La detención del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont a su entrada en la isla italiana de Cerdeña ha cogido a contrapié al político catalán fugado de la justicia. Como muchos, el hombre de Waterloo consideraba que la última decisión del Tribunal General de la Unión Europea suponía al menos la congelación de la orden de captura internacional dictada contra él por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena. Pero no era esa la interpretación que hacían el jueves por la noche fuentes del alto tribunal español, para las que esa orden seguía plenamente vigente.
Ese detalle jurídico tiene por supuesto toda la importancia. Porque de la conclusión a la que llegue en las próximas horas el tribunal sardo de Sássari acerca del dilema dependerá de si se ha tratado de una retención efímera, más o menos administrativa, a la espera de aclarar la viscosa situación; o bien de una detención en toda regla previa a la inminente entrega del prófugo al Estado español.
De modo que habrá que poner en sordina la contundencia de las reacciones políticas internas a la interceptación policial del expresident. Ni parece haber lugar definitivo a los aplausos procedentes de la derecha y el centroderecha. Ni tampoco a las airadas protestas de Junts per Cataluña (el movimiento exconvergente que formalmente preside Puigdemont), contra la “indignidad” del Estado tienen muchos visos de perdurabilidad: si la retención decae, habrá sido responsabilidad italiana; si se convierte en firme, y por tanto se traduce en entrega del detenido, ay, entonces, habrá capotado ante el poder del Estado que se creía decrépito, toda la literatura heroica previa.
Menos trascendencia parecen tener de momento las quejas de trámite vehiculadas por Esquerra: parecen entonarse más como una letanía ritual imprescindible, recuelo de años de aparente solidaridad indepe, que como contundente adscripción repentina de la “confrontación” con el Estado que pregonaba Junts y que despreciaba el republicanismo convertido a la vía pragmática y dialogante. Es más, probablemente algunos de sus dirigentes habrán sonreído en privado como secreto desquite a las burlas recibidas de sus colegas/rivales de Junts, según las cuales Puigdemont sería el más listo porque se escapó triunfante de las rejas, mientras que Oriol Junqueras pasó tres años en prisión.
Más allá de estos avatares menores entre los protagonistas de lo que un día fue el procés, algunos apostaban la noche del jueves a que el episodio sardo de Puigdemont reavivaría los rescoldos de la protesta radical; convocaría nuevos desórdenes públicos; y cercenaría las vías negociadoras entreabiertas por la mesa de diálogo reinaugurada por los presidentes Pere Aragonés y Pedro Sánchez.
No es tan seguro que los cansinos profetas de las catástrofes continuas acierten, tampoco esta vez. Porque aunque desde luego un Puigdemont esposado agitaría sentimientos y enturbiaría las aguas en trance de alcanzar la calma, el episodio se produce en medio de un intenso reflujo de la radicalidad. Lo balizó la menguante concurrencia a la manifestación de la Diada. Lo agravó la defección de los consejeros de Junts a la convocatoria de la mesa: nunca nada como ese incidente ha evidenciado de forma más clara que el conflicto más sonoro se produce actualmente no tanto en la dialéctica Cataluña-España, sino entre catalanes; y aún más, entre independentistas catalanes, que aprendieron a repartirse poltronas, pero no logran compartir una verdadera estrategia de gobernabilidad y negociación. Casi todo es posible en política, pero en la Cataluña del posprocés apenas caben ya las astracanadas.
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