El proyecto de Puerto Mayor, que pretendía convertirse en uno de los puntos de amarre más importantes en la ribera mediterránea de la Manga del mar Menor se autorizó en 1975, pero nunca se terminó y ha acabado siendo un esqueleto de pilotes de hierro herrumbrosos y maltrechos que sobresalen del mar en la bahía del Estancio. La infraestructura para unas 1.000 embarcaciones se paralizó en 2005 y así ha permanecido hasta ahora, envuelta en un galimatías jurídico y a la espera de que se tomara una decisión sobre su destino. En enero, el Ministerio para la Transición Ecológica inició la reversión de la instalación —que el Estado había cedido a Murcia en 1982— reprochando al Gobierno de Murcia que su inacción estaba paralizando los trámites y retrasaba la recuperación del lugar. Cuando el proceso finalice, el departamento de Teresa Ribera será el encargado de borrar cualquier rastro de los dos diques y de los pilotes que se extienden por 25 hectáreas y alteran “la dinámica litoral, el paisaje y la biodiversidad”, indica en un comunicado.
El recelo entre las dos Administraciones ha continuado a pesar de la decisión del Consejo de Gobierno murciano del 28 de enero de declarar la “innecesariedad de los terrenos de Puerto Mayor”, como le pedía el ministerio para continuar el procedimiento. Un paso del que no tienen ninguna constancia, asegura un portavoz ministerial. Si fuera así, y se hubiera renunciado a los fines portuarios, el siguiente paso sería la aprobación por el Consejo de Ministros de la reversión. El Ejecutivo de Fernando López Miras no se fía de las intenciones ministeriales y exige la creación de una comisión de seguimiento para evitar, dicen, “que el Estado vuelva a hacer dejación de funciones como ya ha ocurrido en la regeneración de la bahía de Portmán [donde una mina tiró hasta 1990 millones de residuos que sepultaron la playa y todavía está sin restaurar] o en el Plan de Vertido cero del mar Menor [con medidas para paliar los problemas de la laguna]”.
“Si no van a seguir adelante que lo quiten de una vez y podríamos pasar sin mirar hacia otro lado y disfrutar de una de las zonas más bonitas del Mediterráneo”, sostiene José Miguel Luengo, alcalde de San Javier, término municipal donde se asienta el inacabado puerto. La zona, conocida como Las Chapas, la usan barcos para refugiarse y pasar el día y “la imagen es de abandono y deterioro”. San Javier planteó en su día, realizar un replanteamiento del proyecto inicial con “un puerto de menores dimensiones aprovechando lo que se ha hecho y algún equipamiento educativo”. El regidor advierte que desmantelarlo provocará un impacto en la zona, porque hay espacios ganados al mar. “Lo tendrán que evaluar muy bien”. La Asociación de Vecinos de la Manga considera que se han perdido dos oportunidades. La primera, cuando no se mantuvo el entorno natural, y la segunda, al decidir no aprovechar el punto en el que se está ahora para construir un puerto integrado en la zona. “No el que se proyectó que era una desmesura”, concretan.
La restauración más rápida
Pedro García, director de la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE), que lleva años luchando contra la construcción de la infraestructura, mantiene, sin embargo, que quitar las tablestacas (pilotes) “es una tarea sencilla”, aunque hay una parte que se rellenó. “Es la obra de restauración del mar Menor que más rápidamente se puede hacer y que podría estar terminada antes de que acabe esta legislatura”, comenta. Así se recuperaría una línea de costa de entorno a un kilómetro y los arenales.
Cuando el Estado otorgó la concesión administrativa a Puerto Mayor en 1975, el proyecto incluía 1.800 viviendas, que se cayeron por el largo camino. El inicio de las obras se comenzó a retrasar y la empresa de Tomás Maestre pidió en 1980 la primera ampliación del plazo para ejecutarlas. El Gobierno Central se la concedió. Ocho años después, solicitó otra prórroga, que acabó en un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJM) que dio la razón a la empresa, pero que le impuso la reforma del proyecto y la realización de un estudio de impacto ambiental. El puerto siguió paralizado a la espera de que se cumplieran esas condiciones, hasta que en 2002 el director general de Calidad Ambiental de Murcia levantó la suspensión y se comenzaron a instalar las tablestacas, que ahora hay que eliminar.
ANSE solicitó la paralización de las obras al Gobierno regional porque no se había redactado el estudio ambiental y el organismo que había autorizado la continuación no era el competente, además de que consideraban que había caducado la concesión. No recibieron respuesta y la asociación decidió paralizar las obras en una acción conjunta con Greenpeace en enero de 2005. García considera que esa iniciativa propició que Cristina Narbona, entonces ministra de Medio Ambiente, impulsara un recurso ante el TSJM, que fue el que finalmente consiguió paralizar el puerto y declaró la ilegalidad de las obras. El Tribunal Supremo ratificó la sentencia. “Desde entonces hasta ahora el Gobierno regional ha ido dilatando la decisión para declarar la caducidad de la concesión que permitía edificar el puerto, porque quería retomar el proyecto según anunciaron con posterioridad”, añade el ecologista.
Finalmente, el Gobierno declaró el año pasado la finalización de la concesión que se otorgó en 1975, aunque la empresa ha recurrido la decisión ante el TSJM, además de reclamar una indemnización de 12 millones. “No olvidemos que la concesionaria ha tenido tiempo suficiente para cumplir con sus obligaciones concesionales y precisamente por no cumplir su parte es por lo que ha caducado la concesión”, responde a EL PAÍS un portavoz de la consejería de Fomento e Infraestructuras del Ejecutivo murciano.
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