El PSOE y el PP han llegado a un acuerdo para renovar el Consejo de Administración de RTVE, formado por diez consejeros, cuyos seis primeros miembros han sido refrendados esta mañana con el apoyo de más dos tercios de los diputados del Congreso. José Manuel Pérez Tornero será el presidente de la corporación, según el pacto entre los dos partidos, que posponen sin embargo el acuerdo para el desbloqueo del resto de instituciones que también están negociando (Consejo General del Poder Judicial, Tribunal Constitucional, Defensor del Pueblo, Tribunal de Cuentas y Agencia Española de Protección de Datos). Socialistas y populares se han emplazado a continuar hablando “en los próximos días”, según el comunicado que han difundido ambos a primera hora de este jueves. Es el primer gran acuerdo de la legislatura después de meses de batalla encarnizada incluso en el peor momento de la pandemia.
El pacto sobre RTVE, alcanzado anoche, marca el camino para el acuerdo global que buscan PSOE y PP para la renovación de las altas instituciones, sobre todo el poder judicial, que lleva más de dos años con el mandato caducado. La intención era un consenso sobre la renovación de todos los órganos, del que lleva hablándose meses, pero al final, en el cierre de los detalles, los dos negociadores ―Félix Bolaños, secretario general de la presidencia, y Teodoro García Egea, secretario general del PP― han encontrado escollos y han decidido finalmente separar el pacto sobre la televisión pública, que esta mañana se ha votado en el Congreso.
En vídeo, la reacción de diputados de Vox al resultado de la votación, gritando “¡que se besen!”.
El Consejo de Administración de RTVE estará compuesto por José Manuel Pérez Tornero (como presidente), y los consejeros Ramón Colom, Elena Sánchez, Concepción Carmen Cascajosa, José Manuel Martín Medem, Roberto Lakidaín, Carmen Sastre, Jenaro Castro, María Consuelo Aparicio y Juan José Baños. Esta lista de nombres, a la espera de los cuatro que quedan, indica que ha habido grandes cesiones por todas partes y que, al menos en RTVE, el PP sí ha asumido la presencia muy clara de Unidas Podemos, porque dos de estos vocales, Medem y Lakidain, son claramente cercanos a la formación de Pablo Iglesias.
El PSOE y Unidas Podemos aceptan por el contrario vocales muy claramente identificados con el PP como Carmen Sastre, que se ha destacado en los últimos meses por sus críticas furibundas a la actual dirección de RTVE y acusaciones de manipulación. El PP estaba obligado a aceptar el acuerdo en RTVE porque si no se sumaba el PSOE podía sacar adelante la renovación sin su concurso, si lograba en una segunda votación mayoría absoluta y el apoyo de cinco grupos, algo que no sucede en el CGPJ, que no se puede renovar sin el PP mientras no se cambie la ley. El acuerdo ha sido aprobado esta mañana en el Congreso holgadamente, gracias al apoyo de las dos formaciones del Gobierno, del PP y del PNV, y en medio de fuertes críticas de Vox y de Ciudadanos. Algunos parlamentarios del partido de Santiago Abascal han acogido la votación coreando “¡que se besen!, ¡que se besen!”.
El comunicado del acuerdo que han difundido PSOE y PP a primera hora de esta mañana es idéntico, salvo por un detalle: en el del PP, el texto dice que el pacto se ha cerrado entre el grupo parlamentario socialista y el popular, mientras el del PSOE incluye a los grupos parlamentarios de Unidas Podemos y el PNV. La presencia del partido de Pablo Iglesias ha sido el caballo de batalla del PP, que desde el principio exigió que quedara fuera de las negociaciones, pero sobre todo en el poder judicial. La lista de nombres prueba que ha sido un pacto a varias bandas y no bipartidista, como quería el PP. El portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique, ha subrayado este jueves que el acuerdo de RTVE revela que su partido sí está presente en el consejo, como lo estará también en el poder judicial. “Es evidente que Unidas Podemos sí va a estar. La votación de RTVE ha revelado que aquellos que contaron a la prensa que Unidas Podemos se iba a quedar fuera, mintieron”, ha afirmado en referencia al PP. “Es absolutamente obvio que una fuerza de Gobierno va a participar de la renovación de los diferentes órganos. Lo vamos a ver en el CGPJ”, ha zanjado.
El órgano de gobierno de los jueces es el meollo de las conversaciones y el más difícil de consensuar. Fuentes del PP ven el pacto “encaminado” y lo esperan para “los próximos días”. En las últimas horas, la negociación ha entrado en la fase definitiva, la de cerrar los nombres sobre la base del reparto de los 20 vocales, 10 para el PSOE y los otros 10 para el PP. Se da por hecho que los socialistas cederán al menos dos puestos a Unidas Podemos. Una de las cuestiones más difíciles de pactar es la presidencia, que en teoría, según el acuerdo ya muy cerrado en los últimos meses, sería para alguien de consenso pero de perfil progresista. El nombre de Pilar Teso sigue siendo el que tiene más posibilidades, aunque nadie descarta sorpresas en el último momento de la negociación. El PP ve con buenos ojos la opción de Teso. Lo que sí parece es que esta vez se guardará ese nombre incluso cuando se anuncie el acuerdo, y solo saldrá cuando los vocales lo nombren, para evitar que suceda como con el juez Manuel Marchena.
Su nombre como presidente del Poder Judicial se dio a conocer con el principio de acuerdo entre el PSOE y el PP en 2018 y acabó renunciando cuando el PP se atribuyó que gracias a él podría “controlar por la puerta de atrás la sala Segunda” del Supremo, la más importante, que juzga los grandes delitos de corrupción y el procés. Esta vez se está buscando una cautela mucho mayor para evitar que el pacto salte por los aires por tercera vez, ya que también estuvo prácticamente cerrado en agosto de 2020.
La batalla está esta vez en el relato del acuerdo, en cómo se cuente, porque el negociador del PP, Teodoro García Egea, ha jugado fuerte los días previos asegurando que Podemos no estará en el Consejo. El secretario general de los populares dijo el lunes en la cadena COPE que el partido de Iglesias no va a “tener personas” en el órgano de Gobierno de los jueces. Y que eso ya estaba aceptado por el PSOE.
La gran incógnita es qué presencia tendrán los de Pablo Iglesias en el Consejo, porque el PSOE siempre dijo que estarían representados. Desde Unidas Podemos trasladan que están convencidos de que los socialistas no les dejarán fuera porque eso sería como decir “que han cambiado de socios” y ahora quieren hacer los acuerdos con el PP.
Unidas Podemos ha asumido que este pacto se negocie con los populares y que lo haga el sector socialista, pero siempre que ellos tengan al menos dos representantes cercanos a sus sensibilidad política. De lo contrario, sería una ruptura muy grave dentro de la coalición que en este momento no parece estar en los planes del PSOE. Este es el asunto que más está complicando el cierre de la negociación, que según todas las fuentes consultadas es inminente pero no acaba de concretarse pese a las reuniones y conversaciones constantes entre los dos grupos.
El PP se agarrará a que se han excluido los dos nombres que proponía Unidas Podemos hace meses para el Consejo: el del magistrado José Ricardo De Prada, clave en la sentencia del caso Gürtel que motivó la moción de censura que tumbó a Mariano Rajoy, y por tanto anatema para el PP, y Vicky Rosell, una jueza que ha sido diputada de Unidas Podemos y ahora es delegada del Gobierno contra la violencia de género.
Fuentes del PP reconocían este miércoles que no iban a “poder evitar” que Unidas Podemos reclamara como afines a otros magistrados progresistas de reconocido prestigio que formen parte de la composición final. Como por ejemplo señalaban al juez Ignacio Espinosa, que es tío del ministro de Consumo Alberto Garzón, pero cuya trayectoria profesional está fuera de toda duda porque ha sido 15 años presidente del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja. Espinosa ha sido portavoz de la asociación progresista Jueces para la Democracia.
En el PP insisten en que Podemos “ha estado fuera de la negociación” y señalan que los 12 vocales jueces elegidos proceden de la lista de 50 que elaboraron los propios magistrados en 2018, por lo que ahí no entrarían propuestos por Podemos. El margen está en los ocho vocales que son juristas y no salen de esa lista, en los cuales el PP enfatiza que deben ser también de “reconocido prestigio”.
Otra de las discusiones de la negociación es cómo incorporar al PNV, un aliado del Gobierno que siempre ha mostrado interés por estar en este órgano en el que históricamente ha tenido un representante, como lo tuvo también CiU en su momento, aunque ahora los independentistas no parecen interesados. El puesto para un juez cercano a los nacionalistas parece seguro, pero no saldría de la cuota del PSOE, sino la del PP.
Los socialistas quedarían en una posición débil si reparten su cuota entre varios, mientras el PP no parece tener ninguna intención de distribuir su parte con Vox, el otro gran partido de la derecha en este momento. Ciudadanos se ha quedado fuera por decisión propia porque no comparte esta forma de elección del Poder Judicial. Los populares tendrían así un bloque más grande y homogéneo si los socialistas reparten su cuota, a pesar de que el PSOE tiene 32 escaños más que el PP y ocupa el Gobierno.
El pacto encaja en la estrategia de Casado de moderarse tras la moción de censura en la que rompió con Vox, pero no deja de ser sensible para sus intereses porque el contexto es el de que los populares siguen acosados de cerca por la extrema derecha, que les ha casi cuadruplicado en escaños en las elecciones catalanas y doblado en votos.
Este miércoles, el líder del PP reconoció por primera vez el “coste a corto plazo” que le está suponiendo esa ruptura con el partido de Santiago Abascal, pero a pesar de ello se reafirmó en seguir por ese camino de representar un centro derecha moderado que profundice la separación con Vox. “No busco ningún voto que no busque convivir. Yo sí di un paso adelante, y no daré ninguno atrás”, dijo Casado en el Congreso, en un debate en el que moderó el tono respecto a Sánchez.
El equipo del líder popular sabe que este acuerdo será utilizado por Santiago Abascal para desgastar al PP, y por eso quiso esperar a cerrarlo a que pasaran las elecciones catalanas, para evitar el coste electoral. El pacto llega, de hecho, solo diez días después de esos comicios. Abascal se anticipó cargando contra Casado antes de conocerse si habría acuerdo. “Señor Casado, qué flaco favor se está haciendo usted, qué flaco favor está haciendo a su partido y a España diciendo que quiere pactar con Pedro Sánchez, como si fuera algo distinto a pactar con Iglesias”, le espetó en el debate.
El líder de Vox acusó al del PP incluso de ser “cómplice” de los disturbios en las calles por su entendimiento con el Gobierno. Vox amaga con una nueva moción de censura para seguir tratando de disputarle al PP el liderazgo de la oposición.
Con el pulso en la derecha más que abierto, Casado está dispuesto a que el acuerdo con Sánchez para la renovación de las altas instituciones no sea el último. El líder del PP cree que tiene que “ensanchar el espacio de la moderación”, como le propuso a Sánchez, para que los dos puedan ganar dentro de él, y eso pasa por estar “dispuesto a mancharse” para llegar a acuerdos con el Ejecutivo.
La negociación con el PP está suponiendo una tensión añadida en la coalición, que vive ya momentos de máxima dificultad interna a cuenta de la ley de vivienda, un asunto clave para Unidas Podemos y que está muy lejos de un acuerdo. El grupo de Pablo Iglesias prefiere que todo se negocie dentro del bloque de investidura y era un gran defensor de la reforma legal que permitía renovar el Poder Judicial sin el PP. Este acercamiento entre populares y socialistas tensa la coalición, pero Iglesias ya dejó claro en la tribuna que él cree que las grandes decisiones de país se tomarán dentro del bloque de la investidura y después de este acuerdo puntual el PP se quedará fuera de ellas. El PSOE, por el contrario, está cómodo en el máximo consenso y unidad posible con la oposición.
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