La decisión es firme y se llevará a cabo a toda velocidad. PSOE y Unidas Podemos han registrado ya este martes en el Congreso la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que servirá para sortear el veto del PP a la renovación del órgano de gobierno de los jueces. La iniciativa se ha registrado como una proposición de ley, esto es, a iniciativa de los grupos y no del Gobierno, lo que garantiza una tramitación mucho más rápida. PSOE y Unidas Podemos han confirmado que esperan que esté aprobada en dos meses, lo que desbloquearía la renovación del Poder Judicial, pendiente desde hace casi dos años, antes de fin de año. 188 diputados pidieron recientemente esa renovación, y son esos los votos que PSOE y Unidas Podemos esperan conseguir. En la oposición, PP y Vox han reaccionado con dureza -los populares incluso han hablado de “actitudes dictatoriales” de Pedro Sánchez- y esta vez también Ciudadanos se ha sumado a las críticas de fondo a una decisión polémica.
La reforma, que deberá alcanzar la mayoría absoluta del Congreso, esto es 176 diputados ―se trata de una ley orgánica― tiene dos elementos centrales. Por un lado, la norma restringirá las funciones y por tanto el poder del Consejo una vez que se cumplan los cinco años del mandato y mientras se renueva el órgano para que no pueda nombrar cargos judiciales. Por el otro, se cambiará la forma de elección actual de 12 de los 20 miembros del Consejo General del Poder Judicial. Ahora, se necesita para renovarlos 3/5 del Congreso y Senado. Con la nueva norma bastaría con mayoría absoluta en una segunda votación si en una primera no se han logrado esos 3/5.
Los portavoces de los dos grupos parlamentarios, Adriana Lastra, del PSOE, y Pablo Echenique, de Unidas Podemos, han comparecido juntos para presentar la reforma. “No podemos permitir el bloqueo del PP. Esta norma está pensada para permitir el correcto funcionamiento de las instituciones”, ha señalado Lastra. “El PP lleva dos años incumpliendo la Constitución al no renovar el Poder Judicial. Estamos defendiendo el principio de legitimidad democrática. El actual consejo es fruto de una mayoría que ya no existe. Es una proposición de ley para que se cumpla la Constitución y para proteger al Poder Judicial”, ha rematado Echenique.
Al elegir la vía del Congreso y no la del Gobierno, los dos grupos aceleran los trámites, facilitan la negociación con los otros socios de la mayoría y además evitan tener que solicitar el informe sobre la reforma del propio Consejo General del Poder Judicial caducado desde hace dos años. Tampoco al Consejo de Estado ni al Consejo Fiscal, como tendría que hacer si fuera a través de un proyecto de ley del Gobierno.
Con la modificación de la ley se eliminaría el derecho de veto de la oposición y se permitiría el desbloqueo que dura ya casi dos años, aunque eso sí, a cambio de sentar un precedente que puede perjudicar a la izquierda cuando la derecha llegue al poder y sobre todo de una formidable polémica política y judicial que ya ha comenzado antes incluso de que se presentara la reforma.
El pacto de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos impone a ambos socios que las propuestas de ley se presenten conjuntamente, o al menos, con el acuerdo del otro partido. La formación de Pablo Iglesias es la que más insistió en este asunto, y tenía lista desde hace semanas una propuesta para reformar la LOPJ, pero ha esperado a consensuarla con los socialistas. El PSOE, que en un principio se mostró reticente a un cambio legal ad hoc para desbloquear la ley, cambió de idea tras el último fracaso en agosto de la negociación entre Pedro Sánchez y Pablo Casado y después de que el CGPJ decidiera, en contra de la opinión del Gobierno, seguir nombrando jueces clave del Tribunal Supremo pese a estar en funciones, optó por esta polémica reforma.
PSOE y Unidas Podemos estaban básicamente de acuerdo en la reforma necesaria, aunque tenían discusiones en asuntos de matiz como por ejemplo si se debía cesar a los miembros del Consejo cuando caduque su mandato o mantenerlos en funciones pero con las atribuciones muy limitadas, como prefería el PSOE y finalmente se ha registrado. En lo que ambos estaban de acuerdo es en cambiar el método de elección de los 12 de vocales del cupo de jueces para que no hagan falta tres quintos de las Cámaras (210 votos en el Congreso) sino mayoría absoluta (176), lo que facilitaría la renovación sin el PP. Para los otros ocho, los del cupo de juristas de reconocido prestigio, sí es imprescindible el PP, porque la Constitución fija esa mayoría de 3/5 para elegirlos y es inviable cambiarla.
La norma cambia pues la ley para regular expresamente qué puede hacer y qué no un Consejo en funciones y, entre las decisiones que quedarían vetadas una vez que venzan los cinco años de mandato, estaría la designación de cargos discrecionales, desde los presidentes de las audiencias provinciales y de tribunales superiores de justicia, a los magistrados o las presidencias de sala del Tribunal Supremo.
Con esta regulación, el Gobierno pretende evitar que se repita lo ocurrido con el gobierno de los jueces, que desde que en diciembre de 2018 se quedó en funciones ha designado más de medio centenar de cargos, entre ellos 13 magistrados del alto tribunal, que son plazas vitalicias. La última tanda de nombramientos, aprobada hace dos semanas después de que el Gobierno intentara frenarla, ha sido la que ha convencido a los socialistas de la necesidad de desactivar esta posibilidad para el futuro.
Con este cambio, se facilitaría la renovación de 12 de los vocales, por lo que ambos partidos planean que la reforma legal permita esta opción de renovación parcial del Consejo. Es decir, que el órgano pueda empezar a funcionar con 12 vocales o que estos convivan con los ocho antiguos.
La reforma de la LOPJ que impulsó en solitario el ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón en 2013 ya permite los relevos parciales, pero solo prevé que cada Cámara renueve por su cuenta a los 10 vocales que le corresponden. Ahora lo que estudian los socios de Gobierno es que las renovaciones también se puedan separar según el cupo de procedencia de los vocales.
PSOE y Unidas Podemos ya han sondeado a algunos grupos, que se han mostrado dispuestos a un cambio legal que facilite el desbloqueo del CGPJ. Entre ellos están la mayoría de los que hace tres semanas suscribieron una declaración a favor de la renovación que se hizo pública el pasado 27 de septiembre y en el que nueve grupos cargaban contra los partidos que bloquean el Consejo. El texto fue suscrito por el bloque que facilitó la investidura de Pedro Sánchez más Junts per Catalunya. En total, 187 escaños.
Consulte la proposición de ley. Pinche aquí si no visualiza el documento.
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