Dirigentes del PSOE y de Unidas Podemos dedicaron toda la tarde noche de este martes a negociar sus conclusiones conjuntas sobre los trabajos desarrollados durante mes y medio por la comisión parlamentaria para la reconstrucción social y económica tras la covid-19. Hoy registrarán su documento juntos, como socios del Gobierno de coalición. Los dos partidos están de acuerdo en potenciar un nuevo sistema nacional de cuidados sociales coordinado con las autonomías.
Los servicios sociales y la salud parecen haber estado alejados muchos años. La pandemia del coronavirus lo ha puesto de manifiesto con crudeza por el alto coste que han pagado las personas mayores y por la gestión que se ha realizado, fundamentalmente, en las residencias. La mayoría del centenar de exposiciones de especialistas y expertos desarrolladas desde el 14 de mayo ante el pleno y los cuatro grupos de trabajo de la comisión de la covid-19 así lo han constatado. Y también que esa deuda y ese error deben repararse de inmediato.
PSOE y Podemos han negociado hasta última hora un documento conjunto con sus conclusiones que se someterá a debate con los demás partidos. Será, más que probablemente, el balance que sea aprobado al final por la mayoría de los grupos, con sus enmiendas, primero en la comisión, los días 2 y 3 de julio, y tras las elecciones vascas y gallegas del 12-J en el pleno del Congreso.
Las dos formaciones de la coalición gubernamental quieren proponer un cambio radical de modelo de las residencias en el que la conexión entre los servicios sociales y la atención sanitaria sea absoluta. Su gestión se mantendría en manos de las comunidades, que tienen todas las competencias, pero su nuevo enfoque tendría un componente muy sanitario, según fuentes de ambos partidos. Se crearía una Agencia Estatal de Salud Pública. Las residencias estarían obligadas a elevar su medicalización y tener hospitales de referencia.
El portavoz de Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, avanzó así este martes que pretenden implantar un Sistema Estatal de Cuidados que podría generar hasta 300.000 empleos de calidad. El sistema rediseñaría y potenciaría con las autonomías un paquete de servicios sociales mínimos que todas las residencias y centros asistenciales tendrían que prestar en todo el territorio. El objetivo es evitar descoordinaciones y conflictos como los observados en diversas autonomías durante la pandemia. El Gobierno central convocaría a las comunidades para negociar cuáles serían esos servicios básicos. Echenique lo resumió a su manera: “Que nadie, ningún dependiente, esté desatendido, con la cantidad de horas y el personal que necesite, reducir las listas de espera y modernizar las prestaciones”.
El objetivo a medio plazo del Gobierno sería que los ancianos pudieran ser atendidos en sus propios domicilios, con una extensión mayor de los cuidados de la Ley de Dependencia.
La otra evidencia para el PSOE, Podemos y casi todos los grupos es la de reforzar con más recursos humanos y materiales el sistema de la sanidad pública. En ese acuerdo quiere estar el PP y solo parece desmarcarse Vox, que este miércoles aclaró que con este Ejecutivo no negociará nunca nada.
En el apartado de Economía, PSOE y Podemos plantearán un plan de inversiones y reformas que se combinará con el Fondo de Recuperación de 750.000 millones propuesto por Bruselas y que marcarán las pautas para los nuevos Presupuestos. No está previsto que haya una subida de impuestos especial “para los ricos”, como querría Podemos, pero sí uno para las empresas digitales y las transacciones financieras.
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