El expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont, fugado en Bélgica, ha recusado al magistrado del Tribunal Constitucional Antonio Narváez porque considera que los términos en los que este se expresó en una conferencia pronunciada en noviembre de 2017 sobre “el problema catalán” revelan su falta de imparcialidad. Narváez afirmó en el Club de la Constitución de Granada que la “crisis” derivada de los hechos de septiembre y octubre de dicho año en Cataluña fue “un golpe de Estado encubierto, mucho más grave por sus consecuencias que el golpe de Estado que se dio en el año 1981”, con el asalto del coronel Tejero al Congreso de los Diputados.
La defensa de Puigdemont —a cargo del letrado Gonzalo Boye— sostiene que Narváez perdió con esas palabras pronunciadas en una conferencia “cualquier atisbo de imparcialidad”, un requisito que estima “imprescindible” en quien ha de conocer “de los recursos de amparo” contra “las resoluciones judiciales” dictadas en la causa del procés.
El objetivo de la recusación es apartar a dicho magistrado y que no pueda formar parte del tribunal que ha de resolver el recurso de amparo que Puigdemont tiene presentado contra el mantenimiento de la orden de detención dictada en su contra y que sigue vigente en España pese a su condición de eurodiputado. La tesis del expresident es que esa orden vulnera la prerrogativa de inviolabiliad parlamentaria derivada de su pertenencia al Parlamento Europeo.
Elogio al fiscal Maza
La recusación presentada por Puigdemont sostiene que Narváez comenzó su disertación mostrando “públicamente su simpatía por las querellas interpuestas por la Fiscalía General del Estado que dieron lugar en su día a la incoación de la causa especial” contra los líderes independentistas, luego juzgados por el Supremo. El conferenciante manifestó su “hondo reconocimiento” como “jurista y como español” a la figura de José Manuel Maza, fiscal general del Estado cuando se interpusieron dichas querellas.
Narváez, que procede de la carrera fiscal, atribuyó a Maza una “postura ejemplar” por su tarea “en un tema como era el de la iniciativa judicial y del ejercicio de la acción penal” ante el Supremo, la Audiencia Nacional y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
Con independencia del amparo pedido por Puigdemont, las consecuencias de la recusación contra Narváez pueden ir más allá. En primer lugar, por el momento en el que llega la iniciativa, cuando el también magistrado del Constitucional Fernando Valdés ha sido procesado por el Supremo por un presunto delito de violencia de género, lo que ha supuesto que el pleno del tribunal de garantías esté ahora integrado por 11 jueces, y no por 12. Y en segundo lugar porque la recusación de Puigdemont da pie a que el resto de líderes del procés independentista se sumen a la iniciativa, con el objetivo de que el Constitucional que resuelva sus recursos de amparo quede formado por sólo 10 magistrados; tres de ellos, además, con mandato caducado desde hace casi un año.
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