La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha acusado este martes a Moscú de “chantaje” tras la decisión de la energética rusa Gazprom de cortar el suministro de gas a Polonia y Bulgaria. Von der Leyen ha asegurado que la UE ya estaba preparada para este escenario, con planes de contingencia a nivel nacional de los países afectados y con un compromiso de solidaridad por parte del resto. El corte de suministro a dos de los 27 socios confirma, según Bruselas, la voluntad del presidente ruso, Vladímir Putin, de utilizar el suministro energético como un instrumento más de su guerra contra Ucrania y de represalia contra los países que presten ayuda al Gobierno ucranio de Volodímir Zelenski.
Fuentes comunitarias sospechan que tras Polonia y Bulgaria podrían producirse nuevos cortes, sobre todo en la parte de Europa más directamente ligada a los gasoductos. El Kremlin estaría buscando resquebrajar la unidad que ha mantenido la UE desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania el 24 de febrero y que ha empezado a flaquear a medida que el conflicto bélico provocado por Moscú ha derivado en una guerra energética entre Rusia y Europa.
La excusa de Gazprom para cortar el gas a Polonia y Bulgaria ha sido la negativa de ambos países a pagar el suministro en rublos, tal y como había exigido Putin. El Kremlin pretende que los socios de la UE abonen sus importaciones en divisa rusa como vía para esquivar en parte las sanciones financieras europeas, que han golpeado a la cotización del rublo y han vetado el acceso de Moscú a buena parte de sus reservas monetarias en el extranjero.
Tanto la UE como los miembros del G-7 se negaron a ceder a las presiones rusas y mantuvieron sus pagos en euros o dólares, como estipulan los contratos suscritos con Gazprom. Moscú ofreció como alternativa la apertura de una cuenta en rublos en Gazprombank, una de las entidades rusas que no ha sido sancionada por Occidente, en la que depositar los pagos del suministro.
Hasta ahora no hay constancia de que ningún país de la UE haya aceptado esa fórmula, aunque fuentes de Gazprom, citadas por Bloomberg, han asegurado este miércoles que cuatro socios comunitarios habrían optado por esa vía, aunque no los han identificado. Austria, que podría ser uno de esos países, lo ha negado. “Antes de que se difundan más las noticias falsas de la propaganda rusa. OMV [la compañía energética austríaca] seguirá pagando en euros las entregas de gas procedentes de Rusia”, ha asegurado el canciller austriaco, Karl Nehammer, en un tuit.
Línea de flotación
Putin apunta a la línea de flotación de la unidad europea con un corte selectivo de dos países —Polonia y Bulgaria— que reciben de Rusia el 50% y el 75% de sus importaciones de gas, respectivamente. Von der Leyen ha asegurado que “los europeos pueden confiar en que actuaremos unidos y en total solidaridad con los países impactados por este nuevo desafío”.
Este mismo miércoles se ha reunido en Bruselas el llamado Grupo de coordinación del gas, del que forman parte las autoridades de los 27 países de la UE, reguladores, representantes del sector y de los consumidores. El objetivo es garantizar una respuesta unida a las amenazas y represalias energéticas de Moscú y dar cobertura a los países que puedan verse afectados por un corte del suministro.
Polonia consume al año unos 22.100 millones de metros cúbicos de gas, la cuarta parte que Alemania y algo menos que España (32.100 millones), según datos de la Comisión Europea. El consumo anual de Bulgaria ronda los 3.000 millones de metros cúbicos, de acuerdo con la misma fuente.
La Comisión Europea revisó a finales del año pasado los grupos de riesgo y en el relacionado con Ucrania figuran, además de Polonia y Bulgaria, otros 13 socios, con Alemania, Italia, Grecia o Rumanía entre ellos. Cada grupo constituye una plataforma destinada a ser la estructura básica de cooperación en caso de problema de suministro. Los países pueden ajustar los flujos transfronterizos de gas en caso de emergencia para garantizar que ningún país se queda sin suministro.
El Grupo de coordinación del gas ya analizó en su anterior reunión, el 29 de marzo, la amenaza que suponía la exigencia rusa de pagar el suministro en rublos. La Comisión insistió en la necesidad de mantener los pagos en euros o dólares porque de lo contrario equivaldría a ceder a una revisión unilateral de los contratos por parte de Rusia. El organismo comunitario se mostró entonces en contra de disparar las alarmas de suministro previstas en la legislación comunitaria para no dar la impresión de que los cortes eran inminentes y provocar así un alza de precios que beneficiaría a Moscú.
La escalada en la guerra energética entre Rusia y la UE, sin embargo, parece inevitable tras el primer corte de suministro de gas. Hasta ahora, cada parte graduaba y asestaba sus golpes con vistas a causar el mayor daño posible al adversario y los menores daños colaterales en el propio bando. Alemania bloqueó la apertura del gasoducto Nord Stream II nada más empezar las hostilidades en Ucrania y Moscú advirtió que podía cortar también el Nord Sream I aunque no ha cumplido esa amenaza.
Bruselas, tras muchas dudas, lanzó una nueva andanada a primeros de abril, con la suspensión de las compras de carbón ruso, un golpe de 4.000 millones de euros al año para las exportaciones rusas. Y la UE tiene ya sobre la mesa un embargo parcial y progresivo de las exportaciones rusas de petróleo como parte del sexto paquete de sanciones contra Moscú desde que inició en febrero la agresión contra Ucrania.
Las ventas de crudo forman el grueso de los ingresos de Rusia por las exportaciones energéticas de la UE, por las que obtiene unos 99.000 millones de euros al año. Y varios países, entre ellos Alemania, se han resistido a sancionar el petróleo por temor a que Moscú cortase el suministro de gas como represalia. Pero la espiral parece inevitable y apunta a una ruptura de los lazos energéticos entre la UE y Rusia mucho antes de lo previsto. Bruselas había propuesto reducir este mismo año en dos tercios la dependencia energética del club respecto a Moscú y darla por terminada totalmente en 2026. Un calendario que parece llamado a precipitarse tras la decisión de Gazprom de cerrar los primeros grifos y la previsible respuesta europea con un recrudecimiento de las sanciones.
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