advocacy Center, durante una conferencia de prensa el lunes.
Taylor Levy, abogado migratorio de El Paso, dijo que los abogados no pueden ingresar a los centros de detención de la Patrulla Fronteriza, que están diseñados para mantener recluidos a los migrantes por un lapso no mayor a 72 horas. Se enteró del programa piloto por medio de una abogada que no pudo contactar a dos de sus clientas, dos salvadoreñas acompañadas de hijos pequeños que cruzaron la frontera el 8 de octubre.
Un juez de inmigración rechazó sus apelaciones vía telefónica, lo que significa que el juez no vio documentos en los que se incluía evidencia de las amenazas de muerte que enfrentaban en El Salvador. Una de las mujeres ya fue deportada y la otra espera para ser repatriada.
El programa está diseñado para darles a los solicitantes de asilo acceso telefónico 24 horas al día en una sala privada antes de la entrevista de asilo inicial, pero según los abogados las reglas no están claras y no han recibido notificaciones ni instrucciones.
Si los solicitantes de asilo no aprueban la entrevista, pueden presentar apelaciones vía telefónica con jueces en Otero, Nuevo México.
De expandirse, la medida podría ser una herramienta crucial en los intentos del gobierno para negar asilo a todo aquel que cruce otro país antes de llegar a la frontera entre México y EEUU.
La veda parcial, que entró en vigor el mes pasado, parece dirigida principalmente a Centroamericanos, cubanos y africanos, que han contribuido a convertir a EEUU en el destino más popular del mundo para los solicitantes de asilo. Los mexicanos y los menores sin compañía de un adulto están exentos.
El gobierno ha concretado acuerdos para enviar a solicitantes de asilo a Guatemala, El Salvador y Honduras, para que sus casos sean escuchados en esos países, aunque las autoridades reconocen que esas naciones carecen de infraestructura adecuada.
Los solicitantes de asilo cuyos abogados han confirmado que están en el programa piloto son retenidos en una estación de la Patrulla Fronteriza que creció de un pequeño edificio de oficinas hasta convertirse en un extenso laberinto de carpas y nuevas construcciones que se realizan este año debido al incremento en el número de solicitantes de asilo, muchos de ellos familias procedentes de Centroamérica.
La estación tiene capacidad para 500 migrantes, dijo el portavoz de la Patrulla Fronteriza Ramiro Cordero. Las carpas marrón de estilo militar que se instalaron durante la primavera ya fueron retiradas, después de que las detenciones de la agencia en el sector de El Paso han disminuido de casi 1,000 al día hace unos meses, a cerca de 200 diarias.
Un portavoz de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus iniciales en inglés) señaló el lunes que debido a que los detenidos comparecen vía telefónica, pueden estar en cualquier instalación de la Patrulla Fronteriza del sector de El Paso, que incluye a Nuevo México y el oeste de Texas.
El DHS confirmó la existencia del programa piloto el jueves, horas después de que fuera reportado por The Washington Post, pero no proporcionó muchos detalles.
Señaló que es una labor conjunta con el Departamento de Justicia, encargado de supervisar las cortes migratorias, con el fin de acelerar los procesos en una sola localidad y brindar protección y debido proceso para todos. El comunicado indicó que se aplicaría a hombres solos y a personas que viajan en familia y son sujetas a la negación de asilo.
Los detractores usan los escasos detalles de los reportes noticiosos para criticar al programa piloto. La representante federal demócrata Ilhan Omar tuiteó que éste “abandona por completo el debido proceso”.
El Paso también es el lugar en el que el gobierno puso a prueba su práctica generalizada de separar a familias en la frontera como parte de una política de “tolerancia cero” para procesar penalmente a todos los adultos que cruzaron la frontera ilegalmente, incluyendo a aquellos que ingresaron con hijos.
El gobierno tampoco realizó anuncios sobre el experimento de separar a las familias en El Paso. Levy, entonces coordinadora de Annunciation House en El Paso, dijo en documentos presentados el año pasado ante la corte que notó un “incremento significativo” en el número de clientes que eran separados de sus hijos durante esa época, pero que el gobierno no informó a los abogados migratorios hasta el 24 de octubre de 2017 que su nueva política era la de separar a padres de hijos mayores de 10 años. El gobierno no hizo un anuncio oficial de su política de “tolerancia cero” hasta abril de 2018.
Más de 5,400 niños han sido separados desde julio de 2017, según cifras de la Unión Americana de Libertades Civiles, que indicó que le fueron proporcionadas por abogados del gobierno.
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