El Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó la madrugada de este lunes el decreto de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que amplía de 4 a 6 años el periodo del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, y de 5 a 7 años el de los miembros del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
La legislación entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario. En el artículo décimo tercero transitorio se lee:
“Con el fin de implementar la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación publicada en el Diario Oficial de la Federación de 11 de marzo de 2021 y las leyes reglamentarias a las que se refiere el presente Decreto, la persona que a su entrada en vigor ocupe la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal durará en ese encargo hasta el 30 de noviembre de 2024. Asimismo, el Consejero de la Judicatura Federal nombrado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 1 de diciembre de 2016 concluirá su encargo el 30 de noviembre de 2023; el Consejero de la Judicatura Federal nombrado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 24 de febrero de 2019 concluirá sus funciones el 23 de febrero de 2026; el Consejero de la Judicatura Federal nombrado por el Ejecutivo Federal el 18 de noviembre de 2019 concluirá el 17 de noviembre de 2026; las Consejeras de la Judicatura Federal designadas por el Senado de la República el 20 de noviembre de 2019 concluirán su encargo el 19 de noviembre de 2026; y el Consejero de la Judicatura Federal designado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 1 de diciembre de 2019 durará en funciones hasta el 30 de noviembre de 2026″.
La legislación, aprobada por el Pleno de la Cámara de Diputados el pasado 23 de abril, provocó una intensa polémica debido a la opinión de juristas y legisladores de que esta ampliación del periodo del presidente de la SCJN resulta contraria a la Constitución.
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Al respecto, Zaldívar se pronunció el 26 de abril en un artículo del periódico Milenio en el que señaló que el artículo transitorio que prorroga su mandato “no formó parte del proyecto elaborado por el Poder Judicial y fue una adición de último minuto, cuya constitucionalidad ha sido ampliamente puesta en duda”.
“Desde su inclusión en la minuta del Senado, se desató una ola de pronunciamientos que exigían de mi parte declaraciones condenatorias, deslindes inmediatos y confrontación. El último reducto de institucionalidad —afirmaban— dependía de que yo saliera a descalificar a los otros poderes. Pero en una democracia constitucional los conflictos entre poderes se dirimen a través de los mecanismos que la propia constitución establece para su defensa. Entrar en confrontación política, en el momento histórico que vivimos, limitaría mi capacidad para desempeñar la labor que me corresponde como cabeza del Poder Judicial, que es la de asegurar la fortaleza institucional necesaria para que los jueces y juezas de este país sean libres de hacer su trabajo con independencia y autonomía”.
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Y atajó: “Actuar al margen de los cauces constitucionales y satisfacer la sed de sangre de quienes ven en mí un instrumento de la política partidista haría un daño a la democracia y al Poder Judicial, que muchos no han dimensionado. Si mi principal preocupación fuera mi imagen pública y mi popularidad entre académicos y comentócratas, hace mucho que hubiera cedido a esos llamados. Nada hubiera sido tan taquillero como salir a denunciar una ruptura del orden constitucional. Pero mi conciencia no estaría tranquila, porque hacerlo iría en contra de mi deber y responsabilidad como juez constitucional y como Presidente de la Suprema Corte”.
“Seguramente me hubiera ahorrado los insultos y las sentencias irrevocables que me condenaban a la ignominia; quizá me hubiera cubierto de gloria saliendo a emitir condenas anticipadas. Pero hacerlo antes de la conclusión del procedimiento legislativo hubiera implicado interferir en la deliberación parlamentaria, frente a la cual los jueces debemos permanecer neutrales. Hacerlo ahora, implicaría adelantar mi criterio sobre la constitucionalidad de una ley que muy probablemente deberá ser juzgada por la Suprema Corte”, adelantó.
El pasado 287 de mayo, Zaldívar recordó a través de su cuenta de Twitter que la Corte no opina sobre la constitucionalidad de leyes o actos “fuera de procesos abiertos por acción de parte legitimada”. Apuntó que los jueces solo actúan dentro de un caso o de una controversia.
Todo analista político debería de saber que la SCJN no puede opinar sobre la constitucionalidad de leyes o actos fuera de procesos abiertos por acción de parte legitimada. Los jueces solo actuamos dentro de un caso o controversia. Esto es la esencia de la división de poderes.
— Arturo Zaldívar (@ArturoZaldivarL) May 27, 2021
La oposición anunció que presentará recursos ante la SCJN por la inconstitucionalidad de la reforma judicial. El líder del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, anunció que se sumará al Partido de la Revolución Institucional (PRI) y al Partido de la Revolución Democrática (PRD) para denunciar la norma ante la SCJN y en particular al artículo transitorio que incluye la ampliación del mandato de Zaldívar.
“Están concentrando poder de manera indebida, inconstitucional. Tienen una mayoría en la Cámara de Diputados y en el Senado, que desde el 97, 1997, ya nadie había tenido. Tiene mayoría en Cámaras, para reformas, para aprobaciones, y han abusado de ellas”, señaló el panista en una entrevista periodística.