Protesta en Lima el pasado 31 de enero.Antonio Melgarejo (EFE)
El Gobierno de Dina Boluarte le debe una respuesta a la ONU desde el pasado viernes. La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas envió una carta al representante de la Misión Permanente del Perú ante la ONU, el embajador Luis Juan Chuquihuara, donde se le pide que se la haga llegar lo más pronto posible a la ministra de Relaciones Exteriores, Ana Gervasi. En el documento, la institución expresa su profunda preocupación por la convulsión social que aqueja al Perú desde hace casi tres meses, pero sobre todo le solicita una rendición de cuentas a las autoridades.
“Hemos recibido información en relación al alegado uso excesivo de la fuerza, provocando un elevado número de muertes ilícitas, la supuesta utilización abusiva de los tipos penales de terrorismo en contra de las personas manifestantes y disidentes, detenciones supuestamente arbitrarias, un caso de desaparición forzada, estigmatización y violaciones al debido proceso en contra de los manifestantes”, dice el oficio que está suscrito por ocho relatores especiales encabezados por el togolés Clement Nyaletsossi, la irlandesa Mary Lawlor, y el español Pedro Arrojo Agudo.
En la carta se hace hincapié en el “uso desmedido de gases lacrimógenos, sobrepresencia de personal policial y militar, y agresiones”, así como en agentes infiltrados en las marchas. “La sociedad civil alega que es común que a las protestas acudan elementos de la fuerza pública vestidos de civiles que buscarían incitar a la violencia y justificar el accionar militar y policial para responder reprimiéndolas”. También se incluye un recuento de los fallecidos por los enfrentamientos y el bloqueo de vías en las distintas regiones del país, principalmente de la sierra sur como Ayacucho y Puno.
El documento recoge investigaciones periodísticas donde se asegura haber detectado restos de municiones de fusil AKM en los cuerpos de algunos fallecidos, así como perdigones metálicos, una munición prohibida, sobre todo si es disparada a corta distancia. De acuerdo al último informe de la Defensoría del Pueblo, se reportan 60 muertos, 1.301 civiles heridos y 580 policías con algún tipo de lesión.
Asimismo, se da cuenta del allanamiento a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en enero pasado, donde se detuvo a casi 200 personas, entre estudiantes y manifestantes; de las agresiones físicas y verbales a 60 profesionales de los medios de comunicación, de un caso de desaparición forzada, y de un “discurso oficial que señala estar en guerra y que califica a quienes protestan como enemigos o terroristas, lo que ha servido para justificar un actuar ofensivo por parte de las fuerzas armadas”.
“Subrayamos la obligación del Estado de llevar a cabo investigaciones exhaustivas, rápidas, eficaces, imparciales e independientes de todas las presuntas violaciones de derechos humanos cometidas por las autoridades policiales”, remarca la carta. En tal sentido, los relatores especiales solicitan se les proporcione información detallada sobre cada una de estas investigaciones en un plazo máximo de 60 días. Hasta el momento el Ejecutivo no se ha pronunciado.
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