El Kremlin ya tiene hora y lugar para rubricar la anexión de los territorios que el presidente Vladímir Putin dijo no querer conquistar el 24 de febrero, cuando lanzó su ofensiva sobre Ucrania. Su portavoz, Dmitri Peskov, ha anunciado que la ceremonia para la firma de los tratados de unión tendrá lugar en el Gran Palacio del Kremlin a las 14.00, hora peninsular española. “El presidente Putin hará una intervención de peso”, agregó su portavoz. La incorporación formal de las cuatro regiones ucranias se prevé para el martes 4 de octubre. Esta anexión viola la legalidad internacional y será reconocida solo por Rusia y una lista ínfima de países que no incluye ni siquiera a socios tradicionales de Moscú como Serbia o China.
En el acto del viernes estarán presentes las autoridades impuestas por Moscú en los territorios de las cuatro provincias ocupadas, quienes hablarán en privado con Putin, según Peskov. Además de estos actos, el Kremlin ha organizado en paralelo un mitin en el centro de Moscú para respaldar con una multitud su anexión. “Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, ¡Rusia!”, puede leerse en el cartel del escenario que está siendo montado en la Plaza Roja.
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En respuesta al anuncio de Kremlin, el presidente ucranio, Volodímir Zelenski, ha convocado para el viernes una reunión de urgencia del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional de Ucrania, según ha confirmado Serhiy Nikiforov, portavoz de la presidencia ucrania. Mientras, Putin mantuvo una reunión este jueves con los jefes de los servicios de seguridad de la Comunidad de Estados Independientes (CEI), formada por nueve antiguas repúblicas soviéticas. “Sabemos que Occidente elabora planes para incitar nuevos conflictos en el espacio de la CEI. Ya tenemos suficientes, basta con mirar lo que sucede entre Rusia y Ucrania, y en las fronteras de otros países de la comunidad”, afirmó Putin, quien remarcó una vez más su preocupación por el área de influencia rusa: “Todo esto es el resultado del colapso de la URSS”.
Las administraciones militares de los territorios ucranios ocupados han llevado a cabo referendos durante cinco días, en un contexto bélico y tras la huida de miles de ciudadanos de sus hogares. Las autoridades separatistas han informado de un apoyo de entre el 87% y el 99% a la anexión a Rusia, datos que ningún organismo o fuente independiente ha podido corroborar debido a la ausencia de garantías democráticas en la celebración.
El portavoz de Putin insistió en diferenciar el discurso que el presidente dará el viernes en el Kremlin con el que tiene previsto dar en el Parlamento. “Es importante no confundirlos; será un formato diferente. El discurso presidencial ante la Asamblea Federal se llevará a cabo más adelante”, subrayó Peskov. Este acto tendrá lugar la próxima semana. El presidente de la Duma Estatal, Viacheslav Volodin, afirmó que la Cámara baja celebrará una sesión extraordinaria el lunes 3 de octubre, mientras que el Senado abordará la anexión el martes.
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“El Consejo de la Federación (la Cámara alta) solo puede considerar la incorporación de nuevas regiones a Rusia después de la firma de los acuerdos pertinentes, lo que se hará en la próxima sesión del 4 de octubre”, escribió en Telegram el jefe del Comité del Senado sobre legislación constitucional y construcción del Estado, Andréi Klishas.
Ninguna de las cuatro provincias ucranias que el Kremlin quiere anexionarse están controladas totalmente por Rusia. Lugansk, que Moscú consideró tomada en verano, es ahora escenario de uno de los frentes del contraataque ucranio, y gran parte de las demás está bajo el control de Kiev. Sin embargo, el Kremlin asegura que su objetivo es conquistar la totalidad de Donetsk y Lugansk “como mínimo”.
Movilización parcial
Lejos de sus metas y presionado por el contraataque de Kiev, el presidente Putin ha decretado para ello una movilización parcial que ha causado conmoción en su población. Miles de civiles de todas las edades y sin experiencia militar han sido llamados a filas, pese a que el presidente y su Ministerio de Defensa prometieron que solo llamarían a reservistas profesionales con un límite de 35 años de edad para los soldados y de 45 para los oficiales.
“Ha habido errores, pero lo importante es que están siendo corregidos rápidamente”, respondió este jueves Peskov sobre la polémica que ha provocado el llamamiento en parte de un país cuyos ciudadanos hasta ahora habían aprobado la guerra porque no los afectaba directamente. El portavoz del Kremlin remitió a los rusos al Ministerio de Defensa para informarse de los criterios para ser o no movilizados, pues en su opinión “estos departamentos funcionan perfectamente y están siendo actualizados constantemente”.
Peskov confirmó asimismo las restricciones parciales para salir del país. La organización de abogados Ágora ha difundido varias notificaciones oficiales a personas que querían abandonar Rusia en las que el comisariado militar lo impedía por entrar dentro del grupo de varones movilizables.
Entre ellos podrían figurar los extranjeros con doble nacionalidad. La web de Defensa aclaró este jueves que si un ciudadano ruso “sirvió antes en las Fuerzas Armadas de otro país, es reservista en Rusia y tiene una especialidad laboral [aplicable al ámbito] militar, puede ser movilizado”. Un día antes, las embajadas de Estados Unidos y varios países europeos habían urgido a estos ciudadanos a abandonar el país ante el riesgo de ser reclutados.
Por otra parte, el Ministerio de Defensa ruso ha exigido a las empresas tecnológicas y de telecomunicaciones que paguen a sus trabajadores movilizados “un monto de al menos el 80% de sus salarios o varios sueldos a la vez”, así como seguros a sus familiares. Esta remuneración se uniría a los pagos del propio ejército, que prometió ofrecer las mismas condiciones de sus soldados profesionales a los movilizados. Parte de los ingenieros informáticos han sido eximidos de ir al frente, pero sus conocimientos son una de las principales demandas de las Fuerzas Armadas
El portavoz de Putin también instó a realizar una investigación internacional de las explosiones registradas en el gasoducto Nord Stream. “Esta es una situación extremadamente peligrosa que requiere una investigación urgente”, afirmó en su rueda de prensa diaria, donde tildó el suceso como un “acto terrorista de Estado”.
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