Los enemigos de Rusia “se arrepentirán”. El presidente ruso, Vladímir Putin, ha prometido este miércoles que quienes crucen las “líneas rojas” de Rusia recibirán una respuesta “asimétrica, rápida y dura”. En su discurso sobre el estado de la nación, centrado en la política interna y en la economía, pero también ribeteado de amenazas contra Occidente, el líder ruso ha advertido de represalias si Rusia se ve obligado a defender sus intereses. “Los organizadores de cualquier provocación que atente contra los intereses fundamentales de nuestra seguridad se arrepentirán de una forma que no han lamentado durante mucho tiempo”, ha aseverado ante un salón lleno de miembros del Gobierno, parlamentarios, líderes religiosos y personalidades de la órbita del Kremlin. Amenazas sonoras mientras Rusia ha desplegado en las fronteras con Ucrania un mayor contingente de soldados y armas incluso que en 2014.
Putin no señaló a ningún país y remarcó que será Rusia quien señale, en cada caso, dónde están esas “líneas rojas”. Y aunque remarcó que no quiere “quemar puentes” y sí “tener buenas relaciones con todos los participantes de la sociedad internacional”, también subrayó que los arsenales de nuevas armas nucleares de Rusia han aumentado y están listos y que pronto se les sumarán su dron submarino Poseidón y el misil de crucero Burevestnik.
En su discurso ampliamente esperado, con Ucrania, la Unión Europea y la OTAN en alerta por el despliegue de tropas y el temor a un posible movimiento geopolítico, y su crítico más feroz, Alexéi Navalni, en la cárcel y enfermo, Putin ha cargado contra el “tono egoísta y arrogante de Occidente” y le ha señalado por sumar a las sanciones “toscos intentos de imponer su voluntad a otros por la fuerza”.
Ante una sala en la que, pese a que son obligatorias por la pandemia de coronavirus, las mascarillas eran muy escasas, el líder ruso ha ido un paso más allá y ha acusado a Occidente de organizar lo que ha definido como un intento de golpe de Estado en Bielorrusia que incluía, ha dicho, el asesinato del presidente, Aleksandr Lukashenko. “La práctica de organizar golpes de Estado, planes de asesinatos políticos, incluidos los de altos funcionarios, ya es demasiado”, ha remarcado Putin, que ha mencionado Venezuela y a Nicolás Maduro, y al ucranio Víktor Yanukovich, que huyó del país a Rusia en 2014 empujado por una gran movilización ciudadana proeuropea y contra la corrupción que terminó derivando en la anexión de la península Ucrania de Crimea por parte de Rusia mediante un referéndum ilegal y en la guerra del Donbás, donde Moscú apoya militar y políticamente a los separatistas prorrusos. “Ya se han cruzado todas las fronteras”, ha dicho Putin.
Es inquietante la mención del supuesto golpe de Estado, que se produce unos días después de que los servicios secretos rusos (FSB) y los bielorrusos (KGB) detuvieran en Moscú a algunos de los supuestos cabecillas de la asonada; entre los acusados, el politólogo Aleksandr Feduta, su antiguo portavoz cuando llegó al poder, en 1994, que después se convirtió en opositor. El resonante respaldo de Putin a Lukashenko, que reprime las protestas por la democracia en Bielorrusia desde el verano, no solo implica que Bielorrusia está girando ya inexorablemente hacia Moscú, sostiene Maxim Samorukov, del centro Carnegie de Moscú; también puede suponer un paso geopolítico clave más en el acuerdo sobre la unión de ambos países.
Este jueves, Putin y Lukashenko se reúnen en Moscú y el líder bielorruso ha avanzado que tras ese encuentro anunciará “una de las decisiones más importantes” de su presidencia, que supera un cuarto de siglo; un comentario que ha disparado la especulación de los analistas.
Putin ha evitado mencionar Ucrania. Tampoco ha hablado del conflicto del Donbás. Y tampoco la propuesta que le lanzó el martes el presidente ucranio, Volodímir Zelenski, de encontrarse en esa región ucrania, que vive una guerra desde hace siete años que ha costado la vida a unas 14.000 personas, según la ONU.
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Con los ojos puestos en las elecciones parlamentarias de septiembre y ante el creciente descontento social por la pérdida de ingresos reales en Rusia, que han caído un 11% desde 2013, Putin ha centrado su discurso en temas sociales y económicos; también elogió la respuesta rusa a la pandemia de coronavirus y ha pedido a la ciudadanía que se vacune: pese a que Rusia fue el primer país en registrar una vacuna, la Sputnik V, autorizada ya en más de 60 países y que se ha convertido en una potente herramienta geopolítica, solo un 6% de los rusos se la ha puesto.
El líder ruso ha anunciado también una lluvia de ayudas para ganarse el apoyo de los rusos, que sufren por el gran aumento del precio de los alimentos básicos. Estarán destinadas a apoyar fundamentalmente a las familias con hijos para quienes prevé una ayuda de unos 110 euros a pagar en agosto, 61 euros para las familias monoparentales y un pago mensual de 64 euros a las “futuras madres en dificultades”. Medidas, ha comentado después Dmitri Medvédev, su antiguo primer ministro y líder de Rusia Unida (el partido del Gobierno), que serán las líneas maestras de su programa electoral para los comicios de septiembre.
Y mientras Putin iba desgranando sus anuncios y cargaba contra Occidente, las protestas en apoyo al opositor Navalni se iniciaban en varias ciudades del Lejano Oriente ruso que por su huso horario han dado –muy tímidamente— el pistoletazo de salida a las movilizaciones para exigir la liberación del líder opositor, que tendrá que cumplir dos años y ocho meses de condena por violar los términos de la libertad condicional de una sentencia antigua (y polémica) mientras estaba en Alemania recuperándose del envenenamiento del verano pasado en Siberia que casi le cuesta la vida y tras el que Occidente ve la mano del Kremlin.
En los últimos días, mientras va aumentando la preocupación por la salud del opositor, en su tercera semana en huelga de hambre para reclamar que le vea un médico de su elección, Rusia ha agudizado la represión contra los aliados de Navalni con nuevos registros y detenciones y la amenaza de declarar su fundación y sus sedes políticas como organizaciones extremistas. Las autoridades han advertido que aplastarán las manifestaciones no autorizadas, como lo hizo el pasado enero, cuando el activista anticorrupción fue arrestado nada más regresar a Moscú desde Berlín. Antes incluso de empezar las protestas en Moscú y San Petersburgo, la policía había detenido a más de un centenar de personas, pese a que las movilizaciones no fueron nutridas.
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