El Parlamento de Marruecos, institución que suele permanecer en segundo plano, se ha convertido en punta de lanza del Estado contra las críticas que le llegan desde la Eurocámara tras el estallido del Qatargate, en el que el Rabat se ha visto también involucrado. El Parlamento de Estrasburgo aprobó el mes pasado una votación de condena al país magrebí por el deterioro de los derechos humanos —centrada en la libertad de prensa, con varios periodistas encarcelados— y su presunta implicación en la trama de corrupción catarí. Los eurodiputados reclamaron además que se detenga el espionaje a los informadores a través del polémico programa Pegasus, de fabricación israelí.
Marruecos lo niega todo. En una inusual sesión, la sede del poder legislativo en Rabat fue escenario la semana pasada de una conferencia en la que parlamentarios, juristas, expertos y peritos informáticos rechazaron las acusaciones procedentes de Europa. “Nuestro país sufre acciones hostiles en el Parlamento Europeo que nos han obligado a revisar las relaciones”, advirtió el presidente de la Cámara de Representantes, Rachid Taibi el Alami, al referirse a la resolución adoptada el 23 de enero junto con la Cámara de Consejeros. “Esa campaña prosigue ahora con antiguas alegaciones de espionaje a dirigentes extranjeros”, dijo en alusión al sistema Pegasus. Con ese programa troyano se infectó un móvil del presidente de Francia, Emmanuel Macron. El teléfono del jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, también sufrió intrusiones de Pegasus en 2021.
”No hay ninguna prueba, ningún elemento técnico que apoye las acusaciones fantasiosas vertidas contra Marruecos”, remachó en una intervención grabada en vídeo Olivier Baratelli, abogado francés contratado por el Gobierno de Rabat para dirigir su equipo de defensa ante los tribunales de París. “Hay que ser muy prudente con el informe de Amnistía Internacional [en el que se revelaron las presuntas implicaciones de Marruecos en el espionaje a móviles]”, alertó también David Zenaty, experto acreditado ante el Tribunal Penal Internacional y perito informático de parte presentado por el letrado Baratelli ante el Tribunal de Casación de París. Su dictamen forense establece que Pegasus “utiliza una técnica especial para enmascarar el origen del servidor, como en el internet oscuro (…) y esa información solo se puede obtener del servidor de NSO [la empresa israelí creadora y comercializadora del programa]”.
El consorcio de periodistas Forbidden Stories y la ONG Amnistía Internacional revelaron en 2021 que 50.000 números telefónicos habían sido identificados como objetivos desde 2016 por clientes de NSO que adquirieron el sistema Pegasus, entre los que se citaba a los Estados de Marruecos, México, Hungría, la India o Arabia Saudí. Según esas revelaciones, uno de ellos es el periodista marroquí Omar Radi, condenado a seis años de cárcel bajo la acusación de espionaje y de atentar contra la seguridad del Estado, además de violar a una redactora de su medio. También se mencionaba al periodista español Ignacio Cembrero, veterano especialista en el Magreb.
El ministro de Exteriores marroquí, Naser Burita, denunció el mes pasado en Rabat en presencia del jefe de la diplomacia de la UE, Josep Borrell, el “acoso judicial y mediático” que sufre su país por parte de “personas y estructuras molestas por el reforzamiento del liderazgo [internacional] de Marruecos”. El propio Burita ha explicado la respuesta planteada por su Gobierno: “Todo aquel que vierta acusaciones contra Marruecos deberá presentar pruebas o asumir una denuncia por calumnia ante los tribunales”. Además de querellarse contra Amnistía Internacional y Forbidden Stories, Rabat ha denunciado por difamación a una decena de medios franceses, como Le Monde, L´Humanité, Radio France o el portal digital Mediapart. Hace un mes, el periodista Cembrero, cuyo nombre fue citado durante la conferencia parlamentaria celebrada en Rabat, tuvo que comparecer ante un juzgado de Madrid para afrontar una demanda civil interpuesta por Marruecos.
En la sala de la Comisión Constitucional del Parlamento marroquí se habló de casi todo. Del Sáhara Occidental, de la reforma constitucional de 2011, de los derechos humanos, de espionaje y brechas informáticas, de torres de telefonía “gemelas diabólicas” (para infectar móviles), de protección de datos, de igualdad de género, de libertad de expresión… Pero, sobre todo, el debate sirvió para negar la mayor frente a todas las argumentaciones en su contra. El mensaje de advertencia se ha convertido en un mantra: Marruecos ha cambiado.
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SuscríbeteMiembros de las dos cámaras marroquíes, durante la sesión conjunta celebrada el pasado 23 de enero en Rabat. – (AFP)
El canciller Burita se ocupa de recordárselo a los visitantes diplomáticos: “Marruecos ha reforzado su despliegue internacional y ha diversificado sus alianzas”. Se refería a la creciente proyección política y económica marroquí en África, a la normalización de relaciones con Israel (culminada por un acuerdo de cooperación militar), al reconocimiento por Estados Unidos de la soberanía sobre el Sáhara Occidental y al reciente giro sobre el Sáhara favorable a sus intereses dado por países europeos como Alemania y España.
Francia, cuya mano cree ver Rabat tras la votación de condena en la Eurocámara, empieza a sufrir las consecuencias del desencuentro. La prevista visita oficial del presidente Macron en los primeros meses de este año se ha pospuesto sin fecha determinada. El boletín oficial de Marruecos acaba de publicar el cese de Mohamed Benchaabun como embajador en París tras haber sido nombrado por el rey Mohamed VI para un alto cargo hace cuatro meses, en una decisión que deja de hecho vacante la dirección de la legación diplomática en la que fue la metrópoli colonial.
El portavoz del grupo socialista de la Cámara de Representantes, Abderrahim Chaid, dirigió precisamente sus invectivas al “lenguaje colonial de los eurodiputados” que, según remachó en su intervención en la conferencia de Rabat, emana con “aire de superioridad” desde la Eurocámara. La resolución del hemiciclo de Estrasburgo —adoptada por 356 votos a favor, 32 en contra (incluidos los de 17 socialistas españoles) y 42 abstenciones—, expresó la preocupación europea “por las sospechas de que responsables marroquíes hubieran intentado sobornar a eurodiputados” y vetaba la presencia de representantes del país magrebí en las sedes del Legislativo europeo, al igual que lo acordado con los representantes cataríes.
Mayoría aplastante en respuesta a la Eurocámara
La unanimidad es aplastante en el Parlamento en la respuesta a la Eurocámara. Ambas Cámaras marroquíes han creado una comisión especial para “reevaluar las relaciones con el Parlamento Europeo”. Apenas se han escuchado voces en los escaños de Rabat en defensa de los periodistas críticos y activistas disidentes detenidos en Marruecos. Los eurodiputados también habían cuestionado el uso “indebido” de las acusaciones de agresión sexual para encausar a informadores.
Una coordinadora de organizaciones marroquíes, la Instancia Nacional de Apoyo a Detenidos de Opinión y Víctimas de la Violación de la Libertad de Expresión, ha reclamado la liberación de personas arrestadas “arbitrariamente”. Entre ellas figuran los periodistas Omar Radi (condenado por espionaje y violación a seis años de cárcel), Tofik Buachrin (15 años) y Suleiman Raisuni (cinco años). También incluye a Naser Zefzafi, el líder de las revueltas sociales que estallaron en el Rif (norte de Marruecos) en 2017, sentenciado a 20 años de prisión.
El exministro marroquí y político de oposición Mohamed Ziane, de 80 años y que cuenta también con nacionalidad española, permanece encarcelado desde el pasado noviembre tras ser condenado a tres años de prisión. Expresidente del Colegio de Abogados de la capital de Marruecos y letrado defensor de algunos de los presos antes citados, fue acusado de 11 cargos, como los de insulto a las instituciones y adulterio.
El pasado mes de septiembre, Ziane difundió un vídeo en las redes sociales en el que criticaba “la ausencia de Mohamed VI” de Marruecos —el soberano pasa periodos prolongados de tiempo en el extranjero— por desentenderse presuntamente de los asuntos del reino, y proponía la abdicación del monarca alauí en favor de su hijo, el príncipe heredero Mulay Hassan.
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