Jordi Pujol insiste en que el dinero que su familia escondió en Andorra —y que permaneció más de tres décadas oculto a Hacienda— no guarda ninguna relación con sus funciones como presidente de la Generalitat de Cataluña (1980-2003). El exmandatario nacionalista ha pedido así su absolución en la Audiencia Nacional y ha insistido en la versión que sostiene desde que confesó en 2014: que toda esa fortuna procede de un legado de su padre, Florenci Pujol, que mantenía en el extranjero debido a la “profunda inquietud”, “desasosiego” y “preocupación” que le generaba la carrera política de su vástago. “Con voluntad de asegurar y garantizar la estabilidad económica de su nuera y nietos, Florenci hizo saber a su hijo que constituía un depósito en el exterior para amortiguar futuras eventualidades”.
La familia Pujol, que se sentará en el banquillo por diversos delitos de corrupción, ha presentado este mediodía sus escritos de defensa, a los que ha accedido EL PAÍS. El escrito del expresidente catalán, de apenas tres folios, rebate la acusación de la Fiscalía Anticorrupción, que pide para él una pena de nueve años de prisión en el caso Pujol. Según la Fiscalía, Pujol “tejió una red de clientelismo” gracias a su posición política y se valió de empresarios afines a Convergència (CDC) para “repartirse cuantiosos beneficios” mediante concursos públicos que dependían de la Generalitat. Los miembros del clan, según la Fiscalía, ocultaban el dinero mediante “operaciones de blanqueo”.
“Nunca en el ejercicio de su alta función pública”, rebate la defensa, “torció Pujol su recto y digno ejercicio” ni actuó “por motivaciones económicas que favorecieran el interés particular o de sus hijos”. Sus palabras no resultan baladíes. Además de salir airoso del proceso penal, una de las preocupaciones del expresidente es cómo pasará a la historia. Pretende preservar su legado político del “borrón” —como lo ha llamado él mismo— de la fortuna andorrana. Pujol “jamás desplegó gestiones de invitación, incitación, sugerencia o influjo” sobre autoridades a su cargo, insiste su defensa.
Los abogados de Pujol reprochan a la Fiscalía que no haya presentado ni una sola prueba en sentido contrario. “No existe un solo ingreso en el patrimonio de sus hijos y esposa que tenga relación causal con un abusivo e ilegítimo ejercicio de su autoridad y potestades públicas”. Por otra parte, el clan mantiene que los presuntos delitos derivados de la ocultación de la herencia a Hacienda habrían prescrito o ya se regularizaron.
En 2020, el juez instructor José de la Mata procesó a toda la familia por diversos delitos. La decisión fue confirmada por la Audiencia Nacional el pasado abril. Y este junio, el sucesor de De la Mata, Santiago Pedraz, envió definitivamente al banquillo al clan, aunque archivó la causa abierta contra la mujer de Pujol, Marta Ferrusola, por su mal estado de salud. La Fiscalía dirige su acusación contra Pujol y sus siete hijos: solicita 29 años de cárcel para el primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, 14 para Josep y ocho para el resto (Pere, Oleguer, Oriol, Mireia y Marta).
El relato de los hijos
El clan Pujol mantiene un relato bastante uniforme, con el progenitor intentando salvaguardar su figura como expresidente y manteniendo distancias con los recovecos controvertidos de la causa. Por ejemplo, el padre no entra ni de pasada en uno de los aspectos que abordan todos sus hijos en sus escritos, en los que vinculan el origen del caso Pujol con la Operación Cataluña, la campaña de intoxicación informativa supuestamente gestada en el Ministerio del Interior por la llamada policía patriótica para, mediante supuestos informes policiales con graves acusaciones de corrupción, desacreditar a los principales dirigentes del independentismo catalán. “En ella destaca la intervención del comisario José Manuel Villarejo Pérez”, insiste la familia.
Jordi Pujol Ferrusola, para quien la Fiscalía pide la mayor pena de cárcel, reconoce en su escrito que supo de boca de su propio abuelo la existencia de la herencia, pero que otros hijos del presidente catalán lo desconocían hasta que en 1990 acuerdan entre todos que él asuma la gestión por ser el “hermano mayor”. Un relato que apoya la tesis de su padre y que niega que la fortuna se nutriese de “ingresos vinculados a la Administración Pública” conseguidos a través de la “influencia” del clan sobre funcionarios o autoridades públicas, como mantiene el ministerio público. Según alega el primogénito, que propone la declaración de más de 260 testigos en el juicio —incluido Villarejo—, la acusación no ha acreditado ninguna de esas presuntas injerencias e insiste en que sus negocios privados nada tienen que ver con la esfera pública de su familia.
“El acuerdo de confidencialidad no iba a quebrarse”
Oriol Pujol, quien fuera portavoz de Convergència en el Parlament y condenado ya a dos años y medio de cárcel por el caso ITV, descarga por su parte cualquier posible responsabilidad en su padre y su hermano Jordi. En el escrito de defensa, sus abogados no solo rechazan que el clan funcionara como una “asociación constituida para delinquir”, sino que piden la absolución de quien sonara como heredero de Artur Mas y señalan que todo comenzó con una reunión celebrada a principios de los noventa. Según su tesis, el entonces presidente de la Generalitat le comunicó la existencia de la herencia y “manifestó su voluntad de respetar las disposiciones [del abuelo Florenci] para proceder al reparto de los fondos” entre todos ellos.
“Con posterioridad, Oriol fue informado, también en el seno de la unidad familiar, de que sería su hermano Jordi Pujol Ferrusola quien se haría cargo de la gestión de ese patrimonio oculto, tomando el lugar de quienes habían ostentado con anterioridad esas funciones”, prosigue la defensa del exportavoz de CDC. En este sentido, Oriol Pujol insiste en que, “en ningún caso, participó en la generación o gestión de dichos fondos”. Y añade que en 2009 renunció a los mismos y que, entonces, procedió a cancelar la cuenta que tenía en Andorra a su nombre —según él, la única que ha tenido en el extranjero— y traspasar el dinero a su hermano. “Una vez aceptada la tenencia de fondos en el extranjero por parte de todos [los integrantes del clan], era evidente que el acuerdo de confidencialidad entre sus miembros no iba a quebrarse”, apostilla en su escrito.
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